Tras la apelación realizada desde Argentina, la Corte Suprema del Reino Unido decidió rechazar el pedido y ahora el Estado nacional deberá pagar 1.300 millones de euros a bonistas por la manipulación de las estadísticas públicas.
Según consta en el expediente, la demanda se origina por cuatro fondos de inversión con tenencia de títulos emitidos en el canje de 2005. En este procedimiento, se les otorgaba a los acreedores el beneficio de cobrar un adicional en caso de que el PBI de Argentina creciera por encima del 3,3% anual.
De acuerdo al argumento de los litigantes, la Argentina modificó los datos del PBI del 2013 justamente para no sobrepasar el techo establecido y tener que pagar el acuerdo previo. Sucede que, en el último trimestre de ese año, cambió la fórmula para calcularlo y cerró en un 3,2% en alza. Con todo esto, se presentaron ante los tribunales de Londres y obtuvieron una sentencia favorable.
En aquel entonces, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía fue Axel Kicillof y también se acusó de tener injerencia en la modificación de los datos estadísticos del INDEC al por aquel entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
A través de su cuenta de X, el especialista Sebastián Maril explicó que “Argentina pierde la apelación en la Corte Suprema del Reino Unido en caso Cupon PBI. Ahora los beneficiarios ejecutarán garantía por 313 millones de euros que Argentina depositó en marzo con una Carta de crédito emitida por el Santander”. A su vez, señaló que “el gobierno de Javier Milei deberá decidir si abonará el fallo de 1.330 millones de euros más intereses”.