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Dos hogares de niños peligran por la suba de alquiler y subsidios insuficientes

Ante la crisis económica y como medida de emergencia dos hogares de niños y niñas comenzarán a funcionar en una misma casa de acogida.

28 mayo, 2022
HOGAR. A partir del mes que viene si no se soluciona la situación en el Hogar de niñas San José Obrero vivirán también los niños del Hogar Padre Mugica.

HOGAR. A partir del mes que viene si no se soluciona la situación en el Hogar de niñas San José Obrero vivirán también los niños del Hogar Padre Mugica.

La crisis económica no da tregua y no afecta únicamente a los trabajadores; sino también a los hogares convivenciales de niños y niñas que dependen de subsidios estatales (desfasados por la creciente inflación) para sobrevivir.

Este es el caso de los Hogares Padre Mugica (que alberga niños y adolescentes varones); y el San José Obrero (que alberga niñas y adolescentes), ambos dependientes de la fundación Tupá Renda; que, tras la inflación desmedida, las actualizaciones mensuales previstas por la ley de alquileres y los subsidios desactualizados que recibe del Estado; están por implementar una medida de última instancia: unir los dos hogares en uno a pesar de la falta de espacio.

Así lo confirmó a la FM 89.3 Santa María de las Misiones la directora de la Fundación Tupa Rendá, Eusebia “Neni” Valdez, quien además presentó una nota al Ministerio de Desarrollo Social que detalla en qué situación están trabajando y cuál es la ayuda que necesitan para seguir siendo refugio y vivienda de cinco niños y nueve niñas.

“La gota que rebalsó el vaso es que, con la nueva ley de alquileres, la casa de las niñas tuvo un reajuste anual que corresponde al 60%, con lo cual se nos iría de 55 mil a 84 mil pesos; y la casa de los varones vence el contrato y de 60 mil prácticamente se nos va a 100 mil pesos, así que no podemos renovar”, indicó Valdez.

Esta situación los llevó a tomar una medida drástica que, según la Directora, podrán sostener solamente hasta fin de año, ya que es ahí donde habrá un nuevo ajuste del alquiler que suponen superará los 100.000 pesos. Aparte, estar limitados en cuanto a espacio les impedirá admitir a nuevos ingresantes, salvo que alguno egrese y deje libre una vacante.

“No nos estamos entregando y bajando los brazos, lo que estamos haciendo es tratar de continuar con lo que tenemos”, afirmó.

Por otro lado, explicó que mediante los subsidios provinciales (que se cobran a año vencido sin actualización) y la ayuda de la municipalidad sólo llegan a solventar una parte de los gastos ya que no solamente se trata de alquiler sino de pagar a los ocho cuidadores, los servicios, la alimentación, el combustible, vestimenta.

Necesidades que, por el momento, alcanzan a cubrir gracias a las donaciones sociales a cargo de los voluntarios.

Respecto a eso, “es imposible hacer frente a todo, las ONG son las que ayudan a cumplir al estado su función, porque recordemos que todos los niños que tenemos son chicos que el Estado retira de sus familias hasta que se resuelve su situación”, señaló.

En esa misma línea ante la consulta, la directora de Tupá Rendá explicó que el tiempo que permanecen los niños y niñas dentro del hogar convivencial es muy variable, “tenemos chicos que estuvieron ocho años hasta que cumplieron la mayoría de edad y otros que se quedaron seis meses y el estado resolvió su situación”.

“Cada fin de mes estar con Jesus en la boca porque ni si quiera llegábamos a pagar los cuidadores teníamos que pedir prestado dinero para llegar”, indicó.

 

Una posible solución

Ante esta situación crítica, una de las posibles soluciones que plantea la fundación Tupa Rendá al Ministerio de Desarrollo Social Provincial es que el estado les ceda dos casas en predios contiguos, en un barrio como por ejemplo Itaembé Guazú que está en pleno desarrollo; y así poder compartir los espacios en común como el patio y el comedor, conservando el sector de niños y de niñas separado “en Itaembé Guazú hay escuelas, hospitales y todo lo que necesitamos, no vamos a gastar en combustible porque en el centro por ejemplo, nos cuesta movernos hasta los CAPS por un turno, se nos facilitaría muchísimo si tenemos todo cerca. Además tiene que ver con una cuestión de seguridad”, finalizó Valdez.

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Tags: AlberguesCrisisFM89.3Fundación Tupá RendáHogar de Niños y NiñasInflación
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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