La empresa Electricidad de Misiones SA (Emsa) gasta cuatro veces más en su administración que las distribuidoras de energía de características similares en otras provincias argentinas, lo que marca un alto grado de ineficiencia que termina encareciendo a niveles insoportables el costo final de las boletas de luz para los usuarios misioneros. Estos altísimos “costos administrativos” -que podrían tener origen en una pésima gestión de los recursos, en altos niveles de corrupción o en la existencia abusiva de una importante cantidad de “ñoquis” que cobran y no trabajan- generan el déficit anual de la prestataria que supera los 480 millones de pesos en promedio, una cifra que volvería inviable la vida económica y financiera de cualquier emprendimiento comercial. Una comparación con las finanzas de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima (Ejesa) resulta mucho más gráfica para explicar el tremendo desfasaje entre una administración y otra. Ejesa tiene casi la misma cantidad de clientes que Emsa (191 mil contra 210 mil en el caso de Misiones) y en el año 2014 gastó en su administración apenas una cuarta parte de lo que requirió Emsa: unos 75 millones en el caso de la empresa jujeña contra casi 300 millones que demandó Emsa para “funcionar” en el mismo período. Al igual que Ejesa, la empresa Emsa genera sus recursos a través de la venta de energía que pagan todos los clientes de la provincia, incluso los de las cooperativas que le compran a la distribuidora provincial para revender a sus socios. Pero en el 2014 a Emsa no le alcanzó para pagar todos sus compromisos económicos con la recaudación de tarifas, pese a que ya eran elevadas en comparación con lo que pagaba el resto del país. Por tener gastos administrativos tan altos, a Emsa le quedó un “rojo” (una pérdida) de 480 millones de pesos. En el mismo año la empresa jujeña tuvo un superávit (una ganancia) de 21 millones de pesos. La más cara En contrapartida con el enorme gasto administrativo que demanda Emsa, según un relevamiento que realizó el diputado provincial de la UCR Gustavo González, la luz que le pagan los misioneros a la prestataria sale el doble que en Corrientes y cuatro veces más cara que la que pagan los usuarios de Buenos Aires. “En Corrientes un usuario que tuvo un consumo de 1.231 kwh pagó en enero $1.050, mientras que en Misiones una factura con el mismo consumo costó $2.277,35”, ejemplificó.De acuerdo con datos oficiales y en base a un consumo de 500 kWh por bimestre, “un porteño de bajos recursos que vive en la zona norte de la Ciudad o un bonaerense con domicilio en Vicente López pagó en noviembre de 2015 una tarifa 4,5 veces menor a la que abonó un misionero. Esa relación se amplía a 5 veces si se considera un consumo de 750 kWh de una familia tipo de clase media” señala el estudio elaborado por el legislador.“Urge una auditoría”Los costos de la ineficiencia llegaron a límites insoportables para los misioneros. Sectores importantes de la economía ya advirtieron que el “tarifazo” no puede mantenerse vigente: si no se retrotrae en lo inmediato, habrá despidos de trabajadores. El drama social que se vaticina y la concreta imposibilidad de pagar las facturas para miles de usuarios residenciales, “hacen que se vuelva urgente realizar una auditoría externa a Emsa a través de un organismo creíble e independiente del poder político local. Para ello, se podría a convocar a profesionales de la Unam, y con el acuerdo del Tribunal de Cuentas convocar a la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación”, declaró el diputado nacional radical Luis Pastori. El legislador cree que “la auditoría externa pondrá blanco sobre negro cuestiones relacionadas con el patrimonio, los ingresos, los gastos, si existen sobrefacturaciones en las contrataciones de servicios, si existe personal que no realiza labores, y en definitiva si existen focos de corrupción y erogaciones de recursos innecesarios que terminan encareciendo el costo de la luz, y perjudicando los principios de eficiencia y beneficio social que deben regir las prestaciones de los servicios públicos”. Y considera que sólo una auditoría puede servir de base para que la provincia reclame a la Nación una tarifa diferencial regional, ya que sin determinar responsabilidades y el alcance de la mala administración, se volvería a tapar la ineficiencia con impunidad para los responsables. Los legisladores provinciales del Partido Agrario y Social Héctor Bárbaro, Martín Sereno y Myriam Duarte también coincidieron con la necesidad de auditar a la empresa provincial para clarificar el origen del tremendo déficit que tanto encarece el costo de la luz, al tiempo de reclamarle al Gobierno nacional que establezca una tarifa diferencial para el NEA: “No hay que perder de vista que el aumento se disparó a partir de la quita de los subsidios a la distribución de energía desde el Gobierno nacional pero se agravó por la pésima administración de la empresa Emsa, denunciada desde hace años por los usuarios que pagamos una de las tarifas más caras del país, y sin embargo cada verano debemos sufrir fallas en el servicio, debido a la falta de inversiones en el mantenimiento”, señalaron en un comunicado.Sospechosa negativaEl legislador misionero por el PRO Alfredo Schiavoni se reunió en Capital Federal con Andrés Chambouleyron, subsecretario de Política Tarifaria del Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren. El funcionario nacional le aseguró que Misiones no envió los listados de beneficiarios de la Tarifa Social que estableció el Gobierno nacional para venderle energía a costo cero a las distribuidoras con el fin de beneficiar a los sectores menos favorecidos. La “inexplicable” negativa a hacer uso de un beneficio que sería directo para los usuarios más pobres, sin embargo cambia apenas se conocen los considerandos de la Resolución 06/2016 por la que se establecieron los nuevos precios de referencia a nivel nacional desde el 1 de febrero. El documento señala que “dado el sustancial aporte del Tesoro Nacional para el sostenimiento de la Tarifa Social… se dispondrá, en el ámbito de Cammesa, la realización de auditorías para constatar en las referidas jurisdicciones, el destino efectivo de los recursos aportados desde el Mercado Eléctrico Mayorista”.
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