El debate, que se centra en especial en los efectos eventuales de la exigencia de una doble indemnización a los empresarios que despidan personal; en el período de prohibición de cesantías que se busca instaurar; es propio de una situación de incertidumbre que abarca no sólo al empleo, sino a la economía en su conjunto.Es que si bien una mayoría de analistas se inclina en la actual coyuntura a pronosticar una baja gradual de la inflación y una recuperación en el horizonte económico; es poco sensato creer -en el contexto actual- que se pueda garantizar los tiempos y modos de la recuperación del nivel de actividad económica, aún previendo la llegada de inversiones externas que se anuncia. Dada esta realidad, que no admite soluciones mágicas, lo que debería primar en el análisis de la legislación en debate sería una gran prudencia en la visión de los medios más idóneos para frenar la caída del empleo, ya que negar el problema, o remitir su solución a una medida aislada y de carácter compulsivo no resuelve nada. Lo primero es constatar que hay una situación que amerita la intervención del Estado y del Poder Legislativo en particular, algo que se puede medir en números concretos. Según un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en el período que va del 10 de diciembre de 2015 al 30 de abril de este año, los despidos totalizaron 139.874 y las suspensiones afectaron a 14.912 personas.Del total de personas alcanzadas, 60.024 (38,78%) corresponden al Sector Público y 94.762 (61,22%) al Sector Privado. La tendencia, que se agravó en abril, según Cepa, no será fácil de torcer sin un acuerdo, a la vez, solidario e inteligente.
Discussion about this post