El dorado, más conocido como “el tigre de los ríos”, es una especie muy codiciada por pescadores deportivos y también los comerciales, lo cual llevó a la especie a una situación muy crítica en algunos cursos de agua. Es por eso que cada tanto surgen iniciativas que buscan protegerlo y fomentar su reproducción.
Es lo que ocurrió en el estado brasileño de Paraná, donde se sancionó una ley que sólo permitirá la pesca con devolución del dorado. La norma que fue impulsada por el diputado estadual Luiz Carlos Martins, entrará en vigencia recién el 19 de abril del próximo año, tal como lo establece el decreto firmado por la gobernadora María Aparecida Borghetti.
La ley sancionada indica que “se prohíbe por ocho años la pesca, embarque, transporte, venta, procesamiento y la industrialización del pescado de la especie dorado en todo el Estado de Paraná”.
Los medios del sur brasileño detallaron que sólo queda permitido la pesca con devolución de los ejemplares de Salminus brisiliensis o Salminus maxillosus. De esta forma, se busca mantener la práctica deportiva de los aficionados a la pesca.
Según Martins, fue su objetivo preservar la especie y promover la repoblación del pez en los ríos del Estado de Paraná, además de evitar que haya una migración de pescadores del estado de Mato Grosso do Sul. En este Estado la prohibición de la pesca del dorado fue aprobada en la Asamblea y ahora aguarda la sanción del gobernador Reinaldo Azambuja, con lo cual en muy poco tiempo más esa jurisdicción sumaría una medida ecológica similar.
El legislador sostuvo que “vemos es que los cardúmenes han quedado cada vez más escasos en función de la pesca y captura de este pez. Necesitamos preservar esta especie tan importante de nuestros ríos, principalmente ahora que el estado de Mato Grosso del Sur está por sancionar un proyecto de ley prohibiendo la pesca de esta especie allí. Corríamos el riesgo de que hubiera un corrimiento de pescadores del estado vecino para acá, aumentando así de forma descontrolada el riesgo de extinción de la especie en Paraná”, explicó el legislador.
Para Martins, la entrada en vigencia de la ley en abril próximo no debería tener mayor impacto en la economía de los pescadores comerciales. “No habrá influencia en la renta de los pescadores porque hay otras especies de interés comercial”, detalló.
En caso de incumplimiento, la Ley 19.789 prevé una multas de entre 1.000 y 100.000 reales, además de la incautación del producto o subproducto de la pesca, interdicción total o parcial del establecimiento, y suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento.