BUENOS AIRES (NA y Agencias). El fiscal Jorge Di Lello requirió abrir la investigación por supuesto enriquecimiento contra el vicepresidente Amado Boudou, en el marco de una denuncia radicada ante el juez federal Ariel Lijo. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que el vicepresidente quedó imputado, ya que el fiscal decidió impulsar la investigación para determinar la veracidad de las denuncias que le giró el juez Lijo. Las acusaciones también involucran a Alejandro Vandenbroele y a José María Núñez Carmona, quienes están asimismo implicados en el caso ex Ciccone. En la denuncia se solicita al juez investigar “las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial” de Boudou y a “los supuestos testaferros” del funcionario, “entre quienes se encontrarían Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Agustina Kämpfer”, pareja del vicepresidente. También enumeró a los socios amigos de Boudou, como Juan Carlos López. CausasSe trata de una denuncia presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien representa al periodista Cristian Sanz, y que involucra a varios personajes que aparecen en el caso de la ex imprenta Ciccone. En la denuncia se enumeró la lista de socios, amigos presuntamente beneficiados, empresas y bienes vinculados a Boudou y también se pidió investigar “la compra de terrenos en el exclusivo country del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar”. También solicitó el letrado que se indague sobre “su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción, Compañía de Valores Sudamericana SA, continuadora de Ciccone y London Supply SA; y en la locación ‘simulada’ del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero”, según la denuncia. Además, en la presentación se mencionan “suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y CitiBank, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante la última década”. Ahora Di Lello, al contestar la vista que le confirió el juez Lijo, sostuvo que hay elementos como para abrir la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. De esta manera, el juez Lijo investigará a Boudou en dos causas: una por supuesto tráfico de influencias en el caso de la ex imprenta Ciccone y otra por enriquecimiento ilícito. Seguir sumando causas judicialesLa nueva investigación que se abrió contra Amado Boudou por presunto enriquecimiento ilícito se sumó a una lista nutrida de causas que tiene en la Justicia el vicepresidente de la Nación.La más resonante es la que lo tiene como protagonista por supuesto tráfico de influencias en favor de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, encargada de la impresión de billetes. La compañía es propiedad de Alejandro Vanderbroele, a quien el titular del Senado dice no conocer. Antes de asumir la Vicepresidencia, cuando se desempeñaba como titular de la Anses, Boudou fue denunciado por la compra sin licitación de 19 automóviles para el Ministerio de Economía. En esa época fue acusado de comprar bonos del Estado con sobreprecio para el fondo de jubilaciones, pero luego fue sobreseído por la jueza María Servini de Cubría, a fines del año pasado. En 2008, el entonces fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, lo acusó de “malversación de caudales públicos, desobediencia, violación de la Ley de Ética Pública e incumplimiento de deberes del funcionario público” por no transferir los fondos debidos a la caja de jubilaciones de Córdoba. Luego, ya como presidente de la Cámara alta sumó otra denuncia por daño al patrimonio histórico por la remodelación del Senado. Juez elegido por sorteoA las 8.35 del 29 de abril sonó el iPhone de Ariel Lijo. Él y los otros cinco jueces federales que estaban de turno esperaban la llamada pegados a sus teléfonos. “La causa” le había tocado a él: tendrá la delicada misión de investigar al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. Ese expediente, en el que Boudou está acusado de negociaciones incompatibles con su cargo y lavado de dinero, marcó el final de la vasta carrera pública del procurador Esteban Righi y dejó en una incómoda situación al juez Daniel Rafecas, separado en días previos del caso. Con este panorama, no era una llamada esperada, aseguraban en el juzgado de Lijo. La primera medida que tomaría estaba clara: citaría a las partes a una audiencia para resolver si hace lugar a la recusación planteada por José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, contra el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, que fue quien impulsó la investigación contra el vicepresidente.Lijo reuniría a Rívolo y al abogado de Núñez Carmona, Diego Pirota, para escuchar los argumentos de ambos y después decidir. Pirota se había presentado en la mesa de entradas del juzgado de Lijo y pidió la nulidad de las últimas medidas tomadas en la causa. Nombrado por Néstor Kirchner en 2004, este magistrado -que se mueve con una cintura política propia de sus pares más experimentados- se convertiría en el juez de Boudou: además del caso Ciccone, tiene la causa por el supuesto enriquecimiento del vicepresidente y la denuncia de Boudou contra Righi, dos causas que están en estado embrionario. La citación de Rívolo y Pirota la imponía el Código Procesal. “La recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serían resueltas en juicio oral y sumario por el juez o tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado”, dice la ley. Hasta aquel momento, en los tribunales de Comodoro Py sostenían que los argumentos para correr al fiscal no parecían suficientes, pero el fallo de de la Cámara es una mala señal para Rívolo. Aunque Lijo lo confirmara en su cargo, lo que luego ocurrió. La Sala I de la Cámara dijo que esa supuesta coordinación -que la ley no admite- “explicaría por qué el acusador no exigió su apartamiento (el de Rafeca), pese a la noticia de que habría informado detalles de la causa o aconsejado a un abogado ligado a su contraparte”. Lo paradójico es que la contraparte a la que el juez habría aconsejado e
s, justamente, Núñez Carmona.Rívolo no sólo no recusó al juez; presentó un escrito en el que explicaba por qué no lo iba a hacer. En esa presentación, dijo, incluso, que más allá de los mensajes telefónicos que Rafecas intercambió con un abogado que intercedía por los acusados, él no había advertido señales de parcialidad de parte del juez. La oposición bonaerense pide embargo a CicconeEl bloque de diputados bonaerenses Frente Amplio Progresista (FAP) pidió que se “embargue la recaudación” que recibirá en su contrato la firma Ciccone Calcográfica por la deuda que mantendría con el estado provincial. El pedido fue plasmado a través de una solicitud de informes, presentada luego que trascendiera la decisión del Gobierno bonaerense de reclamarle tanto a la familia Ciccone como a la empresa un importe superior a 35 millones de pesos en impuestos atrasados, que podrían llegar a unos 100 millones si los mismos se actualizaran, indicaron desde esa fuerza opositora.“Se han solicitado medidas cautelares tendientes a garantizar el crédito reclamado por el estado provincial”, expresó el diputado Marcelo Díaz, jefe del bloque del FAP, quien señaló además que en la solicitud se requiere al Gobierno de Daniel Scioli, además, que se “embargue la recaudación que la empresa va a recibir de su contrato con el Gobierno Nacional”. El legislador recordó que “cualquier ciudadano que mantenga una deuda con el Estado, no puede ser proveedor de éste. En cambio la empresa Ciccone, que le debe a la provincia 35 millones en conceptos de impuestos, recibe contrato millonarios”.
Discussion about this post