Todo está listo para que uno de los mayores escándalos de la Justicia misionera, basado en la extracción indebida de fondos resguardados en depósito judicial, que trascendió los límites de los tiempos como la “Megaestafa”, vaya a juicio oral y público.A días de cumplirse doce años del inicio de la investigación, PRIMERA EDICIÓN pudo saber que se conformó el Tribunal que deberá analizar y juzgar la responsabilidad penal que les cupo a los cinco imputados que quedan en la causa.Ellos son la exjueza en lo Civil y Comercial Nº 1, Candelaria Graciela Salvado de Sotelo; la por entonces jefa de despacho Nora Castelli, su hermano Cayetano “Nani” Castelli y los abogados particulares Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández. Estas personas afrontan cargos por el presunto delito de “asociación ilícita”.Otros cuatro abogados del fuero local habían sido acusados y procesados por “estafa”, pero finalmente fueron sobreseídos el 12 de junio de 2013 en virtud de que esa causa prescribió.La causa recayó para debate en el Tribunal Penal 2 de esta ciudad. En el nuevo organigrama, la presidencia del Alto Cuerpo quedó a cargo del juez de Instrucción 1 de Posadas, Marcelo Cardozo, quién será secundado por su par del penal 7, Carlos Jorge Giménez, y la jueza en lo Civil y Comercial Nº 6, Carmen Carbone.De acuerdo con las fuentes consultadas por éste Diario, ayer las partes eran notificadas de la resolución de conformación del Tribunal.Técnicamente, con la integración de la terna de magistrados se citó a las partes a juicio y abrió la etapa de presentación de pruebas y revisión de las actuaciones.Una vez concluida esta parte, que seguramente llevará su tiempo, recién el Tribunal estará en condiciones de fijar fecha de debate oral y público.En este sentido, si bien no hay tiempo que perder, después de todo el que ya se perdió, no existen temores de nuevos aplazamientos porque, justamente, lo más relevante de todo esto es que cayó la prescripción.Lo llamativo de esta historia es que, a casi doce años de la denuncia que desató el escándalo y sacudió los pilares del Poder Judicial, la acción penal estaba a punto de extinguirse. El último plazo caducaba el lunes próximo, según confiaron fuentes de la causa.El palo en la rueda, como se dice popularmente, estuvo en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), que cajoneó el expediente desde el 2006 con un recurso extraordinario de casación.Nadie, al menos en forma oficial, salió a explicar este momento, porqué una causa que se pensaba prácticamente archivada sale ahora a la luz.Incluso con una parte de los involucrados sobreseídos por prescripción de la causa.El 29 de este mes se cumplirán doce años de la iniciación de la investigación. Dicen que la Justicia tardía no es Justicia. Cada cual que saque sus conclusiones. Cuestión de tiemposFuentes de la pesquisa indicaron que la causa que investigó la “Megaestafa” al Poder Judicial caducaba el 27 de éste mes, razón por la que la citación a juicio que interrumpió la prescripción no pudo ser más oportuna.En este contexto de tanta celeridad resulta incomprensible e indefendible que el expediente haya permanecido en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) desde el 2006. No es la primera vez, en todo caso. El Superior tiene antecedentes de retardo de Justicia que llaman o llamaron poderosamente la atención, incluso con fallos adversos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).Quizás, la carencia o falta de un ministro especializado en materia penal sea una deuda pendiente dentro del propio Poder Judicial de la provincia.
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