El juicio oral se desarrolla en Corrientes, pero involucra al propietario de la “narcoconcesionaria” de Posadas y de un hotel en Montecarlo, ya condenado en otras causas similares.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este jueves una pena de 20 años de prisión para el acusado de narcolavado Roberto Rodríguez, en el marco de un juicio oral que se desarrolla en Corrientes y en el que se ventiló que habría blanqueado 158 millones de pesos provenientes del contrabando de droga.
La solicitud fue realizada durante los alegatos del debate que se realiza en el Tribunal Oral Federal de Corrientes a Rodríguez (38) y a otros seis integrantes de una organización considerada eslabón financiero de una estructura dedicada al narcotráfico y delitos financieros en cuatro provincias.
En primer turno, el fiscal general Carlos Schaefer pidió condenas de 13 años de prisión para el principal acusado; 10 años para Romina Sosa (37), Elba Aquino (66) y Rafael Glibota (65); ocho para Gladys Ramos (45); seis para Daniela Villalva (32) y cuatro años y seis meses para María de los Ángeles Herrera (43), todos acusados de lavado de dinero en al menos cuatro hechos.
Schaefer y la fiscal auxiliar Gabriela López Breard solicitaron, además, la cancelación de las empresas que montaron Rodríguez junto a sus sindicados cómplices y que tenían como principales negocios una agencia de autos de alta gama y un hotel, ambos en Misiones.
Los fiscales presentaron los alegatos con un informe en el que explicaron que Rodríguez incluyó a su madre -Aquino-, sus ex parejas -Villalva y Sosa-, su cuñada -Ramos-, así como a su socio, Glibota, y la pareja de este, Herrera, en una estructura dedicada al lavado millonario de fondos provenientes del narcotráfico.
El principal imputado ya purga una condena a nueve años de prisión por tráfico de marihuana a gran escala, aplicada por el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín a principios de septiembre pasado.
Por su parte, los abogados de la UIF, Alejandro Montiel y Nicolás Malone, reclamaron condenas de 20 años de prisión para Rodríguez, 16 años para Sosa y Aquino; 7 años para Glibota, Ramos y Villalva, y 4 años y seis meses para Herrera.
En su presentación, la UIF indicó que se trata de la causa más importante del país, ya que los acusados operaron en al menos cuatro provincias, con una estructura sofisticada que incluyó profesionales e incluso lograron la devolución de valiosos bienes.
En este marco se abrió una causa paralela que tiene como procesados y suspendidos sin goce de haberes a un secretario y un empleado del juzgado federal 1 de Corrientes.
Asimismo, los letrados de la UIF pusieron de manifiesto que no fueron notificados de 80 incidentes que presentaron como querellantes, en tanto que estimaron en 158 millones de pesos el monto de los activos inyectados por la banda al circuito financiero formal, pero que provenían del narcotráfico.
De acuerdo con un informe en diapositivas presentado por el Ministerio Público, Rodríguez, su madre y Sosa montaron la agencia de automóviles RR Vip y un corralón, Cerro Corá, pero además, con los otros integrantes de la banda, iniciaron las empresas Emsetur, dedicada a servicios turísticos, y el hotel Tangará, en la localidad misionera de Montecarlo.
La principal característica de los movimientos que realizaban los integrantes de la organización fue la compra y venta de vehículos, en su mayoría de alta gama, así como la de inmuebles en diversos puntos del país, sin presentar capacidad patrimonial ni económica para justificar, indicó la fiscalía.
El juicio desarrollado en Corrientes continuará este viernes con los alegatos de la AFIP, que también actúa como querellante, en tanto que restan las réplicas de las defensas y se estima que el martes venidero podría darse a conocer la sentencia por parte de los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni.
Fuente: Télam
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