Mediante el Decreto 55/2016, publicado el viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional declaró "en estado de emergencia administrativa al Sistema Estadístico Nacional y a su órgano rector, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hasta el 31 de diciembre de 2016".La medida se fundamentó en que “información de dominio público da cuenta de una administración irregular del Organismo a partir de un conjunto de circunstancias, algunas de ellas oportunamente denunciadas ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que fueron desenvolviéndose desde el año 2006 y hasta el cambio de las autoridades nacionales ocurrido el 10 de diciembre pasado”.El gobierno de Mauricio Macri cierra así, en forma tajante y con una paradójica medida, el capítulo de descrédito que se había iniciado con la intervención del organismo durante el gobierno anterior, la que había afectado la credibilidad del sistema estadístico; aún cuando en los últimos tiempos se recompuso el sistema en convenio con el FMI. La decisión deja un inédito vacío referencial en torno de las negociaciones paritarias de este año rodeadas de un particular manto de incertidumbre tras la devaluación y los aumentos de precios que se vienen produciendo y que no arrojan una cifra cierta respecto al aumento del costo de vida. La situación es particularmente compleja aún cuando el gobierno nacional consiga llevar a los gremios al pacto social que sugiere, ya que se abriría una instancia de discusión sin el habitual sustento estadístico y sin que se haya resuelto el problema de la inflación, heredado del anterior gobierno. Mientras los economistas arriesgan cifras altas de inflación, y algunos gremios ensayan reclamos tentativos en base a cálculos propios, cabe preguntarse si la drástica declaración de emergencia no agrava aún más la situación.
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