Cristina Vázquez tenía tan solo 38 años, de los cuales 11 los pasó detenida por un crimen que no cometió. Era inocente.
El miércoles 26 de agosto de 2020, a las 14.45, la encontraron muerta en el interior de su domicilio, un inquilinato de la calle Félix Aguirre 1.965, en el barrio Palomar de Posadas, donde residía desde que recuperó su libertad ocho meses antes, tras ser absuelta por la Corte Suprema de Justicia.
La habían juzgado y sentenciado por el asesinato de Ersélide Dávalos de Insaurralde (79), jubilada del Poder Judicial de Misiones en el mismo barrio Palomar.
En 2002 fueron detenidos por primera vez Vázquez (entonces de 19 años), que vivía en la misma cuadra que la víctima, y otros vecinos: Omar Jara (entonces de 20 años) y su pareja, Cecilia Rojas, de la misma edad.
Desde entonces, debió soportar una injusticia tras otra del Poder Judicial misionero. Sólo se tomó en cuenta que la tarde anterior al hecho Cristina pasó por la puerta de la casa de la víctima con una amiga y algunos testimonios contradictorios.
Pese a que les dictaron una falta de mérito y los liberaron, fueron detenidos nuevamente y condenados en 2010 a prisión perpetua por “homicidio calificado criminis causa”.
El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, pero fue apelado a la Corte Suprema, que en 2016 ordenó revisarlo integralmente, lo cual no se hizo y por eso volvió al máximo tribunal.
No obstante, recién el jueves 26 de diciembre de 2019 la Corte la absolvió, no sin antes lanzar una advertencia a la Justicia de Misiones acerca de la forma irregular en la que procedió para condenarla a ella y también a Cecilia Rojas.
La Corte consideró “que la causa resultó un ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo (en caso de duda, se debe resolver a favor del acusado) y que ello se debía a la revisión parcial y sesgada del fallo”.
En la Justicia misionera no hubo siquiera un mea culpa y todo continuó como si nada hubiera sucedido.
Eduardo Paredes, quien en su momento y como integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos y Género presentó ante el STJ un pedido de informe, la aplicación de medidas preventivas y sanciones por el caso Cristina Vázquez, afirmó que “el STJ nunca dio respuesta, es un caso más de la tragedia que es el Poder Judicial en Misiones”.
