La denuncia penal radicada contra los exfuncionarios misioneros Oscar Thomas y Sergio César Santiago por presunta malversación de fondos públicos podría caer en manos del juez federal Sebastián Norberto Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 7 de Capital Federal, que además interviene en la investigación de la llamada “ruta del dinero K”. Es que el lunes llega a los tribunales de Comodoro Py el expediente iniciado contra el extitular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y contra su exsocio que tuvo que renunciar a su cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones por habérsele descubierto que cobraba en forma paralela un contrato de 45 mil pesos mensuales en la EBY. Ambos enfrentan la causa penal que ya se inició formalmente a partir del requerimiento fiscal correspondiente. Andrés Stuber, el fiscal misionero que recibió la denuncia iniciada por el legislador radical Gustavo González, solicitó la mudanza de la causa a Capital Federal por razones de competencia, ya que el contrato que firmaron Thomas y Santiago fue firmado en la capital del país, y la EBY tiene domicilio central en Buenos Aires. La jueza federal María Verónica Skanata coincidió con el planteo fiscal y elevó el expediente, que por jurisdicción podría caer en manos de Casanello, un nombre que remite a la más impactante investigación penal sobre corrupción y presunto lavado de activos en los últimos años. Por esta causa se encuentran detenidos el exempresario kirchnerista Lázaro Báez, el contador Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, apresado la semana pasada en Encarnación (Py). Representantes localesEl diputado provincial Gustavo González radicó la denuncia penal contra Thomas y Santiago ante la Fiscalía Federal 2 de Posadas el pasado 1 de abril. Basó la presentación en la aparente falsedad del rol de “docente” del exministro Santiago en la entidad, y la consecuente ilegitimidad e ilegalidad de los cobros que percibió durante los últimos cuatro años con la complicidad de quien actuó de “contratante”. Cuando se confirmó su doble estándar de magistrado y contratado de la EBY, Santiago presentó su dimisión. Pero González cree que el alejamiento de su alto cargo en el Superior Tribunal no lo exime de la obligación de rendir cuentas ante la justicia. “No podemos permitir que este tipo de hechos queden en la nada, que nadie rinda cuentas. Son tiempos nuevos y como sociedad necesitamos que la justicia actúe”, señaló el diputado. El denunciante también solicitó medidas de prueba sobre la vinculación, pero también sobre el crecimiento patrimonial de ambos exfuncionarios. A la vez, el fiscal también sugirió medidas de prueba en relación a la actuación de Santiago como ministro, ante la posible subjetividad de sus fallos.
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