Ricardo Monner Sans tiene 57 años de ejercicio de la profesión de abogado independiente, y fue el iniciador de más de 130 denuncias penales por casos de corrupción, que apuntaron a lo más alto del poder político de turno. Fue el que denunció la venta ilegal de armas a Ecuador por parte de Carlos Saúl Menem; los negociados de María Julia Alsogaray; las amañadas licitaciones de Amado Boudou; los miles de millones de pesos que Etchegaray no le cobró a Cristóbal López. Sin embargo, se esmera en resaltar que no realizó estas denuncias porque es abogado, sino porque es “ciudadano argentino” y tal calidad debe comprometernos a todos con el combate contra la corrupción y la impunidad. Lo que dice no puede sino provocar admiración, sobre todo en tiempos de fiscales que miran para otro lado en vez de actuar de oficio, según su obligación. El prestigioso abogado brindará una charla en Posadas el 1 de junio sobre “La defensa de la Honestidad en el Ejercicio del Poder”. Será a las 17 en el Auditorio del Colegio de Abogados de Misiones (Santa Fe 1562, con entrada gratuita, aunque primero habrá que acreditarse para asegurar un lugar. Interesante escuchar a este hombre del Derecho que habla para todos con una meta que no es fácil: que todos entendamos que la consecuencia directa de la corrupción y la impunidad es la pobreza. Tremendo tema sobre el que viene a exponer a Posadas. ¿Cómo encara esta promoción del combate contra la corrupción cuando los ciudadanos comunes se sienten alejados del problema y no se ven en parte responsables de esta lucha? Siempre entendí que la corrupción es el elemento central que hay que combatir y erradicar porque, quien desde el Poder se queda con dinero del Estado, se queda con dinero nuestro. En la charla en Posadas voy a demostrar con alguna claridad por qué el que se enriqueció en el ejercicio del Poder no sólo debe ser juzgado desde el punto de vista penal, sino que debe ser repudiado moralmente. Vamos a tratar de mostrar de qué manera los ciudadanos del país, de Misiones y de las demás provincias argentinas deben estar alertas para denunciar todos los casos posibles de corrupción. Haremos un repaso de cómo hemos actuado en los tiempos de Menem, de Néstor y de Cristina y pondremos ejemplos. Al final se comprobará que la pobreza no es una casualidad, sino que esencialmente es producto de haber roto el criterio de igualdad y de que algunos vivos se lleven por izquierda lo que el pueblo pierde por derecha. Da la sensación de que el gran problema de los últimos tiempos no es la corrupción en sí misma solamente, sino la impunidad, la sensación de que el que roba no va a pagar por eso. Tal cual, en realidad ese es el tema esencial. Debemos preguntarnos con honestidad: el Poder Judicial de la Nación, los Poderes Judiciales de las provincias, ¿tienen suficiente independencia, transparencia, suficiente valentía para enfrentar a los corruptos? Porque la lucha contra la corrupción no se entiende si no se lucha contra la impunidad. No hubiera bastado demostrar que Carlos Saúl Menem firmaba decretos falsos si no hubiera existido, después de muchos años, una condena por el contrabando de armas…¿Usted fue el iniciador de esa denuncia?Efectivamente. Tampoco hubiera servido de nada que yo demostrara que Alderete y María Julia Alsogaray hacían negociados impropios si no hubiéramos logrado que cada uno pagara judicialmente por sus responsabilidades. Lo que ocurre es que frente a la cantidad de acciones que se ponen en movimiento hay una curiosa pesadez del Poder Judicial, que a veces cambia cuando cambian los tiempos políticos. Menem estuvo preso unos meses cuando terminó su mandato. No sé cómo estará hoy la salud jurídica de Cristina, de De Vido, pero en caso de que hubiera castigo, qué pena que no sea como en Brasil que el castigo llega en pleno mandato y no haya que esperar a que salgan del Poder. ¿Lo sano sería que los jueces puedan juzgar a los funcionarios en funciones?Eso sería lo higiénico, porque además, cuando un juez sanciona correctamente a alguien en funciones, le da un mensaje y un juicio ético al resto de los funcionarios y a la sociedad. Si le pongo el reloj el 15 de marzo de 1995, cuando denuncié el caso por la venta ilegal de armas, hoy hay gente que por una razón generacional ni sabe de qué estamos hablando, ni a qué obedece la última condena. Entonces, el resultado no llega al gran público, al gran pueblo, no se produce la identificación entre el hecho ilícito y el castigo. Justamente, usted también fue autor de una denuncia contra Amado Boudou por la compra de 19 autos de alta gama y una licitación amañada. Seis años después parece que lo van a citar a declarar…Tal cual, efectivamente. En 2010 tuvimos la información sobre los 19 autos de alta gama. El llamado a indagatoria es el primer momento de un proceso penal largo, y en este caso se dio seis años después. Peor hubiera sido que no lo llamen. Cuando el presidente de la Corte le pidió a sus jueces que no se amolden al Poder, al contexto político. ¿No es doloroso que tenga que hacerlo explícito y que lo haga recién ahora?Sí, hay algunas cosas que llaman la atención dentro de la higiene del Poder Judicial… es cierto, Lorenzetti salió a pedir esto, pero recién “después” de terminado un período, no antes. Tenemos algunas investigaciones en el Consejo de la Magistratura que de alguna u otra manera podrían complicar a algunos estamentos del Poder Judicial. Esperemos que no lleguen a los más altos estamentos, pero hay algunas obras públicas hechas o por hacer, licitadas por el Poder Judicial de la Nación, que no me gustan respecto de los pliegos, las condiciones, los sobreprecios y los fracasos. Por eso digo que la decencia es menos un tema de discurso y más un tema de conducta. ¿Pueden estos Poderes judiciales responder a la demanda de lucha contra la corrupción con los mismos actores que hasta hace poco miraban a un costado? Una de las hipótesis que manejo y que dio resultados en Perú, es la necesidad de tener un Código Procesal y un Código Penal que contemplen un subsistema que asegure la agilidad respecto de dos tipos de delito: los de corrupción y los de narcotráfico, que son primos hermanos… llegó el momento de cambiar normas procesales y penales, pero sobre todo de hacer tribunales (cuerpos de tres personas) que juzguen exclusivamente, con celeridad y eficacia, este tipo de delitos. Usted hablaba de la necesidad de un fuerte repudio ciudadano de la corrupción pero cotidianamente vemos que el funcionario que se enriqueció en dos años, que no gana como para cambiar su estatus económico y de vida, no tiene el repudio del vecino pese a que se sabe que esa plata es mal habida. ¿Estamos anestesiados con la corrupción que nos pasa por frente a las narices? Tiene usted fundada razón. Antes de que en Brasil se produjera la crisis actual, hace unos siete u ocho años, me maravilló una enorme cantidad de gente manifestándose públicamente en
contra de la corrupción. Nosotros apenas hemos tenido dos o tres marchas, alguna importante respecto de la muerte todavía no resuelta de Nisman… pero es como si nuestro modelo económico-social nos impusiera “el sálvese quien pueda”, el “primero yo”, “el fin justifica los medios”, toda esa doctrina de la inmoralidad. No tenemos esa participación ciudadana necesaria, al menos para el repudio. Por eso cuando yo me presento a la Justicia a denunciar un acto de corrupción inicio el escrito escribiendo “fulano de tal, ciudadano argentino, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, abogado inscripto”. Pongo primero mi condición de ciudadano porque entiendo que significa ser conscientes del respeto de los derechos y a la vez cuestionar enérgicamente los actos de corrupción en el Poder. Esto no sólo pone la lucha contra la corrupción en las espaldas de la Justicia, de los abogados, sino también de los ciudadanos comunes, que somos los que a veces no conectamos la relación directa entre corrupción y pobreza. Exacto. La corrupción reclama lucha contra la impunidad. Y sólo si amalgamamos estas dos razones podremos aspirar a la desaparición de la pobreza, o al menos lograr que disminuya. Una de sus últimas denuncias toca intereses cercanos para los misioneros, particularmente la que inició contra Etchegaray por no haberle cobrado 8 mil millones de pesos en impuestos a Cristóbal López, principal concesionario de los casinos en nuestra provincia. ¿Hacia dónde camina esa causa? Habida cuenta de que Etchegaray es un hombre que ni siquiera ha gozado de la simpatía de lo que le queda como remanente a Cristina y que además está muy incómodo en su rol de auditor general de la Nación, me parece que su caída y su procesamiento son bastante probables, y esto puede complicarle mucho la vida a este hombre al que tengo entre ojos desde que se instaló el barco-casino en Buenos Aires. ¿Cómo ve el rol del periodismo en esta lucha contra la corrupción? Es central. Central. Sin el periodismo no se hubiera podido saber muchas de las cosas que después terminaron en una presentación judicial, en una investigación penal. Lo mismo que la información anónima que a veces está en manos de gente que quiere aportar y debe hacerlo. Yo he recibido este tipo de información en muchas oportunidades. Son herramientas importantes en esta lucha y hasta ahora no he tenido resbalones. Sí jueces complacientes que no han querido avanzar, pero ese es otro tema.
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