El Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, anunció que a partir de este miércoles se desarrollará el trabajo interinstitucional para relevar y censar a los ocupantes, como primer paso en busca de una solución de fondo a la situación.
“Se trata de un caso sumamente complejo que, para entenderlo, se debe tener en cuenta dos cosas: por un lado, hay un pedido de desalojo en proceso cuya base legal hace pie en algunos aspectos jurídicos que tienen fuerte fundamentos; por otra parte, se trata de una situación de riesgo por la falta de servicios como agua, energía y otros, pone a todas las personas en una situación de vulnerabilidad inminente”, sostuvo Penayo.
Durante una reunión llevada a cabo la semana pasada en la Defensoría, donde se reunieron representantes de los intrusos, de la Municipalidad de Posadas, de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y del Ministerio de Derechos Humanos, todos coincidieron que “ese lugar no es apto para que vivan personas: no hay servicios, no hay nada, tampoco es salubre… En la oportunidad se firmó un acuerdo entre todos para hacer un relevamiento, y trabajaremos en eso”, afirmó el Defensor.
Entretanto, aseguró que “se continuará haciendo el acompañamiento necesario, teniendo en cuenta que se debe revisar caso por caso a partir del relevamiento, para acompañar un petitorio al Gobierno con el objeto de solicitar inmediata atención de los más vulnerados”.
