Cumpliendo con el pedido de muchos de ustedes que se interesaron por las denuncias -hasta ahora sólo públicas- de funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) respecto a los contratados “ñoquis” que dicen haber encontrado al asumir la nueva conducción en diciembre pasado; he firmado como presidente de PRIMERA EDICIÓN SA, un pedido de acceso a la información pública, requiriendo al director Ejecutivo por nuestro país, doctor Humberto Schiavoni, el listado de esos contratados.Lo hice tras reiterados pedidos de nuestros periodistas para que las autoridades del organismo den a conocer el listado de las personas que tendrían apellidos y parentesco con reconocidos dirigentes políticos, magistrados de la Justicia misionera, funcionarios provinciales. Sin embargo, hasta el momento, sólo hemos encontrado silencio.En cada nota escrita en nuestro Diario, donde se hacía mención incluso a los montos privilegiados que percibirían los contratados VIP, llegaban por las redes sociales, los teléfonos de la redacción, el correo electrónico y el postal; una enorme cantidad de pedidos de nuestros lectores requiriendo que publiquemos los nombres y apellidos. Mal podemos dar esos detalles, si oficialmente no contamos con las identidades confirmadas por la misma Yacyretá. Nuestra tarea periodística es abordada con absoluta seriedad y en la legalidad. Es la mejor forma de trabajar en denuncias, con papeles en mano de modo que sean irrefutables.Por ello, tras esperar un tiempo prudencial desde mi última carta abierta del 4 de febrero pasado, bajo el título “hay que cumplir con el mandato presidencial”, sin haber tenido una respuesta siquiera negativa a la misma, ingresé ayer, martes, a las 13 horas por la Mesa de Entradas de la EBY mi solicitud de acceso a la información pública. Casualmente el martes pasado, el presidente Mauricio Macri reflexionó respecto a los “ñoquis” en el Estado. Aseguró que su gestión asume “el compromiso de construir ese Estado del siglo XXI que necesitamos, basado en la transparencia, en que todos sepamos qué se hace”. “Todos somos dueños del Estado, y éste no puede actuar como si fuese un aguantadero de la política”, remarcó el presidente al abogar incluso que al término de su mandato, la Argentina esté entre los países con mayor transparencia.Es en esa línea de acción gubernamental que esperamos que actúe en este caso el doctor Humberto Schiavoni de la EBY, por ser parte no sólo del partido que gobierna la Nación sino también por integrar el gabinete presidencial.Finalmente, pongo a consideración de nuestros lectores, el texto de la nota remitida a la EBY.Señor Director Ejecutivo,En mi carácter de Presidente del Diario Primera Edición SA, como así también de ciudadano argentino con el derecho a obtener la información de la administración del Estado (que la Constitución Nacional garantiza por el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías-; y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales; además de la Ley Provincial IV-Nº58 de Libre Acceso a la Información Pública; y el Decreto Presidencial Nº 1172/2003 en igual sentido); me dirijo a Usted a los efectos de solicitar precisiones respecto a la contratación de personal por parte de la anterior conducción de la Entidad (años 2003 a 2015).Al respecto, le solicito tenga a bien informar formalmente el listado con nombre y apellido del personal contratado (con y sin relación de dependencia) por la EBY en el período mayo de 2003 a diciembre de 2015; función que cumplían, oficina en la que prestaban servicios y dedicación horaria semanal de cada uno de los contratados; monto del contrato y si la remuneración era pagada en pesos o en moneda extranjera; cantidad de meses de vigencia de cada contratación; si como resultado de la auditoría interna por Usted ordenada detectaron personal contratado que no cumplía funciones y cobraba honorarios o una remuneración, situación actual de esos contratos; si alguna contratación irregular del personal mereció una presentación judicial, indicando en ese caso el juzgado y fecha de las mismas y situación del expediente individualizando cada caso con nombre y apellido; si por cese de contrataciones se abonaron indemnizaciones, indicando el monto, moneda de pago y nombre y apellido de los beneficiarios; si los contratados de manera irregular deberán devolver el monto percibido.En una reciente entrevista periodística realizada por el Diario que presido, publicada el domingo 3 de enero pasado, Usted informó que a la semana siguiente tendría los resultados de una auditoría respecto a los recursos humanos y prometió que su “política va a ser de racionalidad y austeridad porque es, además, lo que nos encomendó el propio Presidente”. Sin embargo, a pesar de los trascendidos de nombres y montos exorbitantes de contratos, no brindó aclaraciones a la comunidad. También el consejero Martin Göerling en declaraciones a este Diario el pasado 10 de febrero indició que fueron más de cien los contratos que quedaron sin efecto al haberse cumplido el término en diciembre, la mayoría correspondientes a “ñoquis”.“Sólo unos diez solicitaron la continuidad, el resto desapareció”, contó todavía sorprendido ya que no sólo se encontraron con contratados “fantasmas”. “También hay casos de gente de planta que no trabajaba y se les inició el sumario correspondiente para el despido con causa”, aseguró sin dar nombres ni montos percibidos.Cualquier ciudadano argentino que comete una irregularidad haciéndose de fondos del Estado, no sólo es obligado a devolver lo mal percibido, sino que debe enfrentar causas administrativas y judiciales como debe ocurrir ante tal hecho. Sin embargo, al menos de conocimiento público, no ocurre el mismo trato con aquellos que creen actuar con viveza a costa del erario público conformado en una gran proporción de los impuestos y aportes que pagamos no sólo los empresarios sino hasta los trabajadores, con mucho esfuerzo en medio de una fuerte presión fiscal. Por ello, al menos, esos contribuyentes al funcionamiento del Estado nacional, provincial y municipal, merecen saber con nombre y apellido quiénes obraron fuera de la ley.Basta poner como ejemplo que en la Dirección Ejecutiva de la EBY margen paraguaya, se informa en la página web la nómina de los trabajadores y el monto que perciben por su labor; listado de viáticos percibidos por viajes nacionales e internacionales, entre otros montos. Ello, ha permitido que mediante investigaciones periodísticas, surjan los “planilleros” que cobraban sin prestar servicios, siendo denunciados públicamente.El derecho de acceso a la información pública permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar
la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos para una mejor comunidad. Tal como le indiqué en mi carta abierta del 4 de febrero pasado, le reitero que es necesario que Usted informe a los misioneros y a los argentinos en general las irregularidades encontradas como puede ser una lista con nombres y apellidos de los privilegiados “ñoquis” que todavía son anónimos. Así sentiremos que el cambio llegó a Yacyretá y que comienza a exhibirse una gestión transparente.u0009Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
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