En 2014 un grupo de víctimas formó por primera vez en la Argentina la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, que logró ese mismo año llegar hasta el Vaticano, donde Julieta Añazco, una víctima de abuso, llevó en persona una carta al papa Francisco para “ponerlo en conocimiento” y a la espera de que “tome medidas para juzgar al responsable”, aunque hasta hoy no obtuvo respuesta.“La complicidad de algunos miembros de la Iglesia es alarmante, nos dimos cuenta después de varios años de trabajo que todo es tan perverso que cuesta creerlo. Creo que eso tuvo mucho que ver con que me enfermara, hace poco me diagnosticaron fibromialgia y siento que ya no tengo las mismas fuerzas para luchar”, dijo Añazco a Télam.En aquella carta “también se le pidieron explicaciones al Arzobispado de La Plata sobre la protección que le brindaron al sacerdote acusado luego de que otras víctimas también lo denunciaran por hechos similares”, comentó a Télam Estefanía Gelso, integrante del Colectivo de Abogados Populares La Ciega y representante legal de Añazco.Se trata del cura Héctor Giménez, quien por la década del ’80 se desempeñaba en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús y dirigía campamentos de verano en la localidad bonaerense de City Bell.A los 40 años, Julieta pasó frente a la iglesia y recordó, de repente, los abusos que había sufrido de chica: “Yo digo que me desperté porque recordé al cura, a los abusos”, contó a Télam.Desde ese momento comenzó su lucha para que Giménez fuera juzgado y para que otras víctimas se animaran también a denunciar. En 2013 se presentó como particular damnificada y la causa se abrió en la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial de La Plata. Revisando el archivo judicial, encontró dos causas contra el mismo cura, que datan del ’85 y el ’96, iniciadas por madres de otras chicas y chicos abusados.Recientemente Télam se acercó al Hogar Marín, en La Plata, donde se suponía que podía estar “refugiado” Giménez. Y efectivamente fue visto caminando por los jardines del lugar, aunque no se le permitió a los periodistas ingresar ni tomar contacto con él.“Confirmar que Giménez está ahora refugiado en el Marín me da bronca e impotencia, porque sigue en contacto con niños y acompaña en las misas”, dijo Añazco.Y agregó entre lágrimas: “Las cifras que relevaron son alarmantes. La verdad es que ya no me sorprende nada. Ya lloré mucho, me decepcioné mucho y me di cuenta de cómo funciona todo esto. Nos sentimos estafados cada vez que un caso aparece, porque muchos de nosotros seguimos siendo católicos y eso nos genera mucha angustia”.Por su parte Carlos Lombardi, abogado de la Red y especialista en derecho canónico, señaló en diálogo con esta agencia que la investigación realizada “es la punta del iceberg, porque la mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso”.“Las sanciones canónicas son una proyección del sistema jurídico de la Iglesia, que es contrario a los derechos humanos. Eso significa que, al contrario de lo que sucede en el derecho penal del Estado, las penas son indeterminadas, no están fijadas en el código canónico”, afirmó.Y completó: “Es muy raro que la Iglesia expulse a los abusadores. En la práctica, la máxima sanción es recluir al sacerdote, mandarlo a un monasterio a rezar o hacer vida de contemplación. Eso, para las víctimas, es un insulto e implica una nueva revictimización”.Para Añazco, la única motivación para seguir adelante es “el futuro de nuestros niños”.“Eso es lo único que nos motiva. Seguimos luchando para que a ellos no les suceda y para que las familias estén alertas. Es cierto que no todos los curas son abusadores, pero tampoco son casos aislados”, concluyó.
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