Finalmente, el polémico radar que se halla instalado sobre la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Candelaria, fue homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que además autorizó su uso al Municipio de la antigua capital de Misiones. Esto se desprende de la Disposición Nº 612 del 16 de octubre, remitida al gobernador de la provincia, Maurice Closs, por la directora de Coordinación Interjurisdiccional y Normatización Normativa del organismo nacional, Luciana Fernández (vea la imagen en esta misma nota). De esta manera se homologa y autoriza un cinemómetro controlador de velocidad de instalación móvil con registro gráfico de captura marca Idra modelo Cirano 500 Nº de serie 10-06-00374, para operar en el éjido del municipio antes señalado, sobre la ruta nacional 12, desde el kilómetro 1.357 al kilómetro 1.363, en ambos sentidos de circulación.El intendente saliente de Candelaria, Carlos Flores, evitó emitir una opinión al respecto, aduciendo que se encontraba en una reunión en la ciudad de Buenos Aires.Por su parte, el jefe comunal electo, Daniel Luna, se manifestó en contra de los radares que se usan para mera recaudación: “Si junto a la persona que estará a cargo de la Dirección de Tránsito de la Comuna vemos que el radar tiene realmente una utilidad de bien público, que ayuda a reducir la velocidad y a reducir los siniestros viales, es otra cosa. Pero por lo que se puede ver desde afuera, está pensado exclusivamente para recaudar”, manifestó. De todos modos, para hacer un análisis concreto del tema, Luna pidió estar ya en funciones y haber mantenido una charla con funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a fin de reunir mayor información sobre el tema. Hasta el momento los dispositivos móviles que se utilizaban tanto en Candelaria como en el acceso a la localidad de Garupá, no estaban habilitados por la ANSV, lo que significa que no operaban legalmente más allá que el cinemómetro pudiera estar homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).La mayoría de los usuarios de la arteria nacional caratulaban a estos radares como “truchos” porque representaban un sistema claro de recaudación, donde se involucraban algunos funcionarios locales junto a la empresa prestataria de estos servicios y hasta algunos estudios jurídicos.
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