Vence este miércoles el plazo del Ejecutivo municipal para enviar al Concejo Deliberante local el cálculo de gastos y recursos para 2016. Será el último presupuesto anual que elabore la actual gestión comunal y en la sesión del jueves debería tomar estado deliberativo para su posterior análisis en el ámbito de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.La Carta Orgánica Municipal (COM) en su Artículo 115 establece el 30 de septiembre como la fecha tope para que la Jefatura comunal remita el proyecto de ordenanza respectivo, algo que también deberán hacerlo de forma separa el Deliberativo y la Defensoría del Pueblo (artículos 158 y 222, inciso 13). Aunque su aplicación corresponderá a la próxima gestión municipal, que asumirá el 10 de diciembre venidero, ya que en esa fecha culminarán los mandatos del intendente Orlando Franco, la presidenta del Concejo, Magdalena Solari, y el ombudsman Marcelo Vairo y ninguno de ellos aspira a la reelección.Pocos detallesSi bien no trascendió detalle alguno de ese presupuesto de gastos y cálculo de recursos, se estima que sería muy superior a los 653 millones previstos para este año y debería superar los 800 millones u 850 millones de pesos, según la proyección de los últimos períodos. De ese total previsto, algo más entre un 10 y un 14% correspondería al Departamento Deliberativo y otro 0,5% (o un poco más) a la Defensoría del Pueblo; además de un 1,5% que debe destinarse al presupuesto participativo, según el Artículo 119 COM, ya reglamentado por ordenanza V 21 (antes 3.257) y promulgada por decreto municipal 2.195/14.Lamentablemente esas cifras tienen poca difusión, ya que en el último septenio parece como una metodología habitual la toma de estado deliberativo de los proyectos por fuera del plan de labor (no se distribuye copia con éste) y sin explicación alguna sobre sus detalles o montos generales. A lo que se agrava que en los últimos tiempos el Concejo, en general, aprueba sus decisiones sin debate alguno y la sola mención del número de expediente, aunque algunas veces sin siquiera esa formalidad, lo que atenta contra la necesaria transparencia en la gestión deliberativa y la publicidad de los actos de Gobierno.
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