Domingo 24 de Junio del 2018

     




¿Por qué?

16/07 12:00

El miércoles pasado, el expresidente Lula Da Silva, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión, por corrupción pasiva y lavado de dinero. Esta es la primera condena que recae sobre él. Aunque tiene otras cuatro causas penales pendientes aún es uno de los políticos más populares del país. Pág. 2

          

La sentencia del juez federal Sergio Moro se da en el marco del operativo “Lava Jato” (autolavado, en portugués), la gigantesca trama de corrupción que rodeó a la petrolera estatal Petrobras y salpicó a políticos y poderosos empresarios de Brasil.


Esta es la primera condena de Lula, quien fue presidente de Brasil de 2003 a 2010 y todavía es uno de los políticos más populares del país.

El exmandatario, que tiene otras cuatro causas penales pendientes, ahora tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.

Además, como se trata de una sentencia que no es firme hasta que se resuelva la apelación, Lula conserva la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones en octubre de 2018. El exmandatario, de 71 años, siempre negó los cargos y se considera víctima de una caza de brujas.

¿Por qué delitos lo condenaron?

Lula fue condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En concreto, el expresidente fue hallado culpable de aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras. El juez consideró que Lula, como encargado de nombrar a los directores de Petrobras, tenía “un papel relevante en la trama criminal” de lo que en Brasil se conoce como Lava Jato, la red de corrupción por la que grandes empresas se pusieron de acuerdo para repartirse los multimillonarios contratos de Petrobras sobornando a políticos y funcionarios de la petrolera. Según la sentencia de Moro, el de Lula fue “un delito complejo que implicó la práctica de diversos actos en momentos diferentes”.

El pago fue destinado a reformar y amueblar un apartamento de tres pisos de lujo (tríplex) en la localidad costera de Guarujá, en  Sao Paulo. Si bien el inmueble figura como propiedad de OAS y Lula niega ser el dueño, Moro llegó a la conclusión de que el apartamento era del expresidente.

¿Por qué no va a prisión?

El juez dictaminó que Lula “podrá presentar su apelación en libertad” sin tener que ir a la cárcel, a diferencia de otros condenados en el marco del “Lava Jato” contra los que Moro sí que decretó detención o prisión preventiva.

“Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se espere a la decisión de la corte de apelación antes de imponer las consecuencias propias de la condena”, indicó el juez.

Es decir, Moro decidió no mandar a prisión a Lula hasta que se resuelva la apelación a la que tiene derecho y la razón esgrimida por el juez es que encarcelar a un expresidente puede provocar “ciertos traumas”.

De hecho, esta es la primera vez en la historia de Brasil que un exmandatario es condenado por corrupción.

El Tribunal Regional Federal será el encargado de rever la apelación. Dicho tribunal suele tomarse un año para analizar las apelaciones, por lo que es posible que la decisión judicial llegue en la víspera de la elección presidencial de octubre de 2018.

¿Qué dicen Lula y su defensa?

“Prueben que soy corrupto e iré caminando a la cárcel”, había dicho Lula sobre el proceso judicial. Más de tres años después de la primera acusación en su contra, el exsindicalista sigue negando los cargos.

“Lula es inocente. Por más de tres años Lula ha sido sujeto de una investigación con motivaciones políticas. No se encontró ninguna evidencia creíble de culpabilidad y las abrumadoras pruebas de su inocencia fueron ignoradas”, se leía en un comunicado emitido este miércoles por sus abogados, Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins.

“Probaremos la inocencia de Lula en cortes judiciales que no tengan sesgo, incluyendo Naciones Unidas”, agregaron.

En la tarde del miércoles último los letrados de la defensa ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que la condena que recibió el líder político es “especulativa” y que las pruebas que demostraban su inocencia fueron “ignoradas” y tratadas de manera “superficial” por el juez Moro.

“La defensa viene a manifestar la más profunda indignación con la aprobación de una condena que desprecia las pruebas de inocencia que se habían anexado al proceso”, dijo Zanin Martins desde Sao Paulo. “La sentencia, de 692 párrafos, dedicó solo cinco para la prueba que la defensa hizo sobre la inocencia”, resaltó el abogado.

Sobre el apartamento en Guarujá, por ejemplo, Lula dijo en el pasado que nunca pensó en comprarlo porque, en tanto figura pública, no podría nunca salir a disfrutar de la playa.

No obstante, después de la muerte de su esposa, Marisa Letícia, en febrero de este año, Lula afirmó que ella había considerado comprar el apartamento como inversión.

Según Moro, la defensa del expresidente hizo “una aparente tentativa de transferir la responsabilidad a la fallecida Marisa Letícia”, cuando “es evidente que se trataba de una iniciativa común de la pareja”.

