El 11 de marzo de 2010 se producía uno de los hallazgos más horrendos de la historia policial reciente en Misiones: el cuerpo de un niño mbya de 5 años, con signos de abuso sexual, decapitado y con ambos brazos seccionados.
El macabro crimen fue perpetrado en cercanías a la aldea Takuapí, a unos tres kilómetros del casco urbano de Ruiz de Montoya y a unos 100 metros de la vivienda de la víctima, perteneciente a dicha comunidad guaraní.
El menor, identificado como Aníbal Eliseo Acosta, había desaparecido el día anterior, aunque nadie presentó denuncia por su ausencia. Una vez conocido su fallecimiento, los familiares de la criatura contaron que alrededor de las 19:30 salió de su casa y que no dieron mucha importancia al hecho de que no regresara, teniendo en cuenta que siempre salía y se iba a mirar televisión a la casa de sus vecinos.
Sus parientes habrían agregado que recién comenzaron a preocuparse cuando llegó la hora de ir a la escuela y el niño no estaba. Por eso decidieron dirigirse a la comisaría más cercana y reportar la extraña desaparición.
Cuando personal de la seccional de Ruiz de Montoya estaba llegando al lugar, un grupo de paisanos integrantes de la misma aldea ya habían encontrado entre unas malezas los restos del menor. Estaba a unos cien metros de su vivienda, en una zona de monte espeso cercana al arroyo Cuñá Pirú y de la ruta provincial 7.
Los investigadores determinaron que el homicidio fue perpetrado en el mismo lugar, teniendo en cuenta las manchas de sangre diseminadas en la escena y en las ropas del pequeño que aparecieron en las inmediaciones.
Al cuerpo le faltaba la cabeza y ambos brazos. Por los cortes y lesiones los pesquisas presumieron que el o los asesinos utilizaron un arma blanca de gran tamaño y con mucho filo.
Los restos del chiquito estaban desnudos y en un examen preliminar se hallaron signos de abuso sexual.
A lo largo de la causa judicial, hubo varias líneas de indagación que quedaron inconclusas, sospechosos detenidos que fueron liberados a los pocos días u horas, testimonios con incongruencias, desprolijidades periciales y procesales y falta de comprobación de lo declarado por algunas personas, hasta que el 6 de enero de 2011 se suspendió la investigación por falta de pruebas e hipótesis, por lo que el caso terminó sin culpables ni castigo.