Sábado 23 de Junio del 2018

     




La ruta latinoamericana de los Paradise Papers

11/11 16:57

La segunda filtración más importante sobre el universo offshore después de los Panama Papers, revela conexiones de prominentes miembros de la política de Latinoamérica con el mundo offshore. 13.4 millones de registros lo demuestran. ¿Cuán pobres nos hace que los ultrarricos tengan su dinero en paraísos fiscales?

          

Los Paradise Papers revelan una serie de conexiones de prominentes miembros de la política latinoamericana con el mundo de las empresas offshore.


Un caso de interés está en Colombia: los documentos muestran que el presidente Juan Manuel Santos estuvo vinculado a una empresa registrada en Barbados cuando era Ministro de Hacienda de su país, según el análisis realizado por periodistas de Connectas y El Espectador, asociados al ICIJ. Entre el 2001 y 2003, Santos fue miembro de la junta directiva de Global Tuition and Education Insurance Corporation, el buque de bandera de un multimillonario esquema de seguros promovido por el también exministro de Defensa Gabriel Silva Luján. La revelación cobra relevancia porque, según reportes de prensa, en el 2015 el representante de una empresa colombiana asociada a ese grupo offshore sostuvo una reunión con Santos, ya en su condición de Presidente de la República.

“Fui invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos”, respondió Santos a la consulta de los periodistas que revisaron este caso. El mandatario dijo que su participación terminó en el año 2000, antes de que asumiera el cargo ministerial, y que desconocía por qué seguía figurando como miembro dos años después de su alejamiento. “Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”, indicó en la respuesta enviada a los autores de la investigación.

El presidente colombiano no respondió un segundo cuestionario con repreguntas sobre vínculos encontrados en los documentos de la filtración.

Otros miembros de las altas esferas del poder latinoamericano que aparecen en los documentos son dos actuales miembros del gabinete ministerial del presidente de Brasil, Michel Temer: el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, y el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.

Maggi, conocido como el Rey de la Soja y considerado el mayor productor individual de este grano en el mundo, figura como beneficiario de una empresa instalada en las Islas Caimán, de acuerdo a una investigación del medio digital brasileño Poder360 en base a los documentos de Appleby. Se trata de una sociedad con el gigante holandés Louis Dreyfus, dedicado al procesamiento de productos agrícolas. Ambos conglomerados empezaron negocios conjuntos en Brasil en el 2010 y ese mismo año abrieron la empresa offshore llamada Amaggi LDC Commodities International Ltda., diseñada como una filial con todos los beneficios de un paraíso fiscal. En la planilla de beneficiarios finales, incluida en los documentos que hoy salen a luz, aparecen varios integrantes de la familia Maggi, con lo que se confirma el vínculo directo entre ambas entidades.

Representantes del ministro señalaron a Poder360 que Maggi nunca fue beneficiario directo de la offshore, que nunca obtuvo ingresos de la misma, y que todos sus tributos han sido pagados en regla. La corporación señaló, en un comunicado, que la sociedad en las Islas Caimán fue constituida para comercializar granos en el mercado internacional, con todas las formalidades del caso, y que ha operado conforme a la ley de ambos territorios.

El medio brasileño Poder 360 también descubrió que el Ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, creó en las Islas Bermudas una fundación que recibirá una parte de sus bienes cuando él muera. Se llama Sabedonia Foundation y está configurada como un trust, un tipo de entidad depositaria de bienes o valores que gestiona según instrucciones precisas. Meirelles, un reconocido veterano de la banca internacional, creó la fundación mediante un depósito de apenas 10 mil dólares en diciembre del 2002, apenas una semana antes de regresar a Brasil para tomar las riendas del Banco Central. Ante la consulta para esta investigación, el ministro explicó que su fundación recibirá una parte de sus bienes para destinarla a la filantropía en el sector educativo, aunque no precisó el porcentaje de patrimonio que destinará a ese fin.

Expertos tributaristas explicaron a Poder360 que, debido a los impuestos por herencias y transferencias, sería menos oneroso que ese fondo filantrópico se manejara desde Brasil en vez de salir y entrar del país como ocurriría tal como explica el ministro, cuyo actual patrimonio no consta en documentos públicos recientes. Según los periodistas que revisaron el caso, la última información disponible data del 2002, cuando Henrique Meirelles fue candidato a diputado y declaró tener un departamento en Nueva York valorizado en 5.5 millones de dólares y un auto Porsche de 1997.

