POSADAS. Las organizaciones sociales barriales de desocupados advierten que la pobreza y el desempleo crecen sin techo en la provincia de Misiones y que el Gobierno no define medidas para solucionar esta problemática. Señalan que una clara evidencia de ello es que este tipo de agrupaciones se multiplican en todos los barrios debido a la creciente necesidad de la población y que este año las protestas serán numerosas, atento a que el gobernador Closs no está dando respuestas.El Frente Social por más Dignidad lleva diez días de acampe en el puente internacional, cosechando el repudio de los afectados pero la solidaridad de las organizaciones de desocupados, que coinciden en la misma lucha, ante la indiferencia del Estado.“Nosotros nos sentimos impotentes porque vemos que nuestros hijos se están deteriorando en la droga y el alcohol porque no tienen salida. Las chicas en la prostitución desde muy jovencitas. La deserción escolar es muy grande y nosotros vemos todas las carencias sociales en los barrios, entonces hacemos puntapié en los reclamos laborales, que es la salida más digna, volver a la cultura del trabajo, eso es lo que reclamamos, trabajo, no otra cosa”, explicó a PRIMERA EDICIÓN Daniel Vargas, referente del MRC, una de las tres agrupaciones que integran el Frente Social por más Dignidad, que lleva diez días de corte en el puente internacional Roque González de Santa Cruz.“Es impresionante como crece la pobreza en los barrios, el desempleo, esto el gobierno lo tiene que entender; por eso es que surgen nuevas agrupaciones barriales, porque las demandas son cada vez mayores y más urgentes”, agregó el militante, cuestionado en los últimos días por el gobierno.Los datos del Indec sitúan a Misiones entre las provincias más pobres del país, con porcentajes cercanos al 12% de la población, pero para el organismo nacional se necesitan solamente unos 1.600 pesos para no ser pobre. La realidad y los números que se encuentran en los supermercados indican que una familia tipo necesita al menos el doble de esa suma (unos 3.200 pesos) para no ser pobre y satisfacer sus necesidades básicas y mínimas.En lo que respecta al trabajo, los datos oficiales indican que Misiones tiene poco desempleo, muy poco, pero esconden una trampa importante ya que solamente incluyen en la encuesta a las personas que tienen y buscan trabajo. Los ciudadanos ya resignados, que dejaron de buscar empleo, no son tenidos en cuenta en las estadísticas. Si fueran contabilizados, el porcentaje de desempleados en Misiones superaría fácilmente el 50% de la población.Desde la Corriente Clasista y Combativa, una de las agrupaciones sociales más numerosas y tradicionales del país, señalaron que “la situación de miles de misioneros es angustiante, se han agravado el hambre y la desocupación, hay miles de familias que tienen gurises con ‘bajo peso’ que es la palabrita elegante con la que se oculta la terrible palabra: ‘desnutrición’”.La CCC se movilizó el jueves en reclamo al gobierno de medidas concretas contra la pobreza y en solidaridad con los piqueteros del puente internacional.“Nadie sabe bien cómo se administra el plan ‘Hambre Cero’, pero lo que sí podemos afirmar es que con el actual presupuesto está lejos de solucionar este grave problema. Son miles los posadeños que han perdido las changas, la mayoría de los trabajadores están en negro y encima la inflación se come los escasos ingresos que se consiguen”, añadió la Corriente Clasista.Luego, la organización que conduce Felipe Mazacotte denunció que “en esta situación, sectores inescrupulosos del gobierno utilizan los distintos programas de empleo para extorsionar y disciplinar al pobrerío, dividir sus organizaciones y garantizarse mano de obra barata para la campaña. Una muestra de esto se puede ver con el programa ‘Argentina Trabaja’ en el que se realiza un manejo discrecional del mismo, donde la mayoría de estos puestos de trabajo se lo reparten entre los punteros políticos y el dinero de las cooperativas nadie sabe cómo se administra, impidiendo que el programa cumpla con su cometido y llegue a los que verdaderamente lo necesitan”.Por último, la CCC planteó un plan de lucha urgente por las siguientes reinvindicaciones: abrir una mesa de diálogo para discutir los graves problemas sociales de la provincia: viviendas, tierras, hambre cero; puestos de trabajo en el programa “Argentina Trabaja”, claridad y publicidad de cómo se está implementando; trabajo digno y genuino: estabilidad, seguro de salud y aportes jubilatorios para los programas que implementa el gobierno provincial de generación de empleos a través de la obra pública. Hoy estos programas se