Los usuarios, que en la audiencia pública cuentan cada uno con apenas tres minutos para expresarse, dejaron constancia de numerosas falencias que se mantienen a través de los años en el servicio que ofrece la prestataria del SIT, a pesar de su carácter monopólico, de los subsidios de origen nacional y provincial, y del alto precio del boleto, en comparación con otras ciudades. Los reclamos por incumplimientos en cuanto a frecuencias y recorridos, y por el sistema de recarga de la tarjeta Sube, entre otros, evidencian que el millonario negocio que representa la concesión continúa opacando la finalidad social de un servicio de primera necesidad.Si se entiende, adecuadamente, que el Estado en lo esencial es sinónimo de ciudadanía y la pauta económica que lo sostiene la aportan los ciudadanos en su condición de contribuyentes; va de suyo que la prioridad no debería ser discutir cada año las ambiciones económicas de un grupo empresario, ignorando el mejoramiento constante que debe mostrar el servicio. Las audiencias públicas constituyen un instrumento favorable a la búsqueda de consensos en cuanto al funcionamiento de las concesiones del Estado, igualmente, se trata de un mecanismo perfectible; y es necesario preservarlo de las oportunidades de manipulación o distorsión; siempre latentes en un área con los antecedentes que son conocimiento de todos en la provincia. No parece un buen síntoma partir de un valor sobreestimado y ficticio del boleto, a instancias de la concesionaria, como ocurre actualmente, cuando se tendría que partir de estrictos estudios de costos en los que se garantice la ecuanimidad y el respeto a la variable económica;?pero también a la finalidad social del servicio que sigue siendo público.
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