Sin dar ningún tipo de explicación y como si fuera el dueño de los recursos municipales, el intendente Luis “Lucho” Ripoll, al viernes 13 de diciembre, no les había depositado el sueldo a los 17 empleados del Concejo Deliberante ni a los siete concejales. Solo cobraron dos trabajadores de planta permanente.
Se cree que esa decisión totalmente arbitraria y feudal, es una represalia por el resultado de la elección de presidente del cuerpo, que se desarrolló la semana pasada y en la que se impuso por cuatro votos Miguel Rauber, renovador de otra línea interna, sobre José Peralta, que era el candidato del intendente.
La situación ya es totalmente desesperante para algunas familias y debido a esto, el presidente del Concejo realizó una colecta el pasado viernes en la que logró juntar algunos bolsones de mercadería para asistir a los empleados, cuyos sueldos de 300 mil pesos en promedio, ni siquiera le daban para llegar a fin de mes. Y ya pasaron dos semanas.
“Se está metiendo con la comida de la gente que trabaja todos los días, está enojado porque perdió las elecciones del Concejo y le castiga a la gente”, dijo un dirigente opositor sobre la situación.
Desde el Concejo llamaron a algunos funcionarios del Gobierno provincial para que intercedan, pero aseguran que Ripoll tiene cortada la comunicación desde hace meses.
Lo más indignante es que el Concejo Deliberante tiene el presupuesto aprobado y lo que ejecutó este año ni siquiera llegó a completar el total estimado. Quiere decir que le queda dinero pendiente para utilizar, pero el Ejecutivo es el que tiene el manejo de los recursos y tiene el poder de autorizar o retener los pagos.
Más allá de que sea el Municipio el que recaude y libere los fondos, la independencia de poderes le obliga al intendente a respetar la autonomía del Concejo, cosa que no está realizado, poniendo en riesgo la democracia municipal.
Algunos concejales están analizando la idea de impulsar un juicio político, pero otros advierten que sería una pelea de pobres porque el intendente tiene decenas de familias a las que maneja políticamente y que ya utilizó en algunas ocasiones para “apretar con reclamos” a los concejales cada vez que sancionaban alguna ordenanza que no era de su agrado.
La tensión política entre Ripoll y Rauber comenzó el año pasado, cuando el concejal apoyó a Rolo Roa como candidato a intendente y ambos armaron un sublema para enfrentar al enquistado alcalde. Ripoll ganó por pocos votos y desde ese momento Rauber se posicionó como el opositor más riesgoso para las intenciones de entronizarse en el poder.
Los Ripoll vienen manejando el municipio desde hace más de 20 años, primero con Raúl Ripoll, padre del actual intendente, y ahora mediante “Lucho”. Sus familiares y parientes están casi todos contratados y ocupan lugares claves en la administración municipal.
En las sucesivas elecciones no obtiene más del 20 o 25% total de los votos, pero gracias a la ley de lemas, los otros candidatos renovadores le suman a su sublema, y termina consiguiendo el triunfo sin llegar a recibir el apoyo ni siquiera del 30% del electorado.
El conflicto se agudizó hace dos meses cuando el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza para incrementar el sueldo a sus empleados, quienes no ganan más de 300 mil pesos, y para mejorar la dieta de los concejales, que tampoco superan los 400 mil pesos.
El Intendente vetó la ordenanza y negó la mejora sin dar explicaciones, pero al mismo tiempo, mandó un grupo de empleados y funcionarios municipales a increpar a los concejales acusándolos de querer aumentarse el sueldo a espaldas de los trabajadores municipales.
Argumentaron que no hay recursos para pagarle un aumento a todos y por eso no se le mejoró a nadie. Los seguidores de Ripoll intentaron poner a los municipales en contra del Concejo con esa maniobra.
Sin embargo, ese aumento impulsado por los concejales todavía estaba dentro de su presupuesto anual, con lo cual no estaban ampliando el presupuesto ni excediéndose en los gastos presupuestados.
Lo cierto es que, para la semana próxima, si el Intendente sigue con esta actitud de no pagar el sueldo, analizan una denuncia penal o la presentación de un pedido de una comisión investigadora en el Concejo Deliberante.
