El Gobierno nacional avanzará con la eliminación del financiamiento estatal para los tratamientos de cambio de género en personas mayores de edad. La medida, que forma parte del paquete de políticas impulsadas contra la agenda del movimiento LGBTQ+, será implementada a través de un decreto y complementa la decisión reciente de prohibir los tratamientos en menores de 18 años.
Desde la Casa Rosada sostienen que la salud pública “no tiene la responsabilidad de mantener programas de hormonización” y que los recursos serán reasignados a otras áreas. A su vez, reconocen que la Dirección de Género y Diversidad, encargada de la ejecución de estos programas, fue disuelta.
En los últimos años, el Ministerio de Salud destinó crecientes partidas presupuestarias a los tratamientos de hormonización. Según cifras oficiales, en 2020 se financiaron 140.439 procesos por $110.923.738; en 2021, 134.743 por $153.941.853; en 2022, 155.574 por $229.543.082; y en 2023, 117.906 por $353.956.668.
En marzo de 2024, bajo la gestión de Nicolás Posse y Mario Russo, se aprobó una licitación para la compra de insumos destinados a estos tratamientos, con un presupuesto de más de $827 millones. Sin embargo, el Gobierno asegura que no se llegó a concretar la orden de compra ni a firmar contratos.
Modificación de la Ley de Identidad de Género
El Ejecutivo también tiene en agenda modificaciones a la Ley de Identidad de Género (26.743), que actualmente garantiza el acceso a tratamientos médicos de adecuación de género en el sistema de salud público, privado y de obras sociales. El artículo 11 de la normativa establece la obligatoriedad de brindar estos servicios de manera permanente.
Desde el Gobierno argumentan que “no hay obligación de financiar cambios de género” y que los fondos serán redirigidos a lo que consideran “problemas más importantes”.
