Un contundente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) marca claramente cómo los discursos cargados de buenas intenciones terminan siendo “humo” en la práctica, cuando de beneficiar a los jubilados se trata.
La conclusión es que, a un jubilado o pensionado que cobra el haber mínimo, que en la actualidad es de $60.124 mensuales, habría que pagarle en estos días un monto de $452.000 para compensar su pérdida acumulada de poder adquisitivo. Esto sería equivalente a pagarle las 6,7 jubilaciones mínimas de poder adquisitivo del año 2017.
Después de este estudio, cada afirmación que se escucha a los funcionarios sobre que los jubilados le empatan o ganan a la inflación, suena a “tomada de pelo”. Está clarísimo que este sector que trabajó muchos años para poder vivir dignamente sus últimos años, no lo puede hacer porque a ningún gobernante le interesa ayudarlo a que se cumpla el objetivo.
El IARAF sostuvo que “la inflación genera un gran daño a todas las personas de la tercera edad de nuestro país, dado que sus jubilaciones nominales avanzan mucho menos. La pérdida de los últimos cinco años es muy significativa”.
Como país debería darnos vergüenza, indignarnos, reclamar por un presente tan duro para nuestros padres, tíos, abuelos, que aportaron a la ANSeS tanto dinero y mendigan un aporte que no les alcanza siquiera para llegar a fin de mes.
Sería también un aporte para el futuro de quienes, en algún momento a corto o mediano plazo, les tocará atravesar la misma situación. Salvo que sea un funcionario con una jubilación de privilegio, al que probablemente no le interese un solo renglón de las tremendas conclusiones a las que arribó el IARAF.
Este 2022 quedará marcado a fuego no sólo por una inflación de tres dígitos latente sino por el impacto que implica para la calidad de vida de los pasivos, a los que mucho se les promete y poco se les cumple.