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“Cada vez más personas viven en hogares que deben recortar gastos en alimentos”

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierte un aumento en las dificultades de amplios sectores para acceder a la comida, aún con el descenso en la cantidad de pobres generado por la baja de la inflación.

24 diciembre, 2024

La proyección de los datos de pobreza que publicó esta semana el Ministerio de Capital Humano reflejó una baja sustancial en el tercer trimestre.

Según ese informe, que intenta anticiparse al dato que el INDEC publica en forma semestral, la pobreza se ubicó en el 38,9%, casi sin cambios en relación al tercer trimestre de 2023, pero mucho más abajo del 54,8% del primero de este año.

Pero ese descenso, ligado en forma directa al descenso de la inflación, puede no implicar una mejora en la calidad de vida de millones de hogares más desfavorecidos que empeoraron su situación durante el último año en lo más básico.

Por las dificultades económicas debieron resignar la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen.

De esa forma, el Índice de Inseguridad Alimentaria, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, exhibe en el tercer trimestre el peor desempeño de la última década, superando cualquier otro pico de inflación e incluso la profunda recesión de la pandemia.

“No hay mucho para festejar”, explica Agustín Salvia, director de la entidad. 

“Persisten privaciones injustas, ya que cada vez más personas viven en hogares que deben recortar gastos en alimentos por no tener ingresos suficientes. Esta situación afecta a más del 30% de los niños y niñas del país”, dijo para explicar algunos datos dramáticos de quienes no acceden a una alimentación adecuada.

Incertidumbre 

A través de una serie de encuestas se evalúa la dificultad de las personas para acceder a alimentos adecuados por razones económicas. Se clasifica en dos niveles. 

En la inseguridad alimentaria moderada, “las personas enfrentan incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos o se ven obligadas a reducir la calidad y cantidad de los mismos”.

En la inseguridad alimentaria severa, en cambio, “las personas tienen una falta grave de acceso a alimentos, incluso pasando días sin comer”.

Ambos indicadores se mantuvieron altos a pesar de la baja de la inflación. Salvia explica por qué: “La medición de pobreza por ingresos es una pobre medida para evaluar las privaciones económicas o los recursos económicos a los que acceden los hogares. Es una comparación de una canasta contra un ingreso. Pero la necesidad de los hogares se mueven de muchas maneras distintas”.

“Uno de los fenómenos que ha ocurrido es que aumentaron los costos fijos, por ejemplo, en comunicación, salud, gas, agua, luz, transporte y otros servicios. Eso hizo que aunque los hogares tuvieran más plata, la destinaron a pagar más dinero por los servicios”, explicó.

Este escenario significó, según Salvia, “más costos fijos y menos capacidad de consumo de otros bienes”. Y entre esos otros bienes que no se pueden comprar, también está la comida. “Se va reduciendo la capacidad de consumo en alimentos, aunque es lo último que se trata de reducir. Pero finalmente se hace y se produce este efecto.

“No hay nada para festejar”

En base a este criterio, que evalúa la necesidad de las familias de reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consume por razones económicas, el experto asegura que “no hay nada para festejar” en la reducción de la pobreza. “La inseguridad alimentaria es una medida mucho más directa, precisa y fiable para medir la pobreza real de la Argentina”, señaló Salvia.

Aún tratándose de proyecciones a la espera del dato definitivo del INDEC, Salvia convalida la idea de que la desaceleración de la inflación, en efecto, hizo bajar la pobreza a lo largo del último año. Y al mismo tiempo, advierte que las prestaciones sociales, como la AUH o la Tarjeta Alimentar, impactan sobre la indigencia, no sobre la pobreza.

“El efecto de los programas sociales sobre la población de clase media que cayó en la pobreza es casi nulo, porque no son beneficiarios de esos programas. Más aún, los rechazan en términos generales”, explicó.

De esa forma, la reducción de la pobreza por la vía de la baja de la inflación es evidente y, explica Salvia, puede seguir por algunos meses más. Luego, encontrará un límite si la actividad económica no deja atrás la etapa del rebote para encontrar un sendero de crecimiento.

“Estamos en un piso estructural de pobreza e indigencia”

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, espera que la pobreza siga con tendencia hacia la baja pero con una estabilización en un nivel no muy lejano al del tercer trimestre.

“Habrá que ver si en el primer semestre de 2025 hay un proceso de reactivación efectiva de la economía, que cree empleo. Si eso ocurre, sumado a la caída de inflación, sería relativamente fácil llegar al 35% o 33%. Pero si solo contamos con la baja de la inflación, la pobreza tenderá a estabilizarse y las caídas serán mucho más pequeñas que las que hemos registrado hasta ahora”, explicó.

Para bajar la pobreza, ese proceso de reactivación debe incluir un aumento del consumo y una mayor demanda de empleo en la pequeña y mediana empresa, entre otros elementos. “Hasta ahora no tuvimos reactivación, tuvimos estabilización”, afirmó Salvia.

Ante ese escenario, Salvia reafirma que “lo único que hay para festejar es que efectivamente salimos de la crisis, pero encontramos un piso estructural de pobreza e indigencia que no será fácil de roer. Podrá bajar cuatro o cinco puntos más, pero que va a encontrar un piso cerca del 35%”.

Tags: indicadoresRecorte gastos alimentosUCA
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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