La posibilidad de contar con un laboratorio científico en Misiones que pudiera acortar los tiempos para determinar el patrón genético de un presunto homicida, de un detenido por su vinculación con un delito de índole sexual; o la identidad de una víctima de un episodio criminoso, por citar algunos ejemplos, era un anhelo largamente perseguido por los instructores del fuero penal del Poder Judicial.El convenio firmado ayer entre el Instituto de Genética Humana (IGH), que ya funciona en el Parque de la Salud, y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) viene a hacer realidad aquel sueño de acelerar los tiempos procesales con una prueba considerada de certeza por la Justicia, como el ADN.No es un dato menor. Tiene una trascendencia inconmensurable. Los resultados de ADN, cuyas muestras eran remitidas a Capital Federal e incluso a otras provincias, tardaban entre dos y seis meses. Y en ocasiones, hasta un año.Así que la posibilidad de hacerlo aquí agilizará en forma notable los tiempos procesales. O al menos así debería suceder.Pero no es la única arista beneficiosa. Concluida la instrucción de la causa, ya en la instancia de debate oral y público, las partes, el Ministerio Público Fiscal y la defensa, tendrán enfrente al mismísimo profesional que se encargó de realizar el ADN, que evacuará cualquier duda al respecto.Cuántas veces se escuchó a abogados defensores, en Misiones como en cualquier punto del país, sobre todo en los casos mediáticos resonantes, hablar de que la prueba de ADN fue plantada, adulterada o que no se conservó adecuadamente la cadena de custodia.Sin ir más lejos, en el caso Angélica Ramírez, la adolescente asesinada en Puerto Rico; o en el de Liani Itatí Piñeiro, violada y ultimada en Puerto Esperanza, se cuestionó la metodología de recepción, traslado y conservación de las muestras de ADN. Ahora podrá saberse si es sólo una estrategia defensiva o no.
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