Lo hizo unificando tres proyectos: el del presidente del Parlamento, Carlos Rovira, el del diputado radical Luis Pastori y el del peronista "anti K2 Pablo Tschirsch.La iniciativa tuvo dictamen unánime en la Comisión de Asuntos Constitucionales y cosechó la adhesión de todos los sectores políticos y sociales interesados en terminar con el secretismo en el manejo de la información en los tres poderes del Estado y el resto de la administración pública.La norma tiene como principios la publicidad de los actos de Gobierno; la transparencia de la función pública y control del ciudadano en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública; gratuidad e igualdad y libertad de formas.En tanto que se describen como objetivos “garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados; facilitar el ejercicio del derecho de toda persona a proveerse libremente de información pública y promover una efectiva participación ciudadana”.Está alcanzado por esta cláusula “cualquier órgano perteneciente a la administración centralizada, descentralizada, órganos de la Constituciónprovincial, entes autárquicos, empresas y cooperativas que presten servicios públicos y sus entes reguladores, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, sociedades del estado y aquellas organizaciones empresariales donde la Provincia tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o que reciban subsidios del Estado provincial; Poder Legislativo y Poder Judicial”.En cuanto a los plazos, se indica que “el organismo requerido está obligado a proporcionar la información en el momento que se la solicite o proveerla en un plazo no mayor de diez días hábiles administrativos. El plazo se podrá prorrogar por diez días hábiles administrativos de mediar circunstancias inusuales que hagan difícil reunir la información solicitada”.Lamentablemente, en todo este tiempo de vigencia han sido muchas las críticas desde distintos sectores, denunciando que buena parte de los entes y organismos alcanzados por esta ley no la cumplen, bien porque no responden los pedidos de información requeridos, porque "estiran" los plazos injustificadamente o porque "retacean" los datos que se reclaman.
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