Los Paradise Papers dan cuenta de episodios más bien terrenales sobre el manejo de la riqueza en América Latina. Appleby prestó servicios offshore a una docena de ejecutivos de las empresas involucradas en el Caso Lava Jato, algunos de los cuales incluso se encuentran ahora en prisión como parte de la mega investigación de las autoridades brasileñas; a líderes religiosos que canalizan ingresos millonarios a través de empresas de fachada; dirigentes y empresarios actualmente investigados por el escándalo de sobornos conocido como el FIFA Gate; un ministro argentino que a mediados de este año fue acusado por dirigir el envío de fondos públicos hacia un fondo de inversión del que había sido accionista.

Los documentos no implican acciones ilegales por parte del estudio de abogados, pero sí revelan episodios controversiales sobre la naturaleza de los paraísos fiscales y de los servicios que presta el estudio Appleby.

Uno de los casos más evidentes quedó expuesto a raíz de la disputa entre el bufete y uno de sus clientes latinoamericanos más notorios, la cadena Walmart de México. Las divergencias estallaron cuando Walmart, que había pasado por un escándalo debido a sobornos pagados para expandirse en ese país, pidió incorporar a su contrato con el estudio una cláusula que se ajustara a las leyes federales estadounidenses contra prácticas corruptas.

Según una pesquisa de Univisión, en el marco de esta investigación global, el estudio se resistió al requerimiento y ambas partes se enfrascaron en una negociación que duró diecisiete meses. De por medio estaba el servicio que el bufete daba a la cadena de supermercados para administrar una offshore en Bermudas. Al final, Appleby prefirió rescindir el contrato antes que someterse a posibles controles de las autoridades de EEUU. Ninguna de las partes accedió a dar su versión.

Por el contrario, la firma legal ha ayudado a gigantes globales de diversas industrias para operar con los beneficios del secreto.

Es el caso de Glencore, el mayor comercializador mundial de materias primas, con ingresos anuales por 170 mil millones de dólares. La información filtrada revela que Glencore utilizó los servicios del bufete para realizar operaciones financieras secretas que luego fueron cuestionadas en varios países, desde la República Democrática del Congo hasta Colombia o Perú. Glencore era tan buen cliente, que incluso tenía una pequeña oficina en la sede de Appleby en Bermudas.

El estudio de abogados no tiene oficinas ni representantes en el Perú, pero las operaciones de sus clientes tuvieron un alcance masivo y silencioso hasta ahora desconocido.

Conexión Perú

Entre los secretos ahora expuestos en los Paradise Papers está un esquema de negocios que ha conectado el mundo offshore con el mundo natural. El vehículo es una empresa peruana llamada Bosques Amazónicos S.A.C., que se dedica a la conservación y coloca los llamados bonos de carbono, unos instrumentos financieros diseñados para compensar en dinero las huellas de la contaminación ambiental. La empresa realizó entre los años 2008 y 2013 transacciones por más de US$ 71 millones con sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales, según documentos revisados por Ojo-publico.com para esta investigación

Las operaciones más importantes fueron con Sustainable Forestry Management Limited (SFM), una empresa fundada en Bermudas, que tuvo entre sus accionistas a miembros de la realeza británica y a la segunda mujer más rica de Inglaterra después de la reina Isabel II. En otros casos, los vínculos se extienden a magnates del petróleo y decenas de las personas más ricas del mundo.

El vínculo offshore contraviene las advertencias de Interpol, que considera el mercado de los bonos de carbono como un entorno sensible a la posible infiltración de actividades relacionadas con el lavado de dinero.

Igual de revelador es el hallazgo de un esquema de aseguramiento popular desarrollado por la poderosa corporación Belcorp, la tercera empresa de cosméticos más grande del mundo, que utiliza una sociedad offshore no reportada a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Se trata de una póliza de microseguro de vida y hospitalización, que la empresa ofreció a su fuerza de vendedoras a bajo costo, como una muestra de responsabilidad social. Los Paradise Papers han dejado al descubierto que se trataba de un modelo de negocio parecido a una muñeca rusa, en que el riesgo fue asumido parcialmente por una segunda empresa, que a su vez transfirió su responsabilidad a una tercera sociedad. Esta última, instalada en Islas Bermudas, está fuera del alcance y supervisión de las autoridades peruanas.

