Ya resulta indispensable buscarle una salida política e institucional al enorme costo que significa para el gobierno municipal –y los contribuyentes- el sostén del Concejo Deliberante posadeño, el poder representativo y participativo por excelencia del régimen comunal. El ponerle tope a los gastos de ese cuerpo colegiado –ocupados centralmente en pago de salarios de personal- es una de las respuestas posibles, volviendo a valores históricos, muy diferentes a la incontrolable expansión del último lustro.En esa disyuntiva de lo que es posible hacer, coincido con el intendente municipal Mario Joaquín Losada en cuanto a la necesidad de ajustar los gastos de la política en ese cuerpo a las disponibilidades con que se cuenten –no puede ser de otra forma-, pero cabe recordar que la actual gestión carga con una pesada herencia que –sin contar sueldos- obliga a disponer de mucho más de la mitad de sus recursos en el pago de adicionales a las adscripciones de personal en otras reparticiones pública. Más aberrante, cuando también son destinados a alguna tarea privada al servicio de concejales, de punteros políticos o familiares, incluso domiciliaria o actividades comerciales privadas.Responsabilidades repartidasNo quiero aparecer como defensor de la oposición que hoy es mayoría del colegiado municipal capitalino –le cabe responsabilidad por no advertir el problema y perpetuarlo-, pero entiendo que en la última década, salvo en un breve interregno (2010), ese cuerpo estuvo controlado por la Renovación o un aliado sostenido por ésta. Y en el último cuatrienio le cupo a una misma persona de esa pertenencia política que manejó con absoluta arbitrariedad y desparpajo su administración con la complicidad de los funcionarios que la respaldaron y los ediles que la sostuvieron. Al punto que, según el informe publicado el 10 de mayo pasado (páginas 3 y 4), algo más de un cuarto del personal (210 agentes) en el Departamento Deliberativo y cumple funciones en otras reparticiones con sueldo municipal, fue designada por esa hoy funcionaria provincial. Además se los “benefició” con la creación de un nuevo derecho hasta entonces inexistente en el ámbito comunal: la retención de los adicionales por servicio aun cuando ya no lo cumplan y realicen una tarea diferente a la que justificó ese “extra”. Y para el que el voto afirmativo que sancionó la ordenanza no se limitó al oficialismo, pero no fue unánime.Insostenible expansiónQuizás, aquí quepa recordar que desde 2011 hubo una insostenible expansión de la participación de los gastos del Concejo en el presupuesto municipal que hasta entonces y, al menos en la década previa, osciló entre un 9% y 11%. Y, como muy bien lo puntualiza el Intendente, ya ronda el 20%, porque desde entonces creció exponencialmente, particularmente a causa de la incorporación incontenible de personal que de los 400 al comienzo de aquel año trepó a los más de 1.400 de 2015, cerca de un quinto de todo el personal municipal.Corregir esa irregularidad –en la acepción plena de la definición de la Real Academia Española (RAE)- es una necesidad que forzosamente deberá asumirse lo más pronto posible y va mucho más allá que la quita de los adicionales –justa, ciertamente- con la búsqueda de una herramienta que permita reducir a un mínimo indispensable ese “permiso” del cual tanto abuso se ha hecho. No hablo de despidos y no los propugno –que, en las condiciones económicas actuales del país deberían reducirse al mínimo posible-, sino de la suscripción de convenios que permitan que ese personal sea absorbido por la repartición a la que fueron “prestados” en un tiempo a determinar, en lo posible no muy extenso. Aunque hay casos excepcionales, los menos, como capacitación o trabajos puntuales, ineludibles y muy temporarios, que podrían mantenerse, advirtiendo que hoy, en general, muchas de esas adscripciones se realizan con un solo objetivo: el de mantener cierto “parasitismo” cuando el exconcejal pierde los privilegios del cargo y se lleva a “los suyos” a la nueva función que le cupiere. Pero, vale advertir, es un problema que no se da solo en la Municipalidad, sino también en otras áreas de gobierno (nacional, provincial y municipal) donde se entiende al empleo en el Estado como botín de la política.Solo falta decisión políticaPara asumir esa corrección se requiere una decisión política (de oficialismo y oposición) en la que prime lo verdadero, no sólo lo verosímil –como parece haberse convertido la política en estos días-, sin que se convierta en un simple revanchismo ni en un mecanismo de asfixia al otro poder para que acalle o modifique su opinión y visión diferente a la del oficialismo de turno. Aunque en estos cuerpos colegiados y plurales las responsabilidades son siempre más diluidas y también les cabe en estos casos a quienes convalidan los abusos de las mayorías, minorías que no marcan claramente las diferencias para aprovecharse aun si fuera una migaja pequeña de esa “dadivosidad” vergonzante. Finalmente, vale recordar que si hay que pagar “platos rotos” –llámense indemnizaciones, por ejemplo-, incluso restringiendo los dineros que se entregan al Concejo y acallando sus “berrinches” (que los hay e innecesarios muchas veces), la responsabilidad general de asumirlos será de la Municipalidad y, particularmente, del Departamento Ejecutivo que es el responsable último de conseguir y facilitar los fondos necesarios para toda gestión en el gobierno comunal. Y, por supuesto, aunque sea parte de un dispendio inaceptable, terminará cargando en las espaldas de los contribuyentes.
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