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Exigen retrotraer la suba del boleto por las infracciones del Grupo Z

Usuarios autoconvocados de distintos barrios de la zona metropolitana, afectados por las deficiencias del servicio, que suma ahora un fuerte incumplimiento de frecuencias, se plantean un plan de lucha.

31 julio, 2023

A un día para que entre en vigencia el segundo aumento del boleto que llevará el valor del pasaje a 90 pesos para los usuarios posadeños, vecinos autoconvocados afectados por los constantes incumplimientos del servicio exigirán que los valores incrementados se retrotraigan a los del mes de junio, cuando el costo con SUBE era de 50 pesos.

“Somos cientos de vecinos autoconvocados, quienes no respondemos a ninguna bandera política ni a ningún interés de terceros, pero muy dispuestos a reclamar y a golpear todas las puertas hasta las últimas consecuencias, porque las empresas ya fueron escuchadas y recibieron 200% de incremento. Es hora que nos escuchen a nosotros”, advirtió la presidenta barrial de Las Lomas, Miriam Amarilla, una de las voceras de los autoconvocados nucleados bajo el nombre “Los usuarios somos Pueblo”, que reúne a usuarios que utilizan el transporte público en la zona metropolitana.

La iniciativa se sustenta en la “falta de compromiso y desacato por parte del Grupo Z”, que engloba a las empresas prestatarias del 90% de las líneas que prestan servicio en la zona metropolitana.

El primer objetivo que se plantearon es lograr ser recibidos y escuchados por los intendentes de las tres comunas donde el Grupo Z tiene la concesión, por la Legislatura provincial y en la Casa de Gobierno.

“Seguimos con las frecuencias reducidas que nos aplicaron ‘de prepo’ antes de las vacaciones de invierno, cuando las empresas del Grupo Z estaban presionando por un aumento en las tarifas y en los subsidios. Una vez que lograron todo esto, porque ellos sí fueron escuchados, nosotros quedamos a un lado y con un boletazo”, acotó Amarilla, quien agregó: “Jamás se preocuparon (desde la empresa) por cumplir con el contrato de concesión, dejando en evidencia el manejo discrecional que tienen los dueños de las líneas urbanas que dan servicio en Posadas, Garupá y Candelaria”.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la mujer enumeró una larga lista de deficiencias de vieja data que las empresas del Grupo Z “jamás se preocuparon por resolver”, acusó.

“Los vecinos que vivimos en los barrios seguimos sufriendo por vernos obligados a viajar en unidades en extremo obsoletas, que tienen los pisos rotos y las puertas rotas y que son un peligro real para los pasajeros. Desde que sacaron las frecuencias no volvieron a normalizarlas en los barrios, seguimos sin colectivos nocturnos. Las unidades siempre están mugrientas, ninguna tiene aire acondicionado, los asientos que se desprenden jamás se reparan y somos rehenes de un servicio que culmina a las 10 de la noche”, enumeró acerca de los reclamos.

 

La extensión del QR estático

Otra batalla que piensan dar y que Amarilla anticipó a este Diario tiene que ver con resolver de una vez por todas el viejo reclamo por el problema con la no emisión de las tarjetas SUBE, que obliga a algunos pasajeros a pagar el pasaje sin subsidio o a bajarse la aplicación en el celular.

“Ahora se logró la opción del QR estático (pero) está restringido solo para menores, ancianos y personas con discapacidad. Evidentemente, si lo pueden hacer con ellos, nos pueden beneficiar a todos y vamos a luchar para conseguirlo. Es una opción para quienes no pueden acceder al plástico y debería extenderse a toda la población”, sugirió.

El problema de los puntos para recargar la SUBE y el tope de crédito que se puede adquirir tampoco mejoró en nada tras el tarifazo de julio. “Seguimos con muy pocos lugares para cargar la tarjeta y el tope sigue siendo de $600, pese a que subió el costo y ese crédito no alcanza para nada. Nos quedamos a cada rato sin límite y encima no solo no hay lugares para comprar: la recarga el sistema cae a cada rato y nos vemos obligados a pagar de más. Ni hablar de que, pese a estar obligados por ley, jamás permitieron que llegue la SUBE Nacional, que la estamos esperando desde 2014, porque nos traería beneficios que no tenemos y que necesitamos”, se quejó.

“NOS DAN LOS COLECTIVOS MÁS VIEJOS”. El estado de las unidades es otro de los grandes reclamos en los barrios.

Padecimientos

En su relato, Miriam Amarilla, contó el calvario de las personas con discapacidad, quienes son revictimizadas a diario cuando intentan tomar un colectivo, ya que todos los días deben salir a la calle a la espera de que algún chofer se apiade de su condición para dejarles abordar la unidad, si es que por ejemplo se requiere viajar con la silla de ruedas, ya que implica tiempo alzar a la persona con discapacidad, subirla y luego subir la silla para poder hacer el viaje.

“La estación Quaranta no tiene rampa para personas con discapacidad, a ese nivel son abusivos”, comentó la mujer.

 

Sigue sin haber SUBE

“Tenés que bajarte la aplicación en tu celular y usar ahí”. Esa es la respuesta que cada día oyen los vecinos del área metropolitana que deben asistir ante el Centro de Atención al Cliente del Grupo Z en el Shopping posadeño por problemas con las tarjetas SUBE.

Muchos de los usuarios que llegan a ese lugar lo hacen porque sus tarjetas o la de sus hijos dejaron de funcionar de manera sorpresiva. “Se habrá caído o mojado”, les dicen del otro lado de la ventanilla en una respuesta que no convence a nadie.

La empresa alega que no puede emitir nuevas tarjetas porque no accede a un componente empleado en la fabricación del chip que utilizan esos plásticos.

Sin embargo, una situación similar ocurría a principios de año con la SUBE Nacional (que el Grupo Z se resiste a implementar en la provincia), pero la misma fue resuelta hace bastante tiempo, según informó el propio Ministerio de Transporte.

“Actualmente, existe un stock fluido de tarjetas”, señalaron desde dicha cartera nacional.

Mientras tanto, en Misiones los usuarios se ven obligados a usar el código QR o, en su defecto, a pagar más caro en efectivo.

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Tags: #PosadasboletazoColectivosGrupo ZTransporteUsuarios rehenes
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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