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Quieren saber si alguien “pagará” por las telecabinas del Salto Encantado

26 abril, 2021
PASO DEL TIEMPO. El proyecto de Telecabinas para el Parque Provincial Salto Encantado data del 2010 (Fotos: archivo gentileza C. Olivera Schuster)

PASO DEL TIEMPO. El proyecto de Telecabinas para el Parque Provincial Salto Encantado data del 2010 (Fotos: archivo gentileza C. Olivera Schuster)

PASO DEL TIEMPO. El proyecto de Telecabinas para el Parque Provincial Salto Encantado data del 2010. (Fotos: gentileza C. Olivera Schuster)

 

Fue uno de los anuncios más importantes del Gobierno de Maurice Closs y terminó en la nada, al igual que el casino flotante y la pista en El Soberbio. En este caso, la telecabina en Salto Encantado habría generado pérdidas de millones de pesos al Estado provincial y nadie respondió qué pasó con él o los responsables de esa fallida obra.

El proyecto de telecabinas para el Parque Provincial Salto Encantado data del 2010 y los últimos trabajos se registraron en 2017. Según el Gobierno -que anunció las obras a través del entonces subsecretario de Planeamiento Estratégico Sergio Dobrusin, la infraestructura iba a constar de diez torres de hormigón sobre las que se montaría un novedoso sistema de motores, cables y seis telecabinas con capacidad para cuatro pasajeros cada una, que iban a posibilitar que los visitantes den un paseo a cien metros de altura de diez o quince minutos por dentro de la selva y con una vista privilegiada al salto propiamente dicho.

Desde un comienzo, esas obras estuvieron envueltas en serios cuestionamientos, tanto ambientales como técnicos. Según denunciaron las organizaciones ecologistas, no se habrían realizado los estudios de impacto ambiental para determinar la afectación real de estas obras en un parque provincial con altísimo nivel de protección.

En tanto que, a nivel técnico y para la obra civil, se habría contratado a una empresa sin experiencia en este tipo de instalaciones de altura, la que sin embargo aparece como contratista en otras 26 obras públicas millonarias encargadas por el entonces gobernador Closs.

Con el paso de los años se conoció que además de la empresa RBM SRL (encargada de la obra civil) se contrató a la prestigiosa firma ISB ingeniería de montaña, que debía construir las telecabinas propiamente dichas.

Pero estos contratos jamás tomaron estado público. Si se revisa el Boletín Oficial de la provincia, no se encuentran referencias a contrataciones y/o licitaciones con algunas de estas empresas y/o referencias concretas al proyecto, más allá de incorporaciones presupuestarias dirigidas al Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, que recibió fondos para una obra que en teoría fue prevista y ejecutada por la gestión anterior del Ministerio de Turismo.

Es decir que, a la fecha, todos los aportes del erario público por redeterminaciones de precios, son meras especulaciones y no se conoce el monto real invertido.

Por esta razón, el diputado provincial del Partido Agrario y Social, Isaac Lenguaza, solicitó al Gobierno provincial que informe si se inició un juicio de responsabilidad a los funcionarios involucrados y cómo quedó la relación con las empresas que participaron, además de los montos invertidos y otros detalles.

En el proyecto solicitó que el Poder Ejecutivo provincial y el Tribunal de Cuentas cuenten oficialmente:
• El monto total invertido por el Gobierno provincial desde 2010 a la fecha; tanto por el contrato inicial como por las sucesivas incorporaciones presupuestarias.
• Las empresas contratistas que tuvieron a su cargo la ejecución de la obra, tanto las civiles como las estrictamente relacionadas a la construcción y puesta en marcha de las telecabinas, y monto efectivamente cobrado en todo concepto por cada una de ellas en todas las etapas de obra.
• Si el Estado ha rescindido los contratos por las causales (fraude, negligencia, incumplimiento del contrato); si se ha procedido a la retención de los depósitos de garantía; si se ha eliminado o suspendido a él o los contratistas del Registro de Constructores; si se han aplicado multas y/o sanciones pecuniarias; o si por el contrario, ha sido el Estado demandado por incumplimientos relacionados con los contratos de esta obra.
• También Lenguaza solicitó que se informe si se han iniciado juicios de responsabilidad a él o los funcionarios públicos por los incumplimientos, impericias y/o irregularidades detectadas en el llamado a concurso y/o licitación y/o contratación directa de las obras;
• Si se ha establecido que existieron daños para la hacienda pública.
• Si se han detectado delitos de acción pública en todo el proceso que determinó una pérdida millonaria para el erario público y si se han derivado las actuaciones al Fiscal de Estado.

 

Fundamentos principales

En los fundamentos del proyecto se indica que “todos los aportes del erario público por redeterminaciones de precios, son meras especulaciones y no se conoce el monto real invertido”.

“Después de una década de retrasos, paralizaciones, abandonos parciales, reinicios, nuevos anuncios y seguramente nuevos aportes de fondos públicos, desde el Estado provincial admitieron la inviabilidad de las obras y ordenaron que fueran desmanteladas”, señaló el diputado Lenguaza.

Y agregó: “se supo por versiones no confirmadas, que la Provincia habría tenido que pagar de todos modos a la empresa ISB ingeniería de montaña para evitar un juicio millonario”.

“La realidad es que en cuestiones vinculadas a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, no se puede pretender un simple “borrón y cuenta nueva” o dar por finalizada una “polémica mediática”.

“Cuando se trata de la administración del erario público es fundamental conocer si funcionaron los mecanismos de contralor que garanticen la transparencia de los actos y de los sujetos obligados, lo que a su vez permite el control ciudadano sobre la ejecución de los recursos y actos de la administración pública”, enfatizó el legislador opositor.

Por último indicó que: “Necesitamos saber si los funcionarios o exfuncionarios responsables de este proyecto fueron investigados por el Tribunal de Cuentas; si se les ha iniciado el correspondiente juicio de responsabilidad; si se ha establecido que existieron o podrían existir daños para la hacienda pública; si se han detectado procedimientos administrativos irregulares y/o delitos de acción pública en todo el proceso que determinó una pérdida millonaria para el erario público y si se han derivado las actuaciones al Fiscal de Estado. Es primordial conocer estas acciones antes de volver a disponer de fondos públicos para un nuevo proyecto erigido sobre las ruinas de uno que fracasó tan rotundamente”.

Tags: AerosillasIsaac LenguazaMisionesObra fallidaParque Provincial Salto EncantadoTelecabinas
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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