La variedad de situaciones y personajes expuestos por esta filtración amplía radicalmente el panorama abierto por los Panama Papers, el gigantesco leak con los archivos del estudio panameño Mossak Fonseca, que remeció al mundo en el 2016. Esta vez se han abierto las agendas secretas del 1% más rico del planeta.

¿Y por casa?

El nombre del ministro de Energía, Juan José Aranguren,  está relacionado a compañías offshores según los datos surgidos de la mega filtración internacional.
Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. Asimismo, el funcionario figura como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.

Según el sitio web Perfil.com, en abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del ministerio de Aranguren.

De acuerdo a la publicación, consultado por el equipo argentino de Paradise Papers sobre el origen secreto de la compañía que contrató el Estado, el ministro admitió que se vincula con la intención de pagar menos tributos y lo enmarcó en una práctica habitual de las multinacionales, en particular, las petroleras y traders. 

“Muchas tienen domicilio en países que se caracterizan por aplicar un régimen tributario favorable. No tenemos constancias de que existan limitaciones legales en el comercio internacional para operar con empresas de esas características”, explicó.

Además, se desligó de cualquier influencia en el contrato de CAMMESA, al recordar que en todo lo relativo con Shell, quien lo reemplaza en ese tipo de decisiones es su par del Ministerio de Producción, Francisco Cabrera -por una resolución ministerial y un decreto del presidente Mauricio Macri-.

El funcionario sostuvo que no intervino en la adquisición de gasoil por parte de CAMMESA a la empresa offshore Shell Western Supply and Trading Ltd.

“La operación fue realizada por YPF en el marco de un Acuerdo de Gestión celebrado en el 2012 y sucesivamente prorrogado, conforme al cual es la empresa petrolera argentina la que realiza la convocatoria a los diversos proveedores a presentar ofertas, estipula las condiciones generales para la contratación y realiza la evaluación de las propuestas. La Secretaría de Energía sólo gestiona el procedimiento de pago”, expresó el ministro.

Sobre Guiana Lmited, otra de las offshore en las que aparece, Aranguren deslizó que podría haber “alguna confusión de nombres”.
Sobre su presencia en Sol Antiiles y Guianas Limited, que realizó millonarios contratos petroleros en Puerto Rico, Suriname, Guyana y Haití, los documentos de Paradise Papers ubican a Aranguren en sus directorios entre mayo y julio de 1996.

“Creo que hay una confusión de nombres. En lugar de Sol debería ser Shell. Esto puede ser porque Sol es un grupo petrolero del Caribe que compró los activos de Shell en parte de esa región en 2005”, afirmó el ministro.

 El Grupo Sol, adquirió The Shell Company (Puerto Rico) Limited en agosto de 2006, que posteriormente pasó a llamarse Sol Puerto Rico Limitado. 

El problema de lo oculto

Apenas un mes antes de la publicación de los Paradise Papers, el economista francés Gabriel Zucman, autor del libro “La riqueza oculta de las naciones”, publicó junto con dos académicos un estudio con las nuevas lecturas que se podían hacer a partir de revelaciones como esta. El trío de analizó la información publicada en los Panama Papers y también la del caso Swiss Leaks, la divulgación de millones de archivos de la filial suiza del banco HSBC. En seguida cruzaron esos datos con otros registros oficiales para establecer la relación entre evasión tributaria y la desigualdad en los países ricos.

“Encontramos que la evasión tributaria se eleva abruptamente con la riqueza”, dice el estudio, que tomó como muestras personajes de Suecia, Noruega y Dinamarca. Mientras que en el sector más amplio de la población los casos de evasión apenas llegaban al 3%, en el 1% más rico -personas que poseen más de 45 millones de dólares- el porcentaje de evasión se elevó a 25 o 30%.

