En la oportunidad se resolvió que primero deberá constatarse las dimensiones de los terrenos en cuestión y determinar quéenes tienen edificación sobre los mismos.
“Se resolvió un mandamiento de constatación, para lo cual un perito agrimensor de la Subsecretaría de Tierras de la Provincia deberá determinar con exactitud cuáles son las dimensiones de los lotes sujetos a la sentencia de desalojo y cuáles son las familias que viven efectivamente arriba de los inmuebles y que tienen edificación sobre los mismos. Eso es a los efectos de gestionar con el IPRODHA la asignación de viviendas para las víctimas del desalojo”, explicó Juan Ramón Melgarejo, abogado defensor de Susana Franco, una de las intimadas al desalojo.
La Justicia había llegado a esta instancia con la propuesta de brindar dos viviendas aportadas por el IPRODHA, pero se presentó una tercera persona que también afirma estar en uno de esos lotes que serán desalojados.
