El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación fijó el último martes la Resolución a través de la cual las pautas para la reprogramación de los viajes estudiantiles que no se concretaron hasta el momento por la pandemia de Covid-19 y disparó varios interrogantes sobre su aplicación, generando una enorme inquietud en quienes compraron esos paquetes y no tienen certeza sobre qué ocurrirá.
El abogado especialista en Derecho del Turismo, Santiago Aramburu, explicó en el programa Primera Plana de la 89.3 FM Santa María de las Misiones, que “desde fines de marzo y comienzo de abril de este año, una consulta recurrente es qué pasará con los viajes de egresados, que quedaron suspendidos por el inicio de la pandemia y la emergencia sanitaria. A esa altura la gran mayoría de los viajes de egresados se habían comenzado a pagar en el 2019 para concretarse en el 2020. Por entonces muchos estaban terminando de pagar, los que viajaban primero, y otros a mitad de camino, los que viajaban de agosto en adelante. Allí empezaron tímidamente las consultas y a medida que iban pasando los meses las consultas fueron más frecuentes”.
Aramburu destacó que “son un poquito más de 140 mil chicos por año los que se van de viaje de egresados a través de agencias habilitadas por el Ministerio de Turismo de la Nación y con toda la normativa. Entonces era bastante la incertidumbre hasta el último martes que no había ninguna medida concreta por parte de la autoridad de aplicación sobre qué hacer con estos contratos pendientes de ejecución. Además, a mediados de septiembre surgió la ley nacional de Reactivación y Sostenimiento de la Actividad Turística, que fue muy discutida y luego aprobada por unanimidad, que decía específicamente en uno de sus artículos que en el turismo estudiantil la autoridad de aplicación se iba a expedir sobre los contratos. Allí se generó una expectativa sobre qué se iba a decir al respecto. Ya que esa ley abría una ventanita que era necesaria completar y llenar y que se terminó de completar con una resolución de la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación sobre los viajes de egresados”.
Sólo resuelve una parte
Para el letrado la normativa “lo que hace es resolver parte de la cuestión y no toda porque quedan puntos sin responder. ¿Qué pasa con aquél que no puede o no quiere reprogramar y pretende la devolución del 100%?. Otros, que pasa mucho, quieren la devolución del 100% a un monto actualizado. Es cierto que hay quienes terminaron de pagar su viaje hace pocos meses pero lo empezaron a pagar hace un año y medio y lo que, por ejemplo, para una persona era 100 pesos hace un año y medio, ese 100 vale menos y por eso piden la actualización del monto”.
Agregó que “para los casos en que no estarían de acuerdo con lo que establece la Resolución, todo turista o consumidor, tiene derecho a realizar un reclamo, pero con lo que va a encontrarse frente a ese reclamo es el riego que no hay antecedente, al menos por ahora, de que se hayan expedido al respecto. No es que ya hubo alguna autoridad administrativa o juez que haya determinado, ocurrió en diferentes circunstancias en que si se cancelan los viajes de egresados porque la agencia cierra o porque el cliente decide que su hijo no viaje”.
No contempla un “voucher” total
Para Aramburu “la Resolución busca, de alguna manera, inducir a la reprogramación del viaje. Porque si vos me diste 100 y yo te tengo que devolver 75 es probable que vos o no lo aceptes o lo aceptes por las dudas como un mal menor o decidas reprogramar el viaje. Ahí es incompleta la Resolución porque no contempla la posibilidad de emitir un voucher que es algo que ya estaba sucediendo. De hecho surgían las consultas de padres que decían que sus hijos no iban a viajar, la agencia les devolvía un 75% y ante la negativa acordaban un voucher por la totalidad del dinero que se había dado y a futuro podría ser utilizado por el estudiante, su familia, o un grupo de amigos, viajar a otro destino con la misma agencia”.
Y destacó que “ahora se habla del 75% en la Resolución. A partir de ahora no sé si seguirá dando ese voucher. El segundo punto es que hoy hay una Resolución que dice lo qué hay que hacer. Entonces una autoridad que tenga que decir tendrá una normativa específica y si alguien cree que lo que dice la normativa no es lo correcto hay que refutarla. Una cosa es no estar de acuerdo con lo que propone una agencia y otra es no estar de acuerdo con lo que propone la agencia y la norma expedida por la autoridad de aplicación”.
