Tras formalizar la expulsión de Germán Kiczka, y con el apoyo del oficialismo y gran parte la oposición, la Legislatura de Misiones aprobó la adhesión al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno nacional, en un intento por generar recursos coparticipables para la provincia.
La iniciativa fue girada la Cámara de Representantes a finales de la semana pasadas por el gobernador, Hugo Passalacqua, quien pidió eximir a los “perdonados” en repatriar capitales del pago de Ingresos Brutos, hasta el 30 de abril de 2025 con pedido de facultades para una prórroga. A este texto, se le sumó otra de la diputada radical Lilian Torres.
El dictamen tuvo el acompañamiento de los legisladores renovadores y de Juntos por el Cambio. Sin embargo, fue rechazado por Cristian Castro y Blanca Álvez que componen el bloque del Frente Agrario y Social (PAyS), hoy la fuerza más representativa del peronismo kirchnerista en la Legislatura.
De esta manera, la tierra colorada se convirtió en la octava provincia del país en adherir Ley Nacional N° 27.743, de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, denominado Régimen de Regularización de Activos.
El miembro informante, José Luis Pastori, recordó que la medida estará vigente hasta el 30 de abril de 2025, con pedido de facultades para el Ejecutivo provincial de realizar una prórroga.
Además, resaltó que existe una diferencia con la última ley de blanqueo de 2018 y es que en esta oportunidad, el blanqueo es coparticipable por lo que aumentaría los recursos de la provincia.
A su turno, Torres indicó que este proyecto busca “facilitar la regularización de activos, mejorar la recaudación fiscal asegurando una mayor coherencia y armonización entre las normativas que existen entre Nación y Provincia”. “Beneficia tanto a los contribuyentes, como a las arcas de las provincias”, agregó.
Esta medida fue un pedido del presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en una entrevista con FM 89.3 de las Misiones, el mes pasado. En la misma nota, Alfredo González sostuvo que “de nada sirve tener una Ley de Blanqueo nacional y en las provincias que cobren tributos municipales y provinciales”.
Con la normativa de la Legislatura, los Municipios podrán hacer lo mismo para eximir del pago de tasas a los que opten por el blanqueo sancionado por el Congreso nacional.
El proyecto
Cabe destacar que, la adhesión al blanqueo. alcanza a los sujetos residentes fiscales en el país al 31 de diciembre de 2023 y las personas humanas no residentes que hubieran sido residentes fiscales en el país antes de esa fecha.
En su texto, Passalacqua explicó que “el citado Régimen está dividido en tres etapas, contemplándose para cada una de ellas el periodo para realizar la manifestación de adhesión, el pago adelantado obligatorio, la presentación de la declaración jurada, el pago del impuesto especial de regularización y la alícuota aplicable”.
Además, señaló que “contempla supuestos especiales de exclusión de la base imponible y pago del impuesto especial de regularización, para el dinero en efectivo en el país y en el exterior, para el dinero depositado en cuentas bancarias del exterior y títulos valores depositados en entidades del exterior, los cuales quedan sujetos a las reglas especiales establecidas en la citada norma”.
Cabe remarcar que el artículo 42 de la Ley 27.743 invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, “adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”.