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El plan de Milei: reforma laboral, anulación de paritarias, seguro de desempleo y multas a los gremios

El nuevo gobierno impulsará un nuevo sistema para eliminar las indemnizaciones, la libre contratación y una drástica reducción del personal estatal.

28 noviembre, 2023

Si bien la situación económica es la que acapara la mayor atención, la problemática laboral no es menor, con un gobierno que deja paritarias a cielo abierto por efectos de la inflación y más de un 40% de trabajadores y trabajadoras no registrados.

Para el presidente electo Javier Milei, la relación con los sindicatos no es una preocupación, aunque advirtió que en caso de conflictividad social, va a usar “toda la fuerza de la ley porque el orden se respeta” y “dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”.

En sus primeras definiciones, Milei anunció privatizaciones y la paralización de la obra pública, lo que se traduce en despidos. De allí la reacción de la CGT, las dos CTA y gremios como la construcción (UOCRA), viales o los estatales de ATE, ante la posibilidad de que el personal de la administración pública no cobre el aguinaldo.

Más allá de estas declaraciones, La Libertad Avanza (LLA) tiene un proyecto de reforma laboral que guarda varias coincidencias con el PRO. Quizás, en mayor medida, la excandidata presidencial, Patricia Bullrich tiene una disputa con el sindicalismo en general y la familia camionera en particular (Hugo y Pablo Moyano). En lo que coinciden los dos espacios es en que aplicarán todo el rigor de la ley en cortes de calles y rutas y en los bloqueos a las fábricas.

 

Gremios en alerta

En este aspecto, la idea libertaria es ir a fondo con multas a los sindicatos y hasta la quita de la personería gremial. Hasta se está pensando en un cuerpo especial antipiquete, aunque recién se daría a conocer una vez que asuma la nueva administración.

Para esto y mucho más se necesitan ejecutores y Milei parece haberlo encontrado en la figura de Omar Yasin, el nuevo secretario de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano, que encabezará Sandra Pettovello. Yasin fue funcionario del ministro de Trabajo Jorge Triaca en el gobierno de Mauricio Macri. Allí se desempeñó como director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

El futuro titular de la cartera laboral es un reconocido especialista en derecho laboral, profesor adjunto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA y subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Durante la campaña electoral integró el equipo de expertos laboralistas que elaboraron los planes del área para Patricia Bullrich y fue uno de los referentes de la Confederación de Trabajadores y Emprendedores (CTE), que encabeza el sindicalista Marcelo Peretta.

Para marcar su línea de pensamiento basta con remontarse a octubre pasado, cuando fundamentó su rechazo a los proyectos para reducir la jornada de trabajo ante la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados.

 

Fondo de Cese Laboral

El subsecretario de Trabajo de Yasin será Horacio Pitrau, en este caso un abogado penalista que fue secretario de Trabajo de Triaca, luego de que Macri desplazó a Ezequiel Sabor cuando la CGT, liderada por Hugo Moyano, hizo su primera movilización en agosto de 2017. En el equipo de Bullrich, Pitrau fue el autor de varios de los proyectos de la reforma laboral que planeaba aplicar la candidata presidencial de Juntos por el Cambio en caso de llegar a la Casa Rosada.

Yasin y Pitrau coinciden con Milei en la creación de un “Fondo de Cese Laboral” para pagar las indemnizaciones, casi idéntico al que se aplica en la construcción.

La idea es crear un fondo general para armar un fideicomiso en el que se depositaría el dinero para indemnizar a los trabajadores. Aquí es cuando se abre la puerta a un negocio en el que pueden entrar las aseguradoras y hasta la participación de alguna organización gremial. Algunas fuentes señalan que el gastronómico Luis Barrionuevo se había postulado para el armado de lo que se denominaría “Seguro de Desempleo”.

En septiembre pasado, Milei y Gerardo Martínez, titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) mantuvieron una reunión en secreto que rápidamente trascendió. El sindicalista aclaró que el libertario “quería interiorizarse de primera mano cómo es el sistema (de indemnizaciones) de la construcción”. Apuntó además que “no quiere hacer una reforma laboral; no es el capítulo que más le interesa; el capítulo que más le interesa es el tema de la macroeconomía y cómo bajar los índices de inflación”.

El que aplica UOCRA

El sistema de la UOCRA se basa en la Ley 22.250. Quienes emplean a obreros de la construcción tienen la obligación de aportar mensualmente a un fondo de desempleo desde el comienzo de la relación laboral. En el primer año de trabajo, el aporte es equivalente al 12% de la remuneración mensual y, a partir del año de antigüedad, del 8%.

Los fondos son aportados por las empresas e ingresados en una cuenta bancaria especial denominada Fondo de Cese Laboral para los Trabajadores de la Industria de la Construcción, inembargable y que genera intereses.

Cuando la relación laboral termina por la finalización de la obra, renuncia o despido, el empleador debe darle al trabajador esos fondos con un formulario que detalla los aportes y la tarjeta bancaria para retirarlos.

Cabe recordar que en su plataforma electoral, La Libertad Avanza propone una nueva Ley de Contrato de Trabajo sin efecto retroactivo, que elimine las indemnizaciones en despidos sin causa para sustituirlas por un sistema de seguro de desempleo que limite la litigiosidad. Es el esquema vigente en la construcción. Además promete reducir las cargas patronales, promover la libertad de afiliación sindical y la limitación temporal de los mandatos sindicales.

 

Diversos criterios

Según fuentes libertarias, varios de estos puntos ya no forman parte de la agenda de Milei, quien en tiempos de alianza con Barrionuevo no condenó la reelección indefinida de los sindicalistas y afirmó que “ese es un problema que tendrán que encontrar la solución los trabajadores. No tengo que estar rompiendo yo una institución”.

