Nicanor Peralta – Posadas (Misiones) Señora Directora:?Es difícil comprender la lógica del Gobierno en torno a aquellas denuncias públicas que ponen en tela de juicio a algunos de sus integrantes. En especial cuando la respuesta sobre un mismo hecho difiere en razón del funcionario a quien se acuse de cometer algún acto irregular.
Tal el caso, por ejemplo, de la participación en firmas offshore de varias de las máximas figuras del gobierno nacional. Una herramienta ampliamente conocida y denostada por muchos periodistas –que ahora callan– destinada principalmente a la evasión impositiva y, como una muñeca rusa, permitir ocultar a los verdaderos responsables de ciertos negocios turbios o poco claros.
No sé por qué quieren insistir en que el poseer una offshore es sinónimo de corrupción, fueron las expresiones del jefe del gabinete nacional, Marcos Peña, y la comparó con los bolsos de dinero de la coima descubierto a un exfuncionario de la anterior gestión de gobierno. Desechó así las denuncias en ese sentido que involucran al ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien es hoy el responsable de seguir ampliando la enorme deuda externa que acumuló la Argentina en años recientes.
Quizás, tenga razón en cuanto a la definición de una y otra palabra. Pero, en mi opinión, eso no advierte el daño que la evasión impositiva significa para el país. Precisamente un delito que se intentó reducir con el ampliado blanqueo de capitales que buscaba la repatriación de esos recursos. Pero como no era obligado, se soslayó y difícilmente ocurra si los propios funcionarios económicos del gobierno llevan sus dineros al exterior.
Tal vez, para ellos el de evadir impuestos mediante offshore sea un procedimiento normal y habitual por los inmensos volúmenes que manejan. Pero para el país es pérdida de recursos, ajustes y endeudamiento creciente.
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