realizan con trabajo en negro y una gran informalidad.El Partido Obrero, vinculado al Polo Obrero, una organización de desocupados con fuerte presencia en el norte de la provincia, emitió esta semana un duro comunicado con fuertes críticas al gobierno de Closs.El PO advierte que “estos ataques del gobierno están dirigidos a provocar la reacción legítima de los trabajadores y están tanteando medidas represivas destinadas a disciplinar a quienes reclaman y establecer la aprobación, a libro cerrado, de paritarias con porcentajes y montos salariales que ningún trabajador votó, donde no se discute condiciones laborales y por supuesto no hay ninguna reivindicación votada desde abajo”.Denunciaron además que “esto es sólo un ensayo para que después de las paritarias se imponga el programa de la burguesía, devaluación, más tarifazos e impuestazos, así el gobierno podrá cumplir con los fondos buitres y con la desvalorización del salario”.“Conocemos el camino para imponer nuestras reivindicaciones, las asambleas departamentales y un Congreso de Delegados que decida un plan de lucha, la masividad de la protesta es lo que le da legitimidad como es la que impone las condiciones políticas favorables”, señalaron los referentes Aníbal “Tato” Zeretski y Mario Coutuné.Finalmente, desde el Partido Obrero llamaron “a todos los trabajadores docentes, estatales y municipales a realizar asambleas conjuntas en todas las localidades para repudiar el ataque a los compañeros que protestan, a movilizarse en cada plaza en solidaridad y organizar una gran asamblea provincial de trabajadores que de pelea por: salarios adeudados, salario básico de 4.000 pesos, descongelamiento de la antigüedad, aportes patronales y subsidios por hijos para todos; derogación del impuesto al salario; IPS bajo control de los trabajadores; apertura de los libros de Emsa, Iprodha y cooperativas de agua y electricidad”.Otra de las organizaciones que se manifestó fue el MPR Quebracho, que se solidarizó “con los compañeros que luchan por mejores condiciones de vida para ellos y sus familias” considerando que “el di&
;aacute;logo es la única salida posible y válida de ésta situación”.“Hacemos responsables de lo que pueda sucederle a nuestros compañeros, a los que teniendo en sus manos la posibilidad del diálogo, se hacen los desentendidos, y a los que pretenden que éste conflicto se extienda indefinidamente, sea por conveniencias personales o políticas. Responsabilizamos también, a aquellos funcionarios que pretenden que la participación política de los compañeros de las barriadas, se limite a llenar actos y colgar carteles en tiempos electorales, a ésos que dicen defender éste proceso nacional y popular, pero su práctica política actual demuestra lo cómodos que han estado en tiempos neoliberales”.“La política de fondo es la apuesta neoliberal contra la que combatimos en tiempos de Menem y seguiremos combatiendo, a los que desde oficinas de conspiraciones y berretadas politiqueras intentan usar a la pobreza como eje de crítica para sus campañas electorales”, remata la declaración de Quebracho, del jueves último.Las centrales gremialesAnte esta situación la Central de Trabajadores Argentinos también se sumó a las críticas contra el gobierno por su falta de lucha contra la pobreza en Misiones.Para el secretario General de la CTA, Jorge “Koki” Duarte, “las pautas de negociación salarial están generando el camino de la conflictividad laboral, demuestran el desacierto de las políticas publicas y las política de re composición del ingreso de los trabajadores, y también demuestra que nuestros funcionarios viven en una provincia en donde solo se tienen en cuenta ellos y sus necesidades”.“Ya a comienzo del año en algunos sectores se vino marcando la pauta de negociación con techo que no supera el 20% cuando la inflación del año pasado alcanzó y aplasto el ingreso de los asalariados en un 30%. por eso es necesario señalar que en las actuales condiciones, aún incrementos salariales superiores al 25% pueden implicar un retroceso del ingreso de bolsillo de los trabajadores en términos reales con relación al año anterior”.Al analizar los números de la pobreza, Duarte explicó que la CTA realizó un informe sobre la canasta básica para una familia de cuatro integrantes arrojando el resultado de $ 7.006 para enero de 2.013, con $ 2.233 para la canasta alimentaria mínima y $ 4.772 destinado a otros bienes y consumos mínimos.