POSADAS. Desde el lunes se montó un fuerte operativo en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) para motivar a los empleados a renunciar al gremio y a la millonaria demanda que tienen contra el organismo.En la figura aparece la nota que se hizo firmar a varios empleados, además de una renuncia indeclinable al gremio. Las mismas autoridades del IPLyC admitieron indirectamente los “aprietes” al reconocer públicamente que cerca de cien empleados renunciaron al gremio entre el lunes y martes. Aunque en realidad no fueron cien, sino unos cuarenta los que firmaron las notas.La situación se reiteró hasta ayer, y no había ningún canal de diálogo para solucionar el conflicto. Hubo aprietes hasta a algunos funcionarios de jerarquía. Minutos antes de las 11, una abogada enviada por la Gobernación convocó al secretario general del Sindicato Único de Empleados de Lotería y Casinos (Suelyc), Walter Díaz, a una reunión para “negociar” los reclamos.El encuentro se realizó en presidencia y la abogada de Gobernación habló en representación del directorio del IPLyC, desplazando de la negociación al presidente Eduardo “Balero” Torres y a los directivos que siempre lo acompañan.La mujer se interiorizó de toda la situación y se comprometió a dar respuesta a los reclamos que realiza el gremio y que fueron rechazados por Torres, quien en reuniones anteriores había exigido al personal “arreglar” el juicio a cambio de aprobar el convenio y otorgar el 20% de aumento que reclaman.El juicio que exigió “arreglar” Torres es una demanda que el gremio tiene contra el organismo por dos aumentos salariales que el presidente no entregó entre 2006 y 2007 en su anterior gestión. Se reclama además el reintegro del fondo estímulo que Torres le quitó al personal, que representaba otro ingreso, ya que distribuía el 3% de la recaudación mensual del Instituto entre los trabajadores. La quita también se produjo entre 2006 y 2007, en la anterior gestión del presidente.El juicio representa unos 20 millones y golpearía muy fuerte las finanzas del organismo y esta cuestión es la que tiene muy preocupado al presidente, comentaron dos allegados. El malestar del personal se fundamenta en que el IPLyC lleva adelante numerosos y millonarios emprendimientos turísticos, creó una empresa de electrodomésticos, una mueblería, otorgará créditos a los policías, pero se niega a cumplir con los acuerdos salariales.Este año comenzaron negociando un incremento salarial del 30%; de los cuales ya se acordó el 10%; pero después el presidente Torres le pidió al gremio que abandone el juicio -que está a punto de ganar-, de lo contrario se cortaría el diálogo. La mayoría decidió continuar la demanda, que representaría mejoras salariales del 35,5% para cada empleado y el retorno del fondo estímulo del 3%.El gremio convocó para hoy, a las 10, a una asamblea donde transmitirá al personal la propuesta de la abogada y, en caso de que la asamblea acepte, se firmará un acta entre la comisión directiva y la mujer, en representación del Gobierno o algunos directivos del IPLyC. “No hay ninguna renuncia”Respecto a las supuestas renuncias al gremio y al juicio, ayer explicaron desde el gremio que hubo un compromiso de “cortar los aprietes” porque muchos contratados firmaron las renuncias bajo presión. “Esas renuncias no son válidas porque los afiliados deben presentarlas personalmente al gremio, vino un abogado a traernos todas juntas pero no las aceptamos, no hay ninguna renuncia vigente”, explicaron.El lunes hay una reunión en Trabajo de la Provincia por la denuncia de aprietes y el martes una audiencia en Trabajo de la Nación por el convenio colectivo y el pedido salarial del 20%.
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