Si esos resultados se presentaban en países con baja corrupción y una fuerte tradición de respeto a la ley, señala el estudio, “la evasión de los ricos puede ser incluso mayor en cualquier otra parte”.

Al momento en que se divulgó la investigación Swiss Leaks, la concentración de riqueza en paraísos fiscales rondaba los 5.6 billones de dólares, un 8% de la riqueza financiera global neta de ese momento. Entonces, Zucman advirtió que podía ser incluso mayor, pues no consideraba propiedades inmuebles, obras de arte y otros activos. La filtración de los Paradise Papers trae más de trece millones de registros que ayudarán a precisar sus cálculos.

Fuentes: Medios Digitales

Efectos colaterales

¿Cuáles son los daños colaterales de que los ultrarricos secretamente inviertan vastas cantidades de dinero en los popularmente llamados "paraísos fiscales"?
La filtración de los Paradise Papers, una inmensa cantidad de documentos financieros que detallan las actividades financieras de algunas de las personas más ricas y corporaciones más poderosas del mundo,  expandió abruptamente la cartografía del poder económico global y reavivó el debate sobre los centros financieros offshore. En particular, se cuestionó su posible relación con la pobreza dentro y entre países.

Aunque el sistema offshore no es ilegal, los documentos revisados por cerca de 400 periodistas confirman que representa un incentivo para actividades que esquivan normas o, en ciertos casos, pueden estar reñidas con la ley.

De acuerdo con diversas fuentes, las enormes cantidades de dinero que se calcula circulan en sistemas financieros secretos están empobreciendo al mundo.
“Debido a los paraísos fiscales, la desigualdad es significativamente peor de lo que los economistas miden”, afirma Tax Justice Network, una coalición internacional de investigadores y activistas sobre regulación financiera.

Cuestión de impuestos

En términos simples, el argumento es que, al ocultar su riqueza en paraísos fiscales, las personas y empresas eluden el pago de impuestos en los países donde hacen negocios y amasan su dinero.

Eso, a su vez, priva a los gobiernos locales de los recursos que tanto necesitan para financiar servicios públicos (como salud o educación) y proyectos de 
infraestructura (como rutas y hospitales).

Teóricamente, el déficit se termina por convertir en un problema para el ciudadano común.

“Los gobiernos o bien tienen que recortar servicios o bien deben compensar la caída en recaudación aumentando los impuestos de todos los demás ciudadanos”, sostienen desde Oxfam, una ONG con sede en Reino Unido.

“Ambas opciones hacen que las personas más pobres pierdan y que la brecha de desigualdad crezca”, agregan.

Países pobres y países ricos

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la pérdida anual global por la evasión fiscal asciende a 240.000 millones de dólares.

Este sistema “está absorbiendo la vida de los estados de bienestar en el mundo rico”, aseguran desde Oxfam. Pero la situación es aún más dramática en los países más pobres.

Sólo la evasión de impuestos corporativos cuesta al menos 100.000 millones de dólares cada año a los países no desarrollados, según Oxfam.

“Esto es dinero suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños y prevenir la muerte de casi ocho millones de madres, bebés y niños al año”, afirman.

En África, ejemplifican, se pierden 14.000 millones de dólares anuales en tributos por el uso de paraísos fiscales de parte de los ultrarricos.
Según Oxfam, ese dinero cubriría los costos de atención médica para cuatro millones de niños del continente y emplearía suficientes maestros para que cada menor africano asista a la escuela.

Las autoridades africanas estiman que el continente pierde más dinero en la evasión fiscal de lo que recibe en forma de ayuda internacional.

América Latina: la más desigual

El problema de la evasión fiscal y los paraísos fiscales es particularmente alarmante en América Latina, la región más desigual del planeta, según un informe del año pasado del Foro Económico Mundial.

Entre 2002 y 2015 las fortunas de los multimillonarios de la región aumentaron 21% por año en promedio.

“Gran parte de esta riqueza se mantiene en paraísos fiscales, lo que significa que una parte importante de los beneficios del crecimiento de América Latina está en manos de un pequeño número de personas muy ricas, a expensas de los pobres y la clase media”, sostiene el informe.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), calculó que en 2014 la evasión fiscal de parte de personas y empresas en la región costó más de 190.000 millones de dólares.

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