Un condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas fue beneficiado el pasado martes 19 de noviembre con prisión domiciliaria para cumplir una condena por violar la ley 23.737 o de drogas. Lo llamativo del caso fue que el Juzgado de Ejecución Penal de este Tribunal revocó la medida 72 horas después tras la presentación, denuncia en mano, de la concubina del involucrado por haberla golpeado y amenazado.
El mismo viernes 22 de octubre, el acusado de 44 años debió abandonar el hogar familiar y retornar esposado a la unidad penal federal 17 en Candelaria.
La denuncia por violencia la radicó su pareja en el Juzgado de Paz de Primera Instancia de Itaembé Miní, jurisdicción donde se le había asignado el domicilio de cumplimiento de la prisión.
Pocos días después, la defensa del condenado solicitó nuevamente retomar el régimen de arresto domiciliario, esta vez bajo la tutela del padre del interno.
Los informes requeridos a la colonia penal de Candelaria fueron positivos nuevamente para el encartado y que el vínculo parental y afectivo con sus progenitores podía servir de contención. Los informes socioambientales siguientes favorecieron al encartado en este punto y la consulta posterior al fiscal Pablo Ricardo Di Loreto tuvo respuesta positiva.
Pero el representante del Ministerio Público solicitó que la decisión en la misma dirección no debía aprobarse sin la consulta previa a la esposa y víctima de la violencia ejercida por el condenado.
Tras las respectivas audiencias de la denunciante con el juez de Ejecución Penal del Tribunal Federal, Manuel Alberto Jesús Moreira, se pudo establecer que no se oponía y que consideraba oportuno que sus hijos pudieran mantener contacto con el padre con periodicidad.
De esta manera, el condenado recuperó (el miércoles pasado) el beneficio del arresto domiciliario, pero no podrá salir de la vivienda de sus padres en el barrio Libertador, portar una tobillera electrónica y cada salida para estudios médicos relacionados a su patología deberá ser comunicado al Tribunal.
