POSADAS. Desde las 7 de hoy, en el Centro de Convenciones de esta ciudad, se realizará la audiencia pública convocada por el Municipio para que los estudiantes, gremios, organizaciones sociales, dirigentes políticos y los vecinos se expresen al respecto del pedido de aumento del boleto que solicitó el Grupo Z para el transporte urbano de Posadas, Garupá y Candelaria. También deberán concurrir representantes de la empresa monopólica para defender este polémico pedido.El Grupo Z pretende incrementar de $4,25 a $6,85 el boleto único para quienes abonan con tarjeta Sube y de $6 a $11,96 para quienes pagan el boleto con dinero en efectivo.Las audiencias no serán vinculantes, pero se tomarán en cuenta las opiniones, según explicó el secretario de Gobierno de Posadas, José Moglia. Luego de este evento, que continuaría mañana, los intendentes de los tres municipios deberán analizar los costos y determinar el valor del pasaje.Hubo trascendidos durante la semana que apuntan a un acuerdo ya preestablecido entre el Gobierno provincial y la empresa monopólica para incrementar un 25% el costo del boleto.Para participar con voz en la audiencia se inscribieron casi 250 personas, en su gran mayoría jóvenes que llevarán las inquietudes del movimiento estudiantil, que exige mejoras en el servicio, mayores frecuencia e ingreso a los barrios, la creación de un “boleto social” para los sectores más vulnerables, la creación de un “boleto educativo gratuito” y la extensión de la franja horaria del boleto estudiantil.También reclaman que el Gobierno y la empresa expongan públicamente cada año un balance, abierto y de libre acceso para toda la sociedad, sobre los gastos y los ingresos de la prestataria, por considerar que es un servicio público que se subsidia con millones de pesos (subsidios nacionales, provinciales y municipales) que aportan los contribuyentes con sus impuestos y que no reflejan la calidad que debería mostrar el servicio.Se prevé la presencia de muchas personas que irán a escuchar el debate, que tendrá como moderador al secretario de Gobierno, José Moglia, y contará con la participación de la Defensoría del Pueblo, de la Dirección de Defensa al Consumidor y representantes de diferentes fuerzas políticas que también darán sus posturas.
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