“Revolución Libertadora”, así se autodenominó la dictadura militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional, clausurar el Congreso nacional y deponer a los miembros de la Corte Suprema mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años de gobierno, hizo entrega del mismo al presidente Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958.
El primer gobernante de facto de la Revolución Libertadora fue el general de división Eduardo Lonardi, quien fue sustituido el 13 de noviembre de ese mismo año por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu.
La “Revolución Libertadora” es materia de encendido debates sobre su justificación, en el marco de la oposición entre peronismo y antiperonismo. Históricamente, peronistas y antiperonistas se han acusado mutuamente de no proceder en forma democrática: el peronismo señalando la participación de los políticos antiperonistas en complots, actos terroristas e intentos de golpes de Estado y el antiperonismo señalando el proceder autoritario del gobierno, el control de los medios de comunicación y las acciones represivas.
Esos debates se atenuaron desde la instalación definitiva de la democracia en 1983 hasta la “grieta” abierta en la última década en la política y la sociedad argentina. Los gobiernos democráticos tendieron a no reconocer legitimidad histórica a ninguno de los gobiernos militares, incluida la Revolución Libertadora, y se abstuvieron de utilizar los nombres de sus gobernantes de facto para designar calles, edificios, plazas y otros espacios públicos, así como realizar actos de conmemoración de los golpes.
En sentido contrario, los nombres de los funcionarios del gobierno peronista derrocado en 1955, incluido el del presidente Juan Domingo Perón, han sido aplicados a diversos ámbitos públicos.
