BUENOS AIRES (NA). La disputa entre la Ciudad y la Nación por el traspaso del subterráneo trepó ayer otro escalón, luego de que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires denunciara penalmente al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al llevar con la policía a un funcionario porteño a una reunión para resolver el conflicto salarial en ese medio de transporte.La denuncia por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad agravada contra Juan Pablo Piccardo también incluyó al subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, Adrián Caneto, y quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de Julián Ercolini. En la misma presentación, Piccardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), solicitó un habeas corpus para que la situación no se repitiera el lunes, cuando estaba convocada otra reunión y fuera garantizado su “derecho de libre circulación”. El episodio que desembocó en la denuncia ocurrió el miércoles, cuando el Gobierno nacional utilizó la fuerza pública para que Piccardo asistiera a una reunión paritaria entre Metrovías y el gremio de los trabajadores del subte en la sede de la cartera laboral. En esa oportunidad, Piccardo accedió a ir manejando su automóvil, aunque la Policía lo escoltó hasta la cartera laboral, donde se sentó en la mesa de negociación pero, según explicó, lo único que hizo fue repetir la postura del Gobierno porteño.“La Ciudad no tiene por qué participar porque no es parte de las paritarias, me forzaron a participar de la audiencia que nosotros no teníamos que estar”, recordó en declaraciones televisivas el titular de Sbase, el organismo de la Ciudad encargado del control del cumplimiento del contrato de concesión con Metrovías.
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