El régimen nacional de Anses requiere un piso de 30 años de aportes para poder jubilarse. Este mínimo se reduce en el caso de tareas diferenciales, para las cuales la cantidad de servicios puede reducirse en virtud del envejecimiento prematuro que causa la tarea desarrollada. Para los que no cumplen con el requisito de años de aportes, periódicamente han entrado en vigencia moratorias previsionales. Se trata de planes de facilidades de pago que otorga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y permite a los contribuyentes regularizar aportes autónomos.
La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. En términos históricos solo seis de cada diez trabajadores lo hacen en regla. El empleo no registrado tiene como contrapartida un trabajador que al cumplir la edad jubilatoria no tendrá los treinta años de aportes requeridos por ley. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria, que abona el futuro jubilado en cuotas a deducirse de la propia jubilación. Históricamente 5 de cada 10 personas utiliza la moratoria en alguna proporción para poder jubilarse, cuando se trata de mujeres ese porcentaje crece a 8 de cada 10.
Las moratorias que más recordamos son las que entraron en vigencia durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner. Fueron sin dudas las de mayor adhesión, no obstante, una revisión histórica nos indica que la primera moratoria previsional fue aprobada en 1967. Le siguieron otras en 1973, en 1985 y en 1993. De los distintos planes de facilidad de pagos que existieron, los primeros resultaban más económicos, permitiendo la condonación de intereses y el pago de capital a valores históricos. Esa tendencia se fue revirtiendo, incorporándose la actualización del capital, pago de intereses y, más recientemente, el análisis de vulnerabilidad socio económica de los adherentes.
Actualmente existen tres moratorias vigentes, de las cuales solo dos tienen utilidad práctica. La primera está dirigida únicamente a mujeres (Ley 26.970), entró en vigencia en 2015 y en la ampliación de 2017 se excluyó a los hombres. Permite regularizar (“comprar”) aportes desde que la mujer cumplió los 18 años de edad – que es cuando estaba legalmente habilitada a trabajar – hasta 2003.
Ejemplo: Mujer de 60 años necesita 30 años de aportes. Cumplió los 18 años en 1978. 1978 a 2003 = 25 años de servicios por moratoria. Necesita contar con 5 años de aportes efectivos luego de 2003 para poder jubilarse
En el caso de los hombres cuentan con la moratoria de la ley 24.476, sancionada en 1995 y extendida en 2005. Permite regularizar (“comprar”) aportes tanto a hombres y mujeres, desde que la persona cumplió los 18 años de edad hasta 1993.
Ejemplo: Hombre de 65 años necesita 30 años de aportes. Cumplió los 18 años en 1973. 1973 a 1993 = 20 años de servicios por moratoria. Necesita contar con 10 años de aportes efectivos luego de 1993 para poder jubilarse
Extensión
Es necesario que el Congreso extienda los períodos de las moratorias para poder regularizar servicios al menos hasta 2008, esta vez alcanzando tanto a hombres como a mujeres por igual. Contar con un trabajo formal en los últimos años de la vida laboral puede resultar dificultoso, más aun considerando los vaivenes económicos que generan inestabilidad permanente en el sector productivo.
¿Cuál ha sido la importancia de las moratorias previsionales en el país? La tasa de cobertura previsional se elevó de un 66,1% en el año 2003 al 95,8% para el año 2010, si se considera la totalidad de beneficios. A continuación se analizan algunos datos estadísticos de los beneficiarios de las moratorias:
– La mayoría fueron mujeres (78%), no obstante estar jubilado sigue siendo más frecuente entre hombres que entre las mujeres (el 86,6% jubilados entre los primeros vs. 79% jubiladas entre las segundas).
– El rango de edad se concentró entre los 65 y los 69 años
– La mayor cantidad se concentró en la Provincia de Buenos Aires (39%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires (10%), Santa Fe (10%) y Córdoba (9%), en proporción a la población.
– El mayor impulso en la expansión de la protección social se ha cristalizado en los sectores más vulnerables, donde la tasa de cobertura pasó del 56,2% al 94,5%.
Las moratorias para jubilarse han generado en la sociedad argentina un verdadero enfrentamiento entre quienes están a favor y quienes están en contra. Veamos algunos argumentos:
A favor:
1. Una proporción significativa de beneficiarios tenía aportes. Según datos estadísticos de la propia Anses, en promedio los jubilados por moratoria registraban once años de aportes.
2. La alta tasa de empleo informal ha impedido a los beneficiarios completar los aportes mínimos. En el mundo los países desarrollados tienen una tasa de informalidad que no supera el 15%, mientras que en Argentina ha estado históricamente entre el 30% y el 40% de la población activa.
En contra:
1. La moratoria permitió que se jubilaran personas de poder adquisitivo alto. Inicialmente no existió en las moratorias previsionales una evaluación socioeconómica del solicitante. A partir de 2015 se modifica este aspecto, incluso en moratorias ya existentes, y se establecen requisitos que limitan el acceso solo para los sectores más vulnerables de la sociedad.
2. Las moratorias desincentivan los aportes. La sustentabilidad de un sistema de seguridad social se basa principalmente (o al menos debería hacerlo) en el ingreso de aportes y contribuciones de los trabajadores y sus empleadores. Las continuas moratorias previsionales podrían desincentivar el empleo formal, dado que el trabajador espera al cumplir la edad poder adherir a una de las moratorias vigentes.
3. La incorporación de tres millones de nuevos jubilados generó un déficit que dejó a la ANSES al borde del quebranto. En el presupuesto de Anses para 2020, que sirve de referencia para el análisis, se prevé el ingreso de $1.511.807.731.467 millones en aportes y contribuciones de trabajadores en actividad y el pago de $2.160.086.043.559 en jubilaciones y pensiones. De este último, $817.418.703.888 corresponden a beneficios con moratoria.
Para lograr un sistema previsional sustentable a largo plazo, que pague beneficios suficientes para cubrir las necesidades básicas en la vejez, es necesario tomar medidas para reducir el trabajo no registrado e incentivar el pago de aportes y contribuciones. Se debe generar el derecho a una jubilación parcial para aquellos que alcancen un mínimo de 15 años de aportes y reservar la PUAM para los casos de personas que por falta de aportes no tengan derecho a una jubilación total o parcial.
Fuente: Infobae.
