La familia de una mujer de 94 años que vivía sola y, hasta hace pocos meses se manejaba en forma independiente, denunció ante la Justicia Penal a un oficial de Gendarmería Nacional por apropiación de las tarjetas de acceso a la jubilación mínima y de la pensión por Gendarmería de la anciana.
Además, luego que la nonagenaria fuera diagnosticada en noviembre pasado con demencia senil, acudieron a la Justicia de Familia para que ésta designe a su único hijo como “apoyo provisorio” para la administración de sus recursos para garantizar su atención y preservar su bienestar general.
Paradójicamente, pese a que la Justicia de Familia resolvió a favor del pedido de la familia el 27 de diciembre, Gendarmería Nacional aún no culminó el trámite burocrático administrativo para que el hijo de la anciana pueda acceder a su pensión.
“Mi abuela vivía de la jubilación mínima y era de ahorrar su pensión, que es un monto bastante mayor, pero la verdad no sabemos con qué dinero nos encontraremos en su cuenta que está congelada desde octubre”, indicó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN una de sus dos nietas, Luciana Mieres, quien oficia como abogada de su papá y único hijo de la anciana.
Por esta demora en el cumplimiento de la resolución judicial, la familia Mieres no puede disponer de los ingresos de la anciana para hacer frente a su cada vez más delicado estado de salud. De hecho, en noviembre, debió ser internada en la Clínica Arandú (“donde tuvimos que pagar 500.000 pesos para el ingreso”), luego tuvo un cuadro de neumonía que determinó su internación en el Sanatorio Caminos, luego del alta la llevaron al geriátrico Padre Pío y hace una semana volvió a ingresar internada por un cuadro respiratorio.
“Entraba y salía de su casa, y cobraba su sueldo”
“Ella siempre vivió sola y era muy lúcida, desde el año pasado comenzó con dolores físicos por el tema del reuma pero siempre se negó a que una persona esté con ella para asistirla y no concebía la idea de internarse en un geriátrico. Su situación de salud fue empeorando hasta que en octubre comenzó a desvariar, nos decía que tenía que ir a trabajar, que su hijo acababa de nacer y otras cosas que evidenciaban que no estaba bien”, contó Luciana Mieres.
“Lo más alarmante es que mi abuela hizo entrega de sus tarjetas de cobro, tanto de la jubilación como de la pensión, al gendarme que luego denunciamos ante la Justicia. Mi abuela es pensionada de Gendarmería Nacional y, según pudimos averiguar después a través de testimonios de los vecinos, este gendarme entraba y salía del domicilio de mi abuela siempre con cosas y también cobraba su sueldo por ella”.
Según contó Luciana, “nosotros íbamos a la casa de mi abuela, pero eran visitas breves, para ver cómo estaba, ella nunca estuvo sola pero mi abuela no era una persona nada fácil de tratar. Yo tengo mi estudio a la vuelta de su casa, así que iba todos los días un ratito, mi hermana iba incluso mucho más y había detectado la visita de personas ajenas a la familia y movimientos raros en el sueldo de la abuela”.
“Citó a mi hermana para que buscara las tarjetas”
Consultada sobre cómo creen que conoció su abuela al gendarme en cuestión, señaló que “ella cobraba en la Sucursal del Banco Nación que está por San Martín, justo frente a la oficina de pensiones y jubilaciones de la Gendarmería Nacional, por lo que estimamos que se pudo acercar en algunas oportunidades a pedir ayuda y esta gente se aprovechó de su vulnerabilidad”.
Lo cierto es que fue el mismo gendarme quien se comunicó telefónicamente con la hermana de Luciana, Aldana, para decirle que él tenía las tarjetas de su abuela y la citó a un domicilio para que fuera a retirarlas. “Cuando mi hermana me contó esto, decidimos hacer la denuncia ante la Justicia, incluso el celular de mi hermana quedó retenido en Cibercrimen, donde sigue su curso la investigación”, precisó Luciana.
Ante la Justicia de Familia
El 27 de diciembre, la jueza del Juzgado de Familia N° 3, Elisa Beth Kiczka, designó como apoyo provisorio de la mujer de 94 años a su único hijo, Aldo Mieres, “por el término de seis meses, quien deberá aceptar el cargo ante el actuario, con el cometido de que asuma la administración de los recursos económicos de la misma, con el fin de solventar los gastos derivados de su tratamiento médico en modalidad de internación en la Clínica Arandú, así como de gestionar los trámites administrativos y de obra social necesarios para garantizar la continuidad de su atención y preservar su bienestar integral”. El pedido de determinación de capacidad de su mamá fue presentado en noviembre de ese año.
Ella estaba internada en la Clínica Arandú cuando se presentaron las trabajadoras sociales y el médico forense de la Justicia quienes, junto al médico de la misma clínica, la diagnostican con demencia senil. Estas presentaciones fueron incluidas en el expediente de la Justicia de Familia donde se solicitó que fuera designado su hijo como su apoyo provisorio.
