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“Gran Posadas” se suma a la “nueva” ruta del exilio venezolano

15 agosto, 2018
Toro Mejías y la familia de su esposa viven en un salón de Garupá y desde allí orientan a los compatriotas que van llegando.

Mientras miles de venezolanos a diario intentan escapar a la crisis económica y política de su país y jaquean las redes de contención social de sus vecinos Brasil, Colombia y Ecuador, los nuevos emigrantes buscan alternativas más lejanas donde poder instalarse y desarrollar su nueva vida.

En ese contexto de “saturación”, que ya incluye también a las grandes ciudades de Perú, Chile y Argentina, las provincias periféricas de esos países se erigen como tierra de oportunidades para las nuevas “oleadas” de exiliados.

Es por eso que -si bien no existen cifras oficiales- se calcula que más de un centenar de venezolanos llegó a Misiones en los últimos meses y de ellos casi la mitad se instaló en la zona metropolitana de Posadas, Candelaria y Garupá.

En esta última ciudad, un total de 46 personas se vincula directamente a través de un centro que funciona en un predio cedido temporalmente por la Iglesia luterana por razones humanitarias, ya que quienes llegan lo hacen con las manos absolutamente vacías.

Allí los recibe José León Toro Mejías, un venezolano que, tras un largo periplo regional a la salida de su país, desembarcó en Montecarlo el 25 de marzo pasado y dos semanas después se trasladó a Posadas.

Desde hace dos meses, cuando pudo recibir a su esposa y el resto de su familia, está “al frente” del centro en Garupá que se encarga de recibir, orientar y asistir a los compatriotas que van llegando.

En el lugar, cercano a la avenida de las Américas, están viviendo actualmente nueve personas y otras 37 concurren todos los domingos para hacer lo que Toro Mejías define como “sopaterapia”: narran sus historias, tratan de ayudarse y diseñan estrategias para la radicación en el país y resolver otros problemas puntuales del día a día.

“Yo trato de articular con otros venezolanos que tienen más tiempo acá para buscar un alojamiento económico que pueda ajustarse al presupuesto que traen los nuevos”, explicó sobre su “función” este profesor en Ciencias Sociales de 46 años que se “erigió” como una especie de asesor local de los venezolanos que buscan un futuro mejor.

“Nosotros los recibimos, los orientamos, los ubicamos, los alimentamos, les damos ropa (en el lugar se armó un ropero comunitario producto de donaciones solidarias). El apoyo es integral, porque hay una contención psicológica y hacemos todos los esfuerzos para la vinculación social e incluso para la inserción laboral, aunque no estemos en el mejor escenario en Argentina y en esta región no haya un parque de trabajo muy grande”, describió.

La mayoría de los venezolanos en el “Gran Posadas” lleva entre dos y tres meses en la provincia, de los cuales ninguno lleva en el país más de dos o tres años. “Todos llegaron primero a Buenos Aires y de allá decidieron pasar para acá, en busca de lugares con ‘mejor vibra’”, según el referente local.

Entre los llegados hay dos hermanas procedentes de Táchira y un chico de Lara que tenía una chacra con ganado hasta que los políticos le obligaron a vender. Un hombre aún sufre el shock por una mala experiencia sufrida al salir por Roraima (frontera entre Venezuela y Brasil).

Aunque hay dos familias completas residiendo en Garupá y Posadas, el resto de los venezolanos llegados al Sur de Misiones son individuos solos (hombres y mujeres), de entre 20 y 46 años, todos profesionales, con títulos universitarios o terciarios (hay ingenieros, profesores, publicistas, entre otros) y que en su país eran “de clase media acomodada, incluso muchos de ellos trabajando para el Estado, que es el principal empleador, pero que tuvieron que correrse por el desprecio por nuestras profesiones: tenías que acatar órdenes absurdas, firmar informes con los que no estabas de acuerdo, a cada momento estabas amenazado de ser traidor a la patria si expresabas ideas que no le gustaban al Gobierno”, explicó.

El principal problema con el que se encuentran todos ellos es la radicación formal. Si bien “llegamos bajo las condiciones del convenio del Mercosur y bajo esta figura tenemos ciertos beneficios, con un tratamiento más flexible y diligente, necesitamos el certificado de antecedentes penales del país de origen y Venezuela no está entregando documentos. Estamos teniendo dificultades con eso”.

“Pero lo que más nos traba es la cuestión económica: a todos nos cuesta conseguir los 3.000 pesos de arancel del trámite”, teniendo en cuenta que todos llegan sin dinero (lo poco que pudieron reunir lo gastan en salir de su país y el resto del viaje) y sin perspectivas laborales a corto plazo, precisamente por su ingreso informal.

Por ello, contó Toro Mejías, “ya nos hemos contactado con el INADI, Derechos Humanos e ingresamos un recurso de consideración ante Migraciones para ver qué se puede hacer o cómo se puede facilitar (la radicación). Entretanto seguimos saliendo y entrando del país para que no venza el visado”.

Además de la necesidad de radicación para buscar fuentes laborales sólidas, el otro problema de los venezolanos que llegan a Posadas y su zona metropolitana es de documentación de los niños más pequeños, debido a las trabas burocráticas que ponen en la propia Venezuela.

“Allí se da la cédula de identidad a los 9 años y, en caso de necesitar salir del país antes de esa edad, se usa el pasaporte, pero Venezuela no está entregando documentos, así que los menores llegaron a Argentina sin nada”.

“Hay dos chicos de 5 y 6 años a los que esto les está afectando directamente, porque están yendo a la escuela, pero no van a poder pasar de grado si no solucionan su situación este año”, graficó Toro Mejías.

En cuanto a asistencia sanitaria, reflejó que “en las salitas de salud normalmente nos reciben sin problemas, pero para emergencias nos cuesta más, porque no tenemos dinero para pagar el arancel que se cobra a los extranjeros en la salud pública y entonces dependemos siempre de la solidaridad de otras personas”.

Más allá de estos obstáculos, asegura que, en el día a día, la mayoría no tuvo problemas de adaptación a su nueva vida y que la población misionera los recibió con una atención y calidez digna de agradecer. Incluso los menores de esas familias “han reaccionado perfectamente bien, porque los chicos se adecuan mejor que los adultos”.

Tags: #PosadasGarupáInmigrantesVenezuela
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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