PUERTO RICO. Los empleados de la fábrica de bolsitas “La Arminda” de esta localidad denunciaron el “robo” de tres máquinas de los talleres de producción ubicados sobre la calle Asunción. El hecho habría ocurrido durante el fin de semana y señalan al mismo dueño de la fábrica como el que, desoyendo la conciliación obligatoria en la que se encontraría la firma y la orden de no innovar, de todos modos vendió las tres máquinas que, según los trabajadores, son de suma importancia para producir. La prohibición de innovar es una medida cautelar tomada en un proceso judicial con el propósito de no modificar el estado de las cosas existentes. Esta medida impide al titular del bien modificarlo de cualquier manera.La medida habría surgido en junio del año pasado en el Ministerio de Trabajo, cuando los obreros se encontraban en pleno conflicto con el presidente de la empresa por el cobro de sus sueldos atrasados y ante el temor de que la fábrica sea vendida y que se pierdan las fuentes laborales.El conflicto empezó en mayo, cuando los 50 empleados empezaron a percibir sus sueldos en cuotas, llegando a cobrar hasta en cuatro veces durante un mes. En esa ocasión, los reclamos se comenzaron a escuchar con manifestaciones sobre la avenida 9 de Julio de esta localidad.Pero en diciembre, la situación se hizo insostenible, ocasión en la que los trabajadores optaron por cortar la avenida en reclamos por los sueldos atrasados y el aguinaldo, pero principalmente por el temor a la pérdida laboral. En ese momento, al tomar conocimiento de la situación, el diputado José Lorenzo Dieminger, oriundo de esta localidad, medió con el Gobierno provincial para que la fábrica recibiera una asistencia para el pago de los sueldos atrasados. Sin embargo, esa ayuda no fue suficiente, ya que los agobios económicos fueron tan grandes que acabaron con todas las esperanzas del fallecido dueño de la empresa, el joven abogado Carlos Luft. Así, pasó al frente del negocio su hermano, Horacio Luft, quien sería actualmente el titular de la planta y a quien los trabajadores apuntan como el responsable de la venta de las máquinas. El compradorQuien compró esa maquinaria fue el empresario local Roberto Matsunoshita, quien -consultado por PRIMERA EDICIÓN- explicó que “hace dos meses, luego de la trágica decisión de Carlos, iniciamos unas negociaciones para que la fábrica pueda seguir trabajando. Invertí para la compra de materia prima y estábamos dialogando con Horacio con la idea de comprar La Arminda y que la gente siga trabajando. Eso me interesaba porque había muchos puestos de trabajo en juego, por lo que comencé a interiorizarme más respecto al tema para saber en qué condiciones estaba la fábrica. En un momento, la cifra que habíamos hablado al principio se duplicó, con la llegada de muchos proveedores que necesitaban cobrar, además de trámites legales muy onerosos que superaban ampliamente mi capacidad, por ese motivo no pudimos seguir con la idea inicial”. “Como el proyecto se frustró, Horacio (Luft) me ofreció las máquinas para pagarme el dinero que yo había invertido en estos meses, con la idea de que con estas máquinas yo podría iniciar otra fábrica y absorber parte del personal de La Arminda en las mismas condiciones en las que se encontraban actualmente con su respectivas antigüedades. Eso me interesó y avanzamos en esa idea, lo que vi como una oportunidad de mantener las fuentes de trabajo y hacer funcionar otra industria en menor escala. Además, con el faltante de esas máquinas no alteraba para nada el normal funcionamiento de la fábrica que tiene una gran capacidad operativa. Lo que no sabíamos era que existía una medida de no innovar, medida que aparentemente habría firmado el exdueño Carlos Luft en el Ministerio de Trabajo. Las máquinas fueron compradas de buena fe, sin embargo, si lo de la medida cautelar es cierto, tendré que devolver las máquinas y lo haré sin problemas”, aseguró. En tanto, Gabriel Berón, delegado de los 50 trabajadores de La Arminda, explicó a este diario: “Hace un año que venimos trabajando con baja producción, tratando de sacar adelante la fábrica, trabajando a media marcha por las malas decisiones tomadas por la parte administrativa, por esta razón estamos en conciliación obligatoria desde julio del año pasado. Pero hace unos días, con la excusa de que iban a ser trasladadas a otro galpón, se comenzaron a mover tres máquinas, pero lo que hicieron, aprovechando el fin de semana, fue venderlas, cosa que no se puede hacer. Ahora queremos recuperar esas máquinas. Hicimos una denuncia en la Policía y esperamos que sean devueltas; después veremos cómo hacer marchar esto. Necesitamos insumos, pero tenemos trabajo. Lamentablemente los dueños de la empresa no aparecen, no dan la cara, no nos queda otra que arreglarnos solos para mantener nuestra fuente laboral”, finalizó.La Arminda fue fundada a principios de la década de 1980 por el abogado y político Antonio “Toni” Luft, reconocido no sólo por una amplia trayectoria en su profesión y en la gestión pública, sino también por ser el primer abogado que tuvo la localidad, responsable de abrir el primer estudio jurídico en 1981.Sin embargo, tras su fallecimiento, sus herederos no supieron conducir los destinos de esta importante industria que hoy se encuentra diezmada por problemas económicos y en grave riesgo de que 50 familias pierdan su fuente laboral.
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