La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia rechazó el planteo de excarcelación extraordinaria y en forma subsidiaria, el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de la oficial Lourdes Beatriz Tabárez, sin dudas la más comprometida en la causa que investiga el brutal crimen del albañil Carlos Raúl Guirula, ocurrida a manos de integrantes de la Policía de Misiones.En total son once los uniformados implicados, de una forma u otra, con distintos grados de participación y responsabilidades, en el lamentable deceso del trabajador de la construcción.Cinco de ellos afrontan cargos por tortura seguida de muerte, calificación que prevé una condena a prisión perpetua.En el caso de Tabárez, además de esa acusación, se agrega la de hurto agravado, porque se habría apoderado intencionalmente del celular del trabajador de la construcción.Guirula murió la madrugada del 19 de julio de 2014. La teoría que sostiene la Justicia es que murió camino a la comisaría seccional Decimotercera, en un lapso estimativo de siete minutos de agonía.Con posterioridad, las conclusiones finales de la autopsia resultaron devastadoras, concluyentes respecto de la ferocidad y ensañamiento con que actuaron los agresores.Guirula padeció la fractura de nueve costillas, hemotórax, aplastamiento de tórax y traumatismo de creáneo.Tras la resolución de la Cámara en lo Penal y Correccional de la provincia, el juez de Instrucción 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcelo Cardozo, apresta los detalles formales antes de remitir las actuaciones a la fiscal Amalia Benedicta Spinatto para que esta formule el requerimiento de elevación a juicio oral y público.Fuentes consultadas PRIMERA EDICIÓN indicaron que resta muy poco para que el magistrado disponga la remisión de la causa a la fiscalía penal 1.Los policías más comprometidos, acusados del delito de “tortura seguida de muerte”, son la oficial Lourdes Beatriz Tabárez;?el sargento primero Claudio Marcelo Servián; cabo Ricardo Rafael Escobar; cabo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa y el agente Carlos Alberto Da Silva.La situación de estos policías es la más compleja de todas, porque en caso de ser declarados culpables afrontan penas a prisión perpetua; no tienen otra alternativa.Así lo dispone el artículo 144 tercero, inciso 2, que en su parte pertinente expresa “Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua”.Este apartado hace alusión al “funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho”.El panorama judicial para los otros, aunque administrativamente es nefasto, porque en caso de ser sentenciados no podrán volver a la fuerza de seguridad, es muchísima menos comprometido respecto a la posibilidad de terminar tras las rejas.El oficial Carlos Alberto Sidorak, aunque está acusado de un delito excarcelable como el de “omisión funcional de evitar torturas”, está privado de su libertad porque para el juez de Instrucción que interviene en la causa, en caso de estar en libertad, podría entorpecer el rumbo de las investigaciones. Los otros imputados, con sus respectivas acusaciones, son: agente Jorge Orlando Barrios (omisión funcional de denunciar torturas); agente Jorge Marcelo Bogado (omisión funcional de denunciar torturas); cabo primero Sergio Damián Recalde (omisión funcional de denunciar torturas); oficial subayudante Javier Olmedo (encubrimiento); y suboficial mayor José Velozo (encubrimiento).Cuatro alojados en la comisaría TerceraDe los once policías vinculados a la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula, al que comenzaron a golpear en el predio del motel Park Motel la noche del 19 de julio de 2014 y murió camino a la comiosaría seccional Decimotercera, seis permanecen privados de su libertad.Entre los que continúan detenidos está la oficial Lourdes Beatriz Tabárez, quien se encuentra alojada en la Cárcel de Mujeres de Miguel Lanús.Los otros cinco continúan en la comisaría seccional Tercera, ubicada en la avenida Uruguay casi calle Ambrosetti de esta ciudad capital.En esta permanecen Ricardo Rafael Escobar, Claudio Marcelo Servián, Lucas Nahuel Saravia Allosa, el agente Carlos Alberto Da Silva y el oficial Carlos Alberto Sidorak.Se encuentran en un pabellón controlado y custodiado por personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), dependiente de la Unidad Penal VI, de Miguel Lanús.En un principio, como informaron fuentes judiciales, se pensó en la posibilidad de trasladar a varios de estos policías al complejo penitenciario de Loreto. Sin embargo, nada de esto sucedió.Algunos de ellos permanecieron un par de días en la UP VI de Miguel Lanús, donde incluso se intentó mantenerlos lejos de la población carcelaria común.Fuentes del SPP indicaron que el traslado de los uniformados era un hecho pero los familiares opusieron una tenaz resistencia invocando que sería muy difícil visitarlos en Loreto.Esa, entonces, habría sido la causa por la que se dio marcha atrás con la decisión.La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de Misiones de alguna manera viene a confirmar que no será posible la excarcelación de los uniformados más comprometidos en la causa, o sea aquellos que deberán rendir cuentas, en audiencias de debate oral y público, por tortura seguida de muerte.
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