“Entre otras cosas las canastas se utilizan para fijar los limites de la pobreza e indigencia y lo que a muchos empleados públicos y miles de misioneros junto a nuestras familia nos ubican en estas condiciones, y el indicador que mas evidencia estas situaciones es la mortalidad infantil en donde en algunos departamentos de la provincia superan el 23 x 1.000 la mayoría por causas vinculadas a la exclusión social”, remató Duarte, titular de la CTA de Misiones.Por su parte, la otra central gremial, la Confederación General del Trabajo “Andrés Guacurarí” que lidera Benigno Gómez, ante el creciente clima de conflictividad social, señaló que se debe “priorizar el dialogo como la mejor herramienta para solucionar los conflictos sociales existentes en Misiones”. “La crisis económica que afecta al mundo, ocasiona en nuestro país, una fuerte desaceleración de nuestro crecimiento económico con: caída en el consumo, en la producción industrial, en la construcción, en la exportaciones, en la recaudación impositiva, los que actúan como disparadores del aumento de los índices en la precariedad laboral, la desocupación, la subocupación”, indicó la entidad. “A causa de ello están ocurriendo, con mayor frecuencia, conflictos sociales, por reivindicaciones (laborales-salariales) y en búsqueda de fuentes genuinas de trabajo”, añadió la CGT Guacurarí. OPINIÓN “No hay estado de derecho, sino estado de abandono” Por Dra. Silvana MartínezDra. en Ciencias Sociales y Presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social. Los dos temas (protestas sociales y pobreza) están íntimamente ligados, ya que el creciente clima de protesta social tiene que ver justamente con el aumento de la pobreza, la exclusión social y la profundización de las desigualdades sociales.Más allá de la construcción discursiva a través del relato oficial que intenta construir la imagen de un gobierno progresista y utiliza los medios de comunicación para mostrar a una provincia que “crece más y en paz”, lo cierto es que la “cuestión social” en estos últimos años se ha ido agravando producto de múltiples factores como ser: la implementación sistemáticas de políticas neoliberales, precarización laboral, desocupación, salarios por debajo de la media nacional, falta de control por parte del Estado de las empresas que prestan servicios básicos como por ejemplo el agua y la luz, aumento del transporte público de pasajeros, incremento de las cuotas de las viviendas sociales, etc.Lamentablemente Misiones se ha convertido en lo que técnicamente en sociología se llama sociedad dual, es decir, una elite enriquecida, con alto consumo, autos lujosos, viajes, mansiones, inmunidad, etc., conviviendo con la gran mayoría de la población empobrecida, con muy bajos ingresos, alto endeudamiento, problemas de vivienda, salud, justicia, educación, etc. Sería una especie de clase media empobrecida o nuevos pobres. Sumados por supuesto a los pobres estructurales que directamente, son parias en su propia tierra.Los más terrible de todo esto, es que ésta situación no está originada por problemas económicos, muy por el contrario, Misiones ha venido creciendo económicamente. El problema es político: son las decisiones políticas las que hacen que esta brecha entre ricos y pobres se haya profundizado de manera obscena.La decisión política de este “proyecto misionerista” es privilegiar a unos pocos (en general familiares, amigos y obsecuentes del poder de turno) y dejar a la mayoría de la población librada a su suerte. En este sentido, y según lo que la realidad nos indica en Misiones no existe un Estado de derecho, sino un Estado de abandono.Esto por supuesto hace que los trabajadores precarizados y los sectores populares desocupados comiencen a realizar todo tipo de reclamos: son reclamos legítimos, genuinos. Ante tanta indiferencia por parte del Estado, la lucha y los reclamos populares son las únicas vías para tratar de cambiar esta situación.Este proyecto político de más de una década, no nos brinda demasiados indicios para el "optimismo" en
el sentido de vislumbrar cambios significativos en la situación de la exclusión social. Apatía, indiferencia, individualismo, etc., parecen hablarnos de una sociedad que renuncia a luchar por sus derechos. Esto por supuesto es producto del pensamiento único instalado en la provincia a través del disciplinamiento político, la compra-venta de dirigentes, la falta de división de los poderes del Estado provincial, el clientelismo político y el sistema de concesiones, entre otros factores.Sin embargo no descarto la posibilidad de que este resurgimiento de las organizaciones populares y con ellas de formas de resistencia, pueda ser el puntapié inicial de una forma organizada de lucha política que despierte al pueblo misionero del largo letargo en que ha estado en los últimos años.
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