“La semana pasada firme el envío del DNU al Congreso, ingresa en la Comisión Bicameral y ahí se abre un proceso de discusión. En paralelo a esto se podrá, si hubiera consenso, avanzar en la discusión de una ley. Este instrumento y me parece que es claramente necesario”, manifestó el ministro de Justicia, Germán Garavano.
“Tenemos una situación de emergencia, hay miles de bienes, millones de pesos que se están deteriorando, que están costando un montón de plata todos los días. Era importante avanzar con una norma de estas características ojalá el congreso pueda mejorarla”, añadió en declaraciones a radio La Red.
Por su parte el diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires Daniel Lipovetzky expresó su acuerdo con el contenido y también con el DNU como instrumento.
“Había que dar una solución. El congreso lamentablemente no había logrado los consensos para poder avanzar. La media sanción que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados en 2016 cuando lo trató el Senado lo cambió completamente quitándole la naturaleza que tenía“, señaló.
“Era necesario poner en funcionamiento este tipo de normativa lo antes posible. El Congreso va a intervenir a través de la Comisión Bicameral y existe la posibilidad de que podamos convertirlo en una ley, pero lo importante es que hoy esté en vigencia”, añadió en declaraciones a radio Milenium.
El decreto
En los fundamentos del DNU, el gobierno consideró que “la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves, afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado“.
Agregó que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado”.
Fuente: NA