“Incluso solicitamos una habilitación de feria y la resolución judicial salió antes de Año Nuevo”, destacó Mieres.
“El 3 de enero, se libra el testimonio en el Juzgado de Familia N° 3 donde mi papá acepta ser el curador de mi abuela y se libra el testimonio con firma ológrafa y con esa herramienta me voy al Banco Nación donde me dicen que tenemos que tramitar en Gendarmería Nacional porque ella es pensionada por esa fuerza”, recordó Mieres.
Veinte días de ¿burocracia?
Ese mismo viernes 3 de enero, la abogada Luciana Mieres cruzó desde el Banco Nación a Gendarmería para hacer el trámite necesario para que se haga efectiva la resolución judicial. “Me atendieron dos personas, una chica muy joven y un gendarme que una semana después me enteré que es de apellido Ramírez. Me presenté, expliqué la situación y lo que intuí a lo largo de la charla es que identificó quién era mi abuela… me empezó a dar vueltas con los requisitos para hacer la presentación, no era preciso, finalmente me dice que tengo que rellenar una carta poder, me entrega el formulario donde tienen que estar los datos de la titular de la pensión y de mi padre. Cuando empiezo a rellenar me dice que la abuela tiene que estar presente y firmar. Volví a explicarle el expediente, que mi abuela tiene 94 años y cree que su hijo acaba de nacer. Entonces me dice que la carta poder tiene que estar certificada y que la persona que certifica no estaba, que la encontraría el próximo lunes de 8 a 8.30. Además, le vuelvo a preguntar el mail donde tengo que mandar todos los documentos escaneados, incluida la carta poder, la resolución judicial, los documentos de mi abuela y mi papá, etc, y me da un correo inexistente. Dos veces le pedí el correo y me deletreó mal el mail”, recordó.
Frente a frente
El lunes, cuando la abogada se presenta con su papá, la persona a cargo de la certificación de la carta poder era el mismísimo gendarme denunciado ante la Justicia por la familia, a quien reconocieron por su firma puesto que no lo conocían personalmente. “Por supuesto que ya estaban al tanto de las actuaciones en su contra ante la Justicia porque el viernes yo había dejado fotocopias de los papeles y, cuando lo vio a mi papá lo abordó como si lo conociera, ‘¿Por qué me denunciaste, Aldo? Antes, hubieran venido a hablar conmigo’. Mi papá, un hombre de 70 años que sufre de presión alta, se puso muy nervioso y le respondió por qué él no lo llamó antes de disponer de la jubilación y pensión de su mamá. Le pedí que me dejara a mí responder. Le dije que la denuncia fue por sugerencia mía porque lo sucedido es muy grave. Después de eso, me entregó la carta poder certificada, sellada y firmada por él”, recordó.
Según indicó, luego de ese encuentro, logró reunirse con quien se presentó como la máxima autoridad del escuadrón, un comandante de apellido de Díaz, a quien le explicó todo lo sucedido y las actuaciones ante la Justicia. “Me preguntó si quería denunciar en Gendarmería al gendarme en cuestión y en ese momento le dije que no porque el proceso penal sigue su curso, pero ahora decidimos que sí lo vamos a denunciar ante la fuerza también pero lógicamente no lo haremos en la misma sede donde presta servicios”, anticipó.
“Me dicen que va a tardar”
“Ese mismo lunes 6 de enero, una vez que escaneamos todos los documentos y quisimos mandar al correo, me di cuenta que el correo estaba mal porque rebota el mensaje. Después de mucho andar, logré que en Buenos Aires me dieran el correo correcto y envié los documentos. El 7 de enero me respondieron que la documentación estaba bien pero faltaba que Gendarmería Nacional forme un expediente, adjuntando la documentación enviada, y elevar un dictamen en consonancia con la sentencia judicial. Este dictamen tiene que ser elevado a la Caja de la Policía Federal, desde donde cobran todas las jubilaciones y pensiones de las fuerzas, y recién entonces se puede liberar el dinero”, detalló.
Ese mismo día, la abogada volvió a reunirse con el comandante Díaz y le entregó toda la documentación impresa. Un día después, Díaz le envió la carátula del expediente que se formó en Gendarmería, que reenvió al correo de la Caja de la Policía Federal. “El tema es que pasan los días y no hay dictamen. La semana pasada le escribí a Díaz y me dijo que estaba de vacaciones y regresa en febrero. Quien lo reemplaza en su ausencia me dice que falta un documento, pese a que está el testimonio judicial donde mi papá acepta el cargo, por lo que tuvimos que hacer ese trámite. Como pasaron nueve días sin novedades, llamo a Gendarmería de Buenos Aires, me atiende un señor de apellido Galarza y me dice que esto va a tardar porque primero había un error y recién van a mandar a jurídicos y ahí harán el dictamen… me dijeron que volviera a llamar después para ver si había novedades”, indicó.
Mientras tanto, la mujer de 94 años sigue internada y su familia -pese a la resolución judicial- no dispone de sus ingresos para hacer frente a los gastos que su cuidado demanda.
