La investigación que lleva adelante la Justicia provincial por la presunta salida de presos de la cárcel de esta ciudad sin autorización judicial derivó en las últimas horas en la remoción de los jefes del complejo carcelario, quienes fueron pasados a disponibilidad al menos mientras dure la pesquisa.Así lo pudo saber PRIMERA?EDICIÓN mediante sus fuentes, quienes confirmaron que por orden del Ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez, el alcaide inspector Roque Benítez y el alcaide principal Luis Gómez fueron separados de sus cargos como jefe y subjefe -respectivamente- de la Unidad Penal III.La disposición fue emitida el miércoles y cuenta con la firma del alcaide general Miguel Ángel Maidana, jefe del Servicio Penitenciario Provincial, quien días atrás había ordenado un sumario administrativo que permanece vigente y que permitirá establecer o deslindar responsabilidades en el personal a cargo de los internos en la mencionada penitenciaría.Mientras tanto, las autoridades designaron como director del penal al alcaide inspector Julio Zarza y como subdirector al alcaide mayor Fernando Báez. Ambos ya cumplieron funciones en la cárcel de Eldorado, razón por la que fueron escogidos para tomar las riendas de la UP-III en medio del escándalo suscitado.El miércoles, a última hora, continuaba el análisis de los registros que fueron secuestrados por la Policía provincial en medio de un allanamiento realizado el último viernes en el complejo de seguridad de la avenida El Fundador de Eldorado. Aquel procedimiento fue ordenado por la magistrada Nuria Allou, titular del Juzgado de Instrucción 2 de la Tercera Circunscripción?Judicial, quien lleva adelante la investigación.Todo se descubrió el lunes 29 de agosto, cuando un anónimo dejó una carta bajo la puerta del Tribunal Penal 1 de Eldorado donde denunciaba una serie de irregularidades que supuestamente sucedían en la cárcel.En esa misiva se enumeraba desde la presencia de armas de fuego ligadas a una futura fuga, así como la salida de presos del penal sin autorización judicial y con el objetivo de obtener rédito político y/o económico por parte de los oficiales a cargo.Ante esa situación fue que desde el Tribunal se ordenó la remisión de informes de manera urgente, que posteriormente fueron elevados al Juzgado de Instrucción 2. No obstante, esos documentos -aseguraron las fuentes- confirmarían parte de aquella denuncia: en ellos constan al menos 35 salidas de internos para la realización de distintos trabajos. Esos primeros resultados determinaron el apartamiento de los responsables de la UP-III, aunque desde la Justicia no se descartan más hallazgos al respecto.
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