A una semana de la ocupación de tierras en la supuesta reserva Mbotaby del barrio Caballerizas, las familias asentadas en el lugar siguen en idéntica situación. Mientras Derechos Humanos de Misiones, diputados provinciales, la Defensora del Pueblo de Oberá, el Ejecutivo municipal, ediles, la Policía y otros actores debaten si hubo o no desalojo violento, piden información, estudian normas, evalúan mapa catastral y estiman responsabilidades, las familias permanecen en el lugar con la decisión de aguantar como única posibilidad de acceder a una parcela. Los niños, en extrema precariedad, son el aspecto más doloroso de la recurrente falta de tierras.
La Comuna afirma que el desalojo fue sin violencia, que intentaron sacar del lugar a las familias que estaban instalándose hace una semana. Sin embargo, aquel día, funcionarios y empleados irrumpieron en el lugar con topadoras, móviles policiales y agentes de la fuerza. Si eso no es violento, evidentemente deberemos discutir lo que significa el concepto, reflexionó un integrante de una organización social.
Ante la decisión de los vecinos de permanecer en el lugar y al no existir orden judicial para el desalojo, rápidamente la Municipalidad retrotrajo las acciones, a la vez que solicitó que no continúe la construcción de casillas, ya que volverían con una solución. Pero pasó exactamente una semana y esa solución no apareció. El abogado Ramón Enríquez, quien se acercó al lugar para hablar con la gente, expresó que la situación es dramática, la respuesta que se necesita es política, más que penal. Esta gente sufrió apremios y necesita la atención del Estado.
Una mujer que dejó sus pertenencias ese viernes para ir a dar a luz, volvió y se encontró con esto. Nosotros esperamos, como nos dijeron, pero no nos trajeron respuestas. Somos gente pobre, gente que necesitamos. Tengo un hijo discapacitado, no puedo alquilar. La ocupación se dio durante la semana pasada porque murió el señor que vivía ahí y nos ofrecieron las parcelas. No ocupamos todo, hay casas de hace mucho tiempo con servicios, o sea, que fueron autorizadas, comentó Adrián, uno de los ocupas.
Por su parte, Patricia Nittmann, defensora del Pueblo de Oberá, afirmó que está en etapa de investigación, pedimos informe por escrito a la Municipalidad y también a la Policía, ya que también se trata de una reserva ecológica, pulmón de la ciudad que debemos cuidar. Por ahora no están dadas las condiciones de habitabilidad, hay muchos niños y gente pasando mal, esperamos llevar una solución.
Y la Oficina de Tierras, creada por la actual gestión municipal y anunciada como área de solución para la problemática, asoma como lejana a la demanda real. Matías Frick, responsable de esa dependencia, explicó en contrapartida de uno de los principales argumentos -el de que se trata de una reserva- que el predio, en su mayor parte, ya es habitado desde hace 10 años, así que no tiene sentido la declaración de reserva Mbotaby. Lo que pretendemos es la urbanización, loteos, apertura de calles, servicios, que beneficiará a los vecinos.
Nuevas normas
En otro orden, sobre el proyecto del Banco de Tierras municipal, Frick argumentó que se necesita un presupuesto público que también requiere debate previo. Al respecto, el concejal Héctor Antúnez Proeza, referente de esa última propuesta, explicó que el Ejecutivo le hizo algunas correcciones y debe ser analizado nuevamente por los ediles.
Proeza, quien sigue de cerca todo el conflicto en Caballerizas, aseguró que el Concejo deberá trabajar en el marco legal del tema en este caso específico. Estuvimos en el barrio y tuvimos una reunión con los vecinos. La zona del conflicto está en cercanías de casas consolidadas, vemos que son prácticamente nueve cuadras totalmente asentadas que pertenecen a la reserva, con todos los servicios, agua, luz, recolección de residuos… Vamos a tener que buscar una legislación acorde, eso se tendrá que urbanizar, cambiar el nombre de reserva, pasarlo al ejido municipal y dejarlo como espacio fiscal, opinó.
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