El tema es si estos dichos se sostienen, ya que Yasin coincide con Bullrich en una profunda reforma laboral que le quite a los sindicatos desde poder de fuego con las medidas de fuerza, hasta en materia económica, quitándoles desde la administración de las obras sociales hasta la libertad de creación de gremios, atomizando la representatividad. Inclusive se piensa en habilitar la gremialización por empresa.

Mucho de lo que se hará en materia laboral estará directamente ligado con la decisión de Milei. Si prefiere llegar a un pacto de gobernabilidad con el sindicalismo, tendrá que hacer algunas concesiones. Si pretende ir a fondo, sin gradualismos, entonces necesitará fortalecer la alianza con sus funcionarios de la secretaría de Trabajo y la nueva ministra de Seguridad.

Eliminar todas las paritarias y menos empleo en el Estado

Por otra parte, para atender las demandas de un 40% del universo laboral precarizado, el nuevo gobierno piensa en un plan “libre contratación”, que implicaría que las empresas puedan negociar de forma directa con el trabajador el monto del salario, sin regulación, sin convenios colectivos de trabajo de por medio; es decir, sin la participación de los gremios, eliminando las paritarias.

En más de una oportunidad, Milei sostuvo que “la regulación laboral argentina es arcaica, y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo”.

También condenó a la “casta sindical”, aunque en este caso con una mirada sesgada sobre quienes lo apoyan y los dirigentes que amenazan con protestas.

En cuanto a la administración pública, los libertarios proyectan una reducción “drástica” de personal, que comenzará con el despido de los cargos políticos y la jubilación de quienes cumplan con los requisitos. A estos últimos les pedirán que aceleren los trámites.

También abrirán los retiros voluntarios y planes de capacitación para que se incorporen a otras actividades. Una vez cumplido esto se hará una evaluación sobre las plantas en las distintas áreas y, en caso de ser necesario, se recurrirá a las cesantías.

 

“Desregular el mercado laboral”

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Alberto “Bertie” Benegas Lynch afirmó este domingo que “la reforma del Estado y la reforma fiscal” serán las prioridades legislativas del Gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Radio La Red, Benegas Lynch dijo que su trabajo se enfoca en la actualidad en la futura agenda parlamentaria y a la espera de “las sesiones extraordinarias que sugiera Javier (Milei) con las prioridades y batallas que él quiera dar y que necesite someter a consideración del Poder Legislativo”.

Al marcar las prioridades, el diputado electo puntualizó que se trata de “la reforma del Estado y la reforma fiscal”.

Agregó que otro eje inicial será “desregular y modernizar el mercado laboral y luego, abrirse al mundo, competir, y en paralelo la reforma monetaria”.

“Ese es el plan de gobierno de Javier Milei al corto plazo, empezando por presentar en el Congreso la reforma del gasto de la política y la reforma fiscal”, agregó.

Resaltó que el presidente electo “ha hecho una presentación formal del plan de Gobierno y ha proyectado la Argentina de acá a 35 años, con tres generaciones de reformas”.

En esa línea, precisó que “las reformas de tercera generación, de acá a 20 años, como es el caso de los vouchers de educación, no son un tema para tratar ahora”, y que “en cambio, la prioridad en el tema educación es la desregulación burocrática y de contenidos, y es a través de sacarle la burocracia y la cosa verticalista desde un Ministerio de Educación”.

Benegas Lynch dijo que el foco no estará puesto en dar de baja los planes sociales, a los que describió como “la herramienta climax de feudalismo político”.

 

Obra pública: alerta por despidos

El inminente parate a la obra pública que ya anticipó el presidente electo Javier Milei aceleró los despidos en ese segmento y la preocupación gobierna entre los trabajadores y las mismas empresas. A la situación de cesantías que tiene lugar en Vaca Muerta en las últimas horas se sumaron recortes de puestos laborales en Tucumán y Santa Cruz. Al mismo tiempo, desde la representación sindical en Vialidad se indicó que, de paralizarse por completo la inversión en obra pública, se perderían al menos 200.000 empleos. En el sector de la construcción se da por descontado que habrá medidas de fuerza por parte de gremios como UOCRA.

“Hay 3.000 obras activas y, si se para la rueda, están en peligro 200.000 puestos de trabajo que genera la obra pública y otros 300.000 que genera la cadena de valor. Si la rueda se para, la contratista deja de cobrar y lo primero que hace es recortar desde el lado de los sueldos. Una obra que se para empieza a tener un desgaste y nos termina saliendo más caro”, dijo al respecto Fabián Cattanzaro, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional.

El representante sindical sostuvo que Milei busca “cambiar la forma de gestionar” la obra pública, en lugar de proponer un cambio real de modelo.

Según Cattanzaro, “aunque una ruta la haga un privado va a ser pública y se banca desde lo público. Nos proponen volver al sistema nefasto de concesiones y a la participación pública privada que ya tuvimos hace cuatro años”.

En simultáneo, las novedades de despidos se multiplican en el interior del país. En la zona norte, más precisamente en Tucumán, la firma BTU SA cesanteó a 21 personas que realizaban obras de renovación de vías en Las Cejas. La compañía en cuestión contaba con un año más de contrato, pero tras lo anticipado por Milei da por hecho que su actividad concluirá antes de que concluya 2023.

“Algunos compañeros se pusieron en contacto con nosotros y solo firmaron cuatro la desvinculación, veremos qué sucede con el resto porque este lunes haremos una presentación ante la Secretaría de Trabajo de la provincia para ver si se puede revertir la situación”, declaró al respecto David Acosta, secretario general de UOCRA filial Tucumán.

Fuente: Agencia de Noticias y Medios Digitales

Tags: ArgentinagremiosJavier MileiMultasParitariasReforma Laboral
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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