POSADAS. El Tribunal Penal 1 de esta ciudad revocó el auto de procesamiento que pesaba sobre los dos policías acusados de matar a la docente Carmen Mirta Rosa, el 14 de febrero pasado en el barrio Los Potrillos, de Garupá. El Alto Cuerpo, que en este caso interviene como Cámara de Apelaciones, determinó que no hay elementos suficientes para acusar al oficial Aníbal Aldo Daniel Villalba y al sargento Luis Albino Rotela de “homicidio calificado”.Consideró sí que hay indicios para asegurar que abandonaron a la víctima a su suerte cuando deberían haberla llevado a la comisaría, o algún centro de salud, pero no para acusarlos de un delito gravísimo que podría llevarlos a una condena a perpetuidad.Los magistrados detectaron una incongruencia entre la calificación de homicidio y lo que el mismo juez de instrucción plasmó en el auto de procesamiento, de que los policías golpearon sin piedad a la víctima pero la dejaron viva. Es decir, si la abandonaron con vida pues no tuvieron la intención de matarla. En otras palabras, no se vislumbra el dolo en el supuesto accionar de los uniformados que prestaban servicio en la comisaría seccional Quinta.No obstante, la Cámara aclaró que la conducta de los policías incurrió claramente en una acción punitiva, sobre todo en lo que hace a su proceder como integrantes de una fuerza de seguridad.Por ejemplo, al no dejar constancia del procedimiento en que ‘levantaron’ a la docente del domicilio de una familia, que enterada del destino trágico de la mujer se presentó en la Justicia y denunció el accionar de la patrulla policial.Callaron incluso cuando ellos mismos concurrieron al lugar donde encontraron el cadáver de la maestra de 47 años.Y hasta habrían adulterado datos del libro de Guardia de la comisaría seccional Quinta.Todos estos elementos pueden configurar delito, pero son insuficientes para acusar a los imputados de “homicidio agravado”.En la visión de los jueces se ha comprobado que Carmen Mirta Rosa murió debido a un traumatismo de cráneo encefálico con un trauma cerrado de abdomen con estallido de vejiga, pero en el expediente no hay un solo indicio que vincule a los detenidos con la autoría de los golpes que habrían causado esas lesiones.En este sentido trascendió que la investigación posee una laguna, un bache, un lapso de tiempo en el que nadie sabe, a ciencia cierta, qué ocurrió. Está ubicado entre el momento en que los policías bajaron a la docente de la patrulla y el instante en que encontraron el cuerpo.En otras palabras, en la óptica del Tribunal, se sabe que el oficial y el sargento subieron a Rosa al vehículo de la comisaría seccional Quinta, que ocultaron el procedimiento por todos los medios y la trasladaron hasta algún punto de Garupá, pero no hay forma, al menos por el momento, de demostrar que la golpearon y mataron.Los jueces también desestimaron algunos de los indicios probatorios que el juez de Instrucción 6 de Posadas, Ricardo Walter Balor, enumeró en contra de los sospechosos. Entre ellos el cartón que las personas que albergaron a Rosa en su casa habrían entregado a los policías para que ella se sentara y no dañara el asiento de la patrulla, porque tenía el pantalón mojado; las marcas que poseía en las muñecas y que habrían sido provocadas por las esposas; y las pisadas halladas junto al cadáver.En cuanto al cartón, se estableció que la persona que se lo habría entregado a los policías incurrió en dudas a la hora de reconocerlo. Además, no fue peritado para ver la posibilidad de hallar rastros genéticos de Carmen Mirta Rosa, razón por la que no se pudo determinar si, efectivamente, se trató del mismo elemento que utilizaron los imputados.Una situación similar ocurrió con las supuestas marcas de esposas (el forense respondió que podrían ser de ese elemento o de otros) y las pisadas que atribuyeron a Rosa (no se efectuaron pericias para apoyar y sustentar la teoría de que fueran de ella).En este contexto, el Tribunal Penal 1 revocó el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción 6, decisión que ubica a los policías a un paso de la excarcelación.Claro que para ello el Juzgado de mención deberá recalificar la acusación.Todo ocurre en momentos en que familiares de la docente analizaban constituirse en querellantes para tener plena y activa participación en la investigación que lleva adelante el juez Ricardo Walter Balor.
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