¿Qué significa la sentencia para las aspiraciones presidenciales de Lula?

A pesar de estar bajo investigación, Lula goza de gran popularidad en Brasil. Tal es así que recientemente había anunciado su intención de volver a ser candidato a la presidencia en las elecciones de octubre de 2018.

No obstante, si el Tribunal Regional Federal confirma la condena, Lula podría resultar inelegible.

Dicho tribunal suele tomarse un año para analizar las apelaciones, por lo que es posible que la decisión judicial llegue en la víspera de la elección presidencial.

Según la bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, Lula “sufre una persecución judicial sin paralelo”.

“Está en curso una de las mayores manipulaciones de las que se tiene noticia por cuenta de su trayectoria política y por haber sido el mejor presidente de Brasil”, señala un comunicado de la bancada del partido de Lula.

Por su parte, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff afirmó que su antecesor y padrino político es “inocente” y que “el pueblo lo rescatará en 2018”.

¿Qué es el operativo “Lava Jato”?

La de Lula es la última de las múltiples condenas emitidas en el marco del escándalo desatado en torno a la petrolera estatal Petrobras y que comenzó casi por casualidad en una gasolinera de Brasilia.

Fue en marzo de 2014, cuando la Policía Federal descubrió que, además de las bombas de combustible, el minimercado y la cafetería, en la estación había una casa de cambio que se usaba para lavar dinero.

Poco después se descubrió la relación de la trama con Petrobras.

Algunos de los que ya estaban siendo acusados empezaron a delatar a otros implicados a cambio de beneficios penales.

El escándalo fue salpicando a autoridades y empresarios hasta provocar uno de los mayores terremotos políticos del país.

Los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.

A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.

Así, la operación “Lava Jato” acaba de resultar en la condena de quien fuera uno de los políticos más populares del mundo.

Y está lejos de haber terminado.

Fuente: bbc.com

Otras causas

Instituto Lula: En la acción penal, también a cargo del juez Moro, el expresidente es acusado de haber recibido 12 millones de reales de Petrobras para comprar un terreno donde sería construido un inmueble destinado al Instituto Lula. El terreno fue comprado por la DAG, una proveedora de Odebrecht. La transferencia finalmente se frustró, pero según la Fiscalía, prueba que el PT tenía “una cuenta corriente informal de la corrupción” con Odebrecht y que el delito consumado está configurado por la simple propuesta y la aceptación del soborno. El instituto niega cualquier irregularidad. La denuncia sostiene que Odebrecht también habría pagado un apartamento contiguo al que habita Lula en San Pablo y que una tercera persona se lo alquiló como maquillaje a su exesposa: “Hay indicios de que, de hecho, es del expresidente Lula, que lo habría recibido, según la denuncia, como un soborno del Grupo Odebrecht”, afirma la denuncia.

Obstrucción de la Justicia: El petista fue acusado de haber presionado para comprar el silencio de Néstor Cerveró, exdirector de Petrobras. Según la acusación, el hijo del empresario José Carlos Bumlai fue quien intermedió los recursos que llegaron a las manos de la familia Cerveró. Junto con el prominente banquero André Esteves (expresidente del BTG Pactual), Bumlai y el exsenador del PT, Delcidio do Amaral, Lula habría intentado callar a Cerveró, que se aprestaba a firmar un acuerdo con la Justicia y proporcionar detalles sobre el funcionamiento del esquema de sobornos en la estatal.

Tráfico de influencias: Lula está implicado en el proceso que involucra el tráfico de influencias para la liberación de préstamos del Banco Nacional de Desenvolvimiento del Brasil (BNDES). La acción también incluye la contratación en Odebrecht de su sobrino, Taiguara Rodrigues Dos Santos, para prestar servicios en Angola. Para los investigadores, la contratación de Taiguara fue resultado de una gestión que Lula hizo con la contratista. Lula “influenció la política de financiación internacional de BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht”, según la denuncia. La contraprestación fue cuantificada en 20,6 millones de reales (USD 6,5 millones).

Operación Zelotes: en esta acción, el Ministerio Público Federal argumenta que el hijo de Lula, Luis Claudio, recibió 2,5 millones de reales a cambio de la influencia de Lula en dos hechos ocurridos durante la presidencia de Dilma Rousseff: la compra de aviones de combate Gripen, de la empresa sueca Saab, y la prórroga hasta 2020 de incentivos fiscales para automotores. Los delitos fueron definidos como de una “complejidad fuera de lo común, que involucraron negociaciones multimillonarias del gobierno federal en Brasilia, (y) actos políticos de la más elevada autoridad de la República”. En esta causa, Lula también fue denunciado por, supuestamente, interceder en favor de automotrices en la concesión de beneficios